El Partido Popular ha registrado en el Congreso su alternativa a la ley de integridad pública impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y cuyo proyecto prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes para que inicie su tramitación parlamentaria a la vuelta del parón estival. Los populares recogen en forma de proposición no de ley (PNL) un plan "contra la corrupción económica, política, institucional y moral del Gobierno" que contiene 15 propuestas. Por el carácter no legislativo de la iniciativa, el principal partido de la oposición insta al Ejecutivo a endurecer los indultos, cesar a altos cargos imputados y que los corruptos devuelvan el dinero público robado, entre otras cuestiones. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido el texto porque "quien ha liderado la corrupción en nuestro país está inhabilitado e incapacitado para poder hablar de regeneración e integridad pública", ha dicho refiriéndose al presidente del Gobierno. La PNL destaca que en estos tres últimos años del mandato de Sánchez, las investigaciones policiales y judiciales en torno al Gobierno, al partido y a los familiares directos del presidente "señalan una corrupción sistémica que ha carcomido todas las estructuras de poder dependientes del Ejecutivo nacional". Por eso, ante el proyecto de ley que incluye una serie de medidas contra la corrupción en la contratación pública, el PP considera que Pedro Sánchez "es absolutamente incompatible con cualquier discurso o medida relativos a la integridad pública, porque la corrupción define su ejercicio del poder". A modo de metáfora, Gamarra ha señalado que la pretensión del jefe del Ejecutivo de aprobar una ley de integridad pública es "como poner a un vampiro al frente de un banco de donantes de sangre. Así, proponen diferentes medidas para castigar la corrupción en todos los ámbitos. En cuanto a la "corrupción económica", señalan que no solo afecta a varios ministerios, sino también "al mayor grupo empresarial dependiente del Estado", es decir, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En este sentido, sugieren destituir a su actual presidenta, Belén Gualda, y vicepresidente, Bartolomé Lora, y el resto de directivos investigados, llevar a cabo una auditoría de toda su actividad y de sus empresas participadas y obligar a comparecer de forma periódica en el Congreso a los presidente de las empresas dependientes del Estado. También apuntan a someter a una auditoría externa los llamados rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas que están bajo sospecha judicial, entre ellos los de Plus Ultra, Air Europa o Tubos Reunidos, con la depuración de responsabilidades políticas de los altos cargos involucrados. Otro de los debates en torno a los condenados por casos de recursos públicos obtenidos de forma ilícita radica en la devolución del dinero robado. El PP propone reformar la normativa aplicable a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) con el objetivo de que ningún investigado o condenado por corrupción "pueda disfrutar de los frutos sustraídos de sus acciones delictivas". También apuestan por el cese inmediato de los altos cargos en cuanto sean imputados y mejorar la autonomía y la regulación de las causas de cese del Fiscal General del Estado. En el recorrido que realiza el principal partido de la oposición por las "señas de identidad del sanchismo", dedica un importante espacio a la "corrupción política" que se ha traducido en "la ocupación de los medios de comunicación públicos, los organismos reguladores y los órganos independientes del Estado". Entre ellos señala a RTVE, la agencia EFE y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por ello pide el cese inmediato del presidente del último organismo citado, José Félix Tezanos, "por el descrédito al que ha conducido al organismo como consecuencia de su gestión partidista" y reforzar la independencia de los dos primeros medios. Por último, el PP denuncia la "corrupción ética" del Ejecutivo, que ha quedado plasmada, según los populares, "en los pactos de este Gobierno con Bildu, heredero político de la banda terrorista ETA", para lo que recoge una batería de medidas. El PP quiere endurecer los indultos y prohibir el perdón a quienes han cometidos delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores y a quienes ocupando altas responsabilidades públicas hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. También insta mediante el texto al Ejecutivo a romper los acuerdos actuales con formaciones como Bildu y reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que condenados por terrorismo que no hayan expresado "arrepentimiento" no puedan incluirse en listas electorales; y a endurecer el reglamento penitenciario para que no pueda concederse el tercer grado ni otro beneficios "a terroristas que ni se arrepienten ni colaboran por el interés político". El PP pone además el foco en recuperar las penas por malversación que Sánchez rebajó, proteger a quien denuncie actos de corrupción y reformar la legislación vigente para evitar los conflictos de interés. El principal partido de la oposición recoge la convocatoria de elecciones como primera acción en su proposición no de ley que ha registrado en contraposición a la ley que promueve el Gobierno y que Sánchez dijo que llevaría al Congreso antes del verano en su comparecencia el pasado 24 de junio por los casos judiciales que afectan al PSOE. Sin embargo, este martes el anteproyecto llegará en segunda vuelta al Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria a la vuelta de las vacaciones de verano. La iniciativa forma parte de un plan más amplio contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno cuando compareció en la Cámara Baja para abordar el caso Koldo tras la entrada en prisión provisional del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Dicho plan recoge, entre otras medidas, poner en marcha un registro de empresas implicadas en casos de corrupción y reforzar los controles sobre los partidos políticos así como la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción.