La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint pidió que se ratifique su estado de inocencia porque no hay pruebas que demuestren que incumplió su función en el trámite de cancelación del partido Unidad Popular (UP). Diana Atamaint —que renunció el 19 de julio a su cargo de consejera— no se presentó de forma presencial a una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se realizó este 27 de julio de 2026, en la que se sustancia una acción de queja planteada por el director nacional de UP, Geovanni Atarihuana. Atarihuana recurrió ante el TCE por el procedimiento que se activó para extinguir a la organización, que configuraría la causal contemplada en el numeral 1 del artículo 270 del código electoral, que se refiere al “incumplimiento de la ley, de los reglamentos y de las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral y sus organismos desconcentrados y las juntas regionales, provinciales, distritales y especial del exterior por parte de los servidores públicos de la Función Electoral”.PublicidadLa audiencia la presidió el juez Patricio Maldonado este 27 de julio de 2026 y se concedió un link para que pueda asistir de forma virtual. Atarihuana junto con su equipo defensor consideraron que en el procedimiento se vulneraron sus derechos porque no se dio respuesta a un pedido de corrección a la resolución con la que se extinguió a UP.El abogado defensor de Atamaint, Diego Analuisa, increpó a los solicitantes y aseguró que “no hay pruebas que demuestren responsabilidad” por los hechos denunciados, por lo que pidió al juez electoral que ratifique su estado de inocencia. PublicidadPublicidadEn el Código de la Democracia la acción de queja se entiende como “el procedimiento que permite a los ciudadanos solicitar que se sancione a los servidores electorales cuando sus derechos subjetivos se consideren perjudicados por actuaciones o falta de respuesta o por incumplimiento de la ley o de sus funciones”.En el caso de que se halle responsable a la expresidenta, la ley no contempla sanciones como la suspensión de derechos de participación ni con la destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral.Luego de esta diligencia, Maldonado emitirá su fallo de primera instancia, sobre el que las partes procesales podrán interponer el recurso de apelación que será resuelto por el pleno de jueces en última y definitiva instancia. (I)