Una pelea entre estudiantes puede tener consecuencias que van más allá de una sanción disciplinaria temporal. El Ministerio de Educación recordó que las agresiones físicas contra integrantes de la comunidad educativa pueden derivar en la separación definitiva de la institución educativa.Esta es la máxima medida contemplada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Además, precisó que los colegios deben intervenir y activar los protocolos de atención incluso cuando los hechos ocurren fuera del plantel y del horario de clases.Sanciones contempladas en la normativa educativaJosué Aizaga Ruiz, subsecretario de Educación, Deporte y Cultura, explicó que el artículo 212 de la LOEI establece tres tipos de sanciones para los estudiantes que cometen infracciones.PublicidadEstas son amonestación escrita, suspensión temporal y separación definitiva.Esta última puede aplicarse en los casos previstos por la normativa, entre ellos las agresiones físicas contra cualquier integrante de la comunidad educativa, siempre que el procedimiento administrativo determine la responsabilidad del estudiante.Protocolo de actuación ante peleas escolaresEl funcionario señaló que, cuando ocurre una pelea entre alumnos, la primera actuación corresponde a la institución educativa. En esos casos, se activa la ruta de atención ante situaciones de violencia entre estudiantes.PublicidadPublicidadEste procedimiento contempla la intervención del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), encargado del acompañamiento psicosocial, el seguimiento del caso y la orientación a estudiantes, representantes y docentes.Aizaga precisó que esa responsabilidad no desaparece cuando el incidente ocurre fuera del plantel. Si los involucrados pertenecen a la comunidad educativa y el hecho afecta la convivencia o el bienestar de los estudiantes, la institución debe activar el protocolo y realizar el acompañamiento correspondiente dentro de sus competencias.“El rol de la institución es educativo y psicosocial. Debe proteger derechos, evitar la revictimización, brindar seguimiento y activar a las entidades competentes cuando la situación lo requiera”, indicó.El subsecretario aclaró que este año entró en vigencia el Acuerdo Ministerial 28-A de 2026, que fortaleció la autonomía de las instituciones educativas para gestionar los conflictos de convivencia mediante sus códigos de convivencia.Sin embargo, enfatizó que esa autonomía no significa que los planteles resuelvan todos los casos por sí solos.Denuncias ante la Fiscalía y la Policía NacionalCuando existe una posible vulneración de derechos o hechos que puedan constituir un delito, la institución debe informar a la Dirección Distrital para que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos inicie el procedimiento administrativo correspondiente.PublicidadSi existen indicios de delito o lesiones graves, la primera persona que conozca el hecho debe presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.En caso de que el representante legal no lo haga, esa obligación recae sobre la máxima autoridad de la institución educativa. Cuando se detectan hechos en flagrancia, como porte de armas o expendio de sustancias sujetas a fiscalización, corresponde informar a la Policía Nacional.Opiniones de los padres de familiaRenata Flores, de 46 años, madre de una estudiante de segundo de bachillerato de un reconocido plantel fiscal, consideró positivo que las instituciones educativas tengan un papel más directo en la atención de los problemas de convivencia.“Me parece bien porque uno puede acudir directamente al colegio cuando ocurre un inconveniente. En el plantel de mi hija sí ha habido casos de indisciplina; se han peleado duro, a los pelos, pero siempre se han tratado dentro de la institución”, comentó.Flores señaló que las situaciones relacionadas con la conducta de los estudiantes no son nuevas y que una intervención oportuna por parte de las autoridades educativas permite atender los conflictos antes de que escalen.Como parte del procedimiento, el ministerio indicó que el DECE cumple un papel técnico de acompañamiento. Sus profesionales detectan alertas, levantan información del caso, orientan a estudiantes y familias, elaboran informes de seguimiento y, cuando es necesario, coordinan con servicios externos.El organismo aclaró que estos departamentos no realizan funciones policiales, investigativas ni disciplinarias.Yoselyn Peralta, madre de una estudiante de noveno año de un colegio particular de Los Vergeles, recordó un caso ocurrido en esa institución, donde dos alumnas protagonizaron una pelea.Según ella, el hecho fue atendido por las autoridades del plantel y las estudiantes recibieron una sanción que implicó su salida de la institución. Aunque consideró que el colegio actuó de forma adecuada, apuntó que las acciones preventivas deben reforzarse.“Siempre ha habido casos de indisciplina en los colegios. Una cosa es que un estudiante no haga tareas o responda al profesor y otra muy distinta es que se golpeen. Hay que trabajar más desde la casa y desde la escuela para evitar que esos problemas lleguen a ese punto”, manifestó.Sobre la prevención, Aizaga indicó que el trabajo de los DECE se mantiene durante todo el año mediante talleres de habilidades socioemocionales, jornadas de sensibilización, orientación a docentes y representantes, espacios de escucha, identificación de factores de riesgo y socialización de los protocolos de actuación.Consultado sobre los casos conocidos recientemente, el subsecretario señaló que cada uno se analiza de manera individual y que no corresponde atribuirlos a una sola causa, pues responden a realidades distintas.Inversión para fortalecer los DECEEl ministerio informó que en 2025 incorporó 2.289 profesionales para fortalecer los DECE en el país. Para este año está prevista la contratación de otros 3.000 profesionales.De ellos, 1.535 ya prestan servicios en instituciones del régimen Costa-Galápagos y 1.465 serán incorporados al régimen Sierra-Amazonía como parte de una inversión de $ 21 millones destinada a ampliar la cobertura de atención en el sistema educativo público. (I)