El Gobierno ha suspendido de forma indefinida la tramitación del Lote 3 del contrato CORA III, destinado a la ciberseguridad e interconexión de centros de datos de la Administración General del Estado, debido “a una pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria”, en una licitación que supera los 100 millones de euros. La decisión, adoptada por la Mesa de Contratación de los Servicios Consolidados de Telecomunicaciones, se produce inmediatamente después de que el órgano administrativo ejecutara una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que obligaba a devolver la condición de adjudicataria a Telefónica, desplazando a la unión temporal de empresas (UTE) liderada por MasOrange. Con esta medida, el procedimiento queda completamente paralizado hasta que se vuelvan a autorizar los fondos. Aunque el acta no lo especifica, esa falta de financiación puede deberse a la no presentación por parte del Ejecutivo de los Presupuestos Generales del Estado.Según consta en el acta oficial de la Mesa de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a la que ha tenido acceso EL PAÍS / Cinco Días, los miembros del organismo advirtieron de “la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente, motivada por la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito por parte de los organismos cofinanciadores (IMSERSO, INGESA y DGRCC) durante la pendencia del recurso especial”. Ante esta situación, el acta concluye que la Mesa acordó “por unanimidad dejar en suspenso la tramitación del procedimiento”.La paralización financiera representa el último vuelco en una licitación valorada en más de 100 millones de euros que ha acumulado tres cambios de adjudicatario en los últimos 14 meses. La decisión de suspender el proceso se adoptó el pasado 26 de mayo de 2026 en una reunión telemática presidida por Ignacio Martín Arias, director de la División de Planificación, Seguimiento y Ejecución de la Secretaría de Estado de Función Pública. La resolución congela el despliegue definitivo de una infraestructura crítica para la protección contra ataques informáticos en ministerios y organismos públicos.Los organismos financiadores a que hace alusión la resolución son el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), una entidad pública de la Seguridad Social que depende actualmente del Ministerio de Derechos Sociales; el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), encargado de gestionar la sanidad en Ceuta y Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad; y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC). Según fuentes del proceso, la intervención de este último organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sido decisiva en la paralización del contrato. Y es que la DGRCC centraliza compras del Estado (ordenadores, servicios, suministros, etcétera) con el objetivo de ahorrar costes negociando grandes contratos para toda la Administración. La falta de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tanto en este ejercicio como para el siguiente de 2027, puede estar detrás de la suspensión del contrato, informan fuentes del sector. Para evitar un vacío en la seguridad informática del Estado mientras se resolvía el conflicto legal, el Gobierno aprobó a principios de mayo de 2026 una prórroga forzosa de nueve meses a los actuales prestadores del servicio, Telefónica e Indra, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Esta medida de contingencia garantiza la operatividad de los sistemas de defensa digital de la Administración del Estado, pero mantiene el encarecimiento del servicio, dado que el precio de la oferta de Telefónica rebajaba notablemente el importe de salida de la licitación, aunque es superior a la propuesta inicial de MasOrange.Un proceso enrevesadoLa suspensión del lote 3 del CORA III (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) se decretó en la misma sesión en la que la Mesa de Contratación tomó en consideración la Resolución número 781/2026 del TACRC, dictada el 30 de abril de 2026. Dicho fallo administrativo estimaba el recurso de Telefónica contra su exclusión previa y determinaba que la operadora debía recuperar la condición de adjudicataria definitiva. El mandato obligaba a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la descalificación, validando la propuesta económica y técnica de la empresa española y anulando la decisión del Ministerio de declarar desierto el concurso.El origen de la disputa legal se remonta al 10 de marzo de 2025, fecha en la que la UTE compuesta por MasOrange, TRC y Mnemo fue declarada ganadora provisional del concurso. La oferta del grupo de origen francés ascendía a 55,26 millones de euros (sin IVA), una cifra inferior a los 63,06 millones de euros propuestos por Telefónica, muy por debajo ambas del presupuesto de licitación que ascendía a más de 100 millones. A pesar de que ambas corporaciones obtuvieron idéntica calificación en el apartado técnico, la diferencia económica de 7,8 millones de euros decantó inicialmente la adjudicación en favor de MasOrange.Semanas después, Telefónica impugnó la adjudicación tras detectar que uno de los integrantes de la UTE ganadora, la firma Mnemo, carecía de un plan de igualdad registrado en el momento de presentar las ofertas. El TACRC aceptó el recurso el 4 de octubre de 2025, procediendo a la descalificación automática de MasOrange. Al quedar Telefónica como único licitador restante en el proceso, la Mesa de Contratación tramitó la adjudicación hacia la operadora presidida por Marc Murtra.El proceso sufrió un nuevo giro cuando la propia Mesa de Contratación del Ministerio que dirige Óscar López aplicó el mismo nivel de exigencia a Telefónica. El órgano ministerial dictaminó que la UTE conformada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones incurría en prohibición de contratar porque Govertis, una filial de segundo nivel encargada de aportar un perfil de cumplimiento técnico (compliance) equivalente al 1% del valor total del contrato, no tenía inscrito su plan de igualdad. El 29 de noviembre de 2025, el ministerio dirigido por Óscar López excluyó a Telefónica y declaró desierto el concurso.Telefónica recurrió la exclusión ante el TACRC, argumentando que la falta del plan de igualdad de una subcontrata menor no podía invalidar la totalidad de la oferta. En su resolución definitiva de abril de 2026, el tribunal dio la razón a la operadora al constatar que la filial Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT) disponía de la capacidad técnica interna para asumir directamente las funciones de Govertis. El tribunal dictaminó que sustituir este perfil no alteraba la esencia de la propuesta ni vulneraba los principios de no discriminación.Cuando la situación administrativa parecía resuelta en favor de Telefónica, la Mesa de Contratación se vio obligada a frenar el proceso por motivos contables. El documento al que ha tenido acceso este diario estipula que “la continuidad de la actividad queda paralizada, acordándose no practicar actuación adicional alguna hasta que obre en el expediente constancia fehaciente de que los créditos correspondientes a las citadas entidades han sido nuevamente retenidos y autorizados”. Esta decisión congela la firma definitiva del contrato prevista por la Ley de Contratos del Sector Público.Fuentes del sector de las telecomunicaciones señalan que la resolución del TACRC agota la vía administrativa, dejando únicamente abierta la opción de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por parte de los competidores afectados. Sin embargo, el principal obstáculo actual no es jurídico, sino presupuestario. Hasta que el IMSERSO, el INGESA y la DGRCC no vuelvan a habilitar las partidas económicas anuladas, el contrato de ciberseguridad más importante del sector público continuará paralizado.