SEMANA conoció en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro echó para atrás el multimillonario contrato por casi 300.000 millones de pesos que se estaba cocinando para implementar una herramienta de ciberseguridad que se ejecutaría dentro de las entidades públicas a nivel nacional.Sin embargo, el proceso se cayó justo cinco días después de que la Procuraduría General le pidió explicaciones a Colombia Compra Eficiente, entidad a cargo del contrato, sobre varios aspectos que fueron considerados como “críticos” para adquirir e implementar la herramienta de ciberseguridad en Colombia.Procuraduría pone la lupa a contrato de ciberseguridad por cerca de $300.000 millones: Colombia Compra Eficiente deberá explicarEsta revista obtuvo un documento que envió la subdirectora de negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - Yenny Liseth Pérez, en el que confirmó la orden de “suspensión temporal del proceso de selección”, justo después de las alertas hechas por el Ministerio Público. En la carta de dos páginas, la alta funcionaria explicó que sobre la licitación para seleccionar a un proveedor que se hiciera cargo de la herramienta de ciberseguridad, se expidió una resolución con la que se “ordenó la suspensión temporal del proceso de selección por el término de treinta (30) días, o antes, si desaparecen las circunstancias que motivaron la medida”.En el mismo documento, la subdirectora Pérez reconoció que esa decisión fue adoptada para atender toda la actuación preventiva que adelantó la Procuraduría; así mismo, se preparan para consolidar y suministrar la información y los soportes necesarios para avanzar con la firma de este delicado contrato. Dicha determinación apareció después de que el Ministerio Público le pidiera información al Gobierno Petro sobre la pluralidad de oferentes, la dependencia de autorizaciones expedidas por fabricantes, la posible existencia de canales únicos, la sección de marcas en la operación secundaria, la metodología de evaluación económica y el riesgo cambiario. Por eso desde la Procuraduría se requirió: “Explicaciones sobre requisitos de experiencia, condiciones de personal, factores técnicos de puntuación y posibles inconsistencias entre el pliego, los anexos, los formatos y la minuta del proceso“. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública también advirtió en su momento que la competencia no puede ser únicamente formal y las reglas del instrumento deben evitar que la selección de una marca disminuya la participación a uno o pocos proveedores. La Procuraduría fue enfática en manifestar: “La actuación es estrictamente preventiva y no suspende el proceso ni sustituye las competencias de Colombia Compra Eficiente. Su propósito es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y garantizar condiciones objetivas de participación“. Pero a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - le bastaron las advertencias de la Procuraduría para suspender el multimillonario negocio por un mes y aseguraron que se harán cargo de un proceso que garantice transparencia, selección objetiva, libre concurrencia y pluralidad de oferentes.