El presidente de los rectores, Julián Garde, ha alertado recientemente de que las universidades españolas se enfrentan a una “mezcla explosiva”. Un mercado del alquiler enloquecido, becas de estudio que no llegan a todos los que las necesitan, un número creciente de alumnos nacionales y extranjeros... Una combinación de factores que impide a muchas familias costear los estudios de sus hijos o las obliga a endeudarse. El Gobierno presentará en el Consejo de Ministros, previsiblemente este martes, una medida para abordar el problema y que va a impulsar que entre seis y 10 universidades públicas construyan, con la cofinanciación del Estado, alojamientos para estudiantes e investigadores de paso. No son residencias, sino habitaciones con zonas comunes y con precios asequibles. El proyecto, fraguado entre tres ministerios desde 2024, se articula a través de un decreto de ayudas directas dotado con 45 millones de euros.En cinco años los universitarios que se matriculan en una provincia o país distinto al del domicilio familiar han crecido en más de 110.000 en España, hasta los 523.300 ―falta en la estadística los datos nacionales de máster y doctorado, que tradicionalmente viven por libre―, según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por contra, apenas hay 132.000 plazas en colegios mayores y residencias.Los precios de una cama van desde los 119 euros de una residencia pública muy subvencionada por su universidad, a los 2.100 en una privada con prestaciones de un hotel de postín.El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no avanza la lista entera, pero entre las universidades afortunadas se encuentran las de Castilla-La Mancha, Lleida y Jaume I (Castellón). La fijación del ministerio ha sido agilizar plazos, por lo que ha mantenido reuniones con la conferencia de rectores (CRUE) y ha seleccionado los proyectos más maduros, que contaban ya con el suelo propio o concedido, cronograma y un proyecto. La implicación de los ayuntamientos u otras administraciones resulta esencial para facilitar el proceso.Esta partida de 45 millones es fruto de un protocolo que firmaron en 2024 los ministros de Vivienda (Isabel Rodríguez), Ciencia (Diana Morant) y Economía (Carlos Cuerpo). Entonces la ministra Rodríguez explicó que su departamento había observado en el mercado de alquiler “movimientos que van en una dirección quizás contraria a la defensa de esa Universidad pública garantista del ascensor social”.“Nosotros probablemente no hubiésemos hecho la residencia en Albacete sin la subvención, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo solos”, reconoce Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. “El acuerdo entre los tres ministerios abre la vía de la colaboración público-privada. Nos permite dar la subvención a la empresa que gane la licitación y que el precio que ponga quien explote los pisos sea realmente social”, detalla el nuevo presidente de la conferencia de rectores (CRUE). Los pisos se ubicarán en el campus de Ciencias de la Salud, en 15.500 metros cuadrados de suelo propio y dispondrá de zonas verdes y deportivas. Albacete solo cuenta con una residencia pública, de la Junta.Cada universidad diseña a su gusto el proyecto. El de Albacete se divide en cuatro edificios de cuatro plantas construidos con un sistema de módulos, por lo que la ejecución será rápida. Albergarán a 276 estudiantes distribuidos en habitaciones individuales con baño. Las plantas bajas se van a dedicar a servicios y espacios comunes, como comedor, cocinas, salas de estudio y polivalentes, biblioteca, gimnasio, lavandería, zonas de convivencia y dependencias de gestión. La intención es que el resto del alumnado pueda disfrutar también de los espacios de estudio y deporte. Costará 18,45 millones y se calcula que tardará tres años en inaugurarse desde la licitación. El Estado sufragará entre el 30% y el 35%, calcula Garde.Antes de que su proyecto fuese seleccionado por Vivienda, la Jaume I ya pretendía invertir en alojar a 150 estudiantes en pisos de dos, tres y cuatro habitaciones . El mercado del alquiler es escaso en Castellón y la demanda enorme, porque el 40% de sus inscritos proviene de otra provincia. Estará en suelo propio a diferencia de en Lleida, donde su Ayuntamiento ha cedido terrenos y se ha implicado de lleno. Desde el rectorado evitan pronunciarse.“Si no se garantiza el acceso a una alternativa habitacional accesible y asequible para el estudiantado, tampoco se va a garantizar el derecho a la educación”, plantea Marta Gómez, responsable de vivienda de CREUP, la coordinadora de asociaciones de estudiantes de la red pública. “Es obvio que hay que construir residencias y colegios mayores, pero creemos que lo ideal es que sean totalmente públicos y de gestión propia de las universidades o, si no, de las administraciones públicas”, reivindica. “Además, hay colegios mayores en Madrid, Barcelona o Zaragoza que no están operativos, pero que se pueden rehabilitar”, recuerda. CREUP trabaja con el Consejo de Colegios Mayores en mapear dónde se hallan. Como el mítico San Juan Evangelista, más conocido como El Johny, un referente cultural durante el franquismo que la Complutense no reabre por falta de fondos.Esta no es la primera medida en este sentido que toma el Gobierno. El decreto de creación de universidades, de 2021, fuerza a que los nuevos campus presenciales dispongan “de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de titulaciones oficiales”. Desde entonces, se han abierto siete centros privados presenciales.Según el Observatorio Sectorial DBK, a finales de 2025 había en funcionamiento 1.169 alojamientos con 132.335 camas en España. De ellos, 164 eran colegios mayores. A estos les diferencia de las residencias que no tienen ánimo de lucro. “En los últimos tres años se han creado solo dos colegios mayores [Cádiz y Ponferrada] y se quiere reabrir un tercero [Valladolid]”, cuenta Gabriel Beltrán, portavoz del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España. Prácticamente la nada cuando la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023) habla de la necesidad de acompañar al estudiante y de darle una formación extracurricular desde estas instituciones con más de 600 años de historia.Y mientras los colegios mayores pierden fuerza (que no prestigio), los fondos de inversión han encontrado un filón en la edificación o rehabilitación de residencias: hay 25.000 plazas en construcción y este curso se han inaugurado otras 7.500, según la Asociación Española de Residencias de Estudiantes (AREDE), recién constituida.El negocio se multiplica en medio de un escenario hostil en el que las universidades públicas, infrafinanciadas durante década y media, han puesto el foco en otros problemas acuciantes como sus recursos o su profesorado. La asesoría inmobiliaria JLL (Jones Lang LaSalle) calcula que las transacciones registradas en el sector del alojamiento para estudiantes llegaron a los 180 millones en el primer trimestre de 2026. Un incremento de casi el 177% respecto a 2025. En 2018 fueron apenas 37 millones. Pero Carlos Cano, miembro de la comisión ejecutiva de AREDE, matiza: “A veces estas cifras están contaminadas porque un fondo internacional compra una cadena de residencias”.El portal de búsqueda de alojamiento universitario Uniscopio alberga datos de 838 residencias y colegios mayores (71% del total) y se observa una horquilla enorme de tarifas, con grandes brechas también dentro de una misma ciudad. En la Residencia Pública Universitaria de A Coruña un alumno puede alojarse por 119 euros. Y, por debajo de 200 euros, hay también oferta en Valladolid, Córdoba, Badajoz y Jaén. Y en el otro extremo, puede llegar a pagarse 2.100 en una residencia privada de la corona metropolitana de Madrid.En este rango de precios tienen que caber todos los alumnos, pero no es fácil. El Gobierno ha aumentado la partida en becas de estudio un 84% en ocho años, pero muchos chicos necesitados se quedan sin ella o la ayuda no cubre los gastos de los beneficiarios vistos estos precios. La ayuda de residencia alcanzará el próximo curso los 2.700 euros (en 2018 eran 1.500 euros), que se suman a la beca de renta fija familiar (1.700 euros) o a la matrícula gratuita. El ministerio ha aumentado los umbrales de patrimonio familiar para que más alumnos puedan disfrutar de la prestación (el número de beneficiarios estaba bajando) y, en paralelo, los préstamos para estudiar se han multiplicado por cuatro en ese tiempo, hasta suponer el 13,8%, según la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN). El rector Garde sostiene que cada vez más alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha ―el 62% de los inscritos vive a más de 125 kilómetros de su facultad― recorren cada día enormes distancias en transporte público para asistir a clase y ahorrarse así el precio de dormir. Estos largos desplazamientos, sin duda, empeoran la experiencia universitaria de los jóvenes en muchos territorios. En las comunidades muy pobladas los jóvenes rara vez se mudan para estudiar ―apenas 2,8% en Cataluña, 5,6% en Madrid o 11,3% en la Comunidad Valenciana―, mientras que en otras no queda más remedio, como la pequeña La Rioja (64%) o la despoblada Castilla-La Mancha (56,2%). En ambas, a su vez, aumenta también la llegada de alumnos de otras zonas atraídos por sus grados. En el curso 2023/2024 estaban matriculados en una universidad presencial de una provincia distinta a la del domicilio familiar en España el 32% de los alumnos de grado (364.300), frente al 29,1% de cinco años antes (325.500). Han crecido pues en 38.800 solo en la carrera, sin contar los de máster y doctorado, de los que no hay datos oficiales. Además, se calcula que entre 2018 y 2024 los desplazados desde el extranjero para estudiar se han incrementado en 72.000 (de 125.675 a 159.000). Aunque los altos precios pueden frenar la llegada. Ya hay becarios latinoamericanos que renuncian a becas por no poder sobrevivir en una gran ciudad española. Y el ranking QS Best Student Cities 2026 sitúa a Madrid y Barcelona entre las 20 ciudades más atractivas para estudiar, pero las posicionan por encima del 100 en cuanto a asequibilidad. Ambas no se ven lastradas “por las tasas de matrícula —que son moderadas en las universidades públicas españolas—, sino por el coste de la vida y, sobre todo, por la vivienda, el punto crítico en el centro de la propia estrategia internacional de España”, se explica en el análisis de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS).Quedan fuera de las estadísticas los matriculados en universidades extranjeras que cuentan con sede en España. Según cálculos de este diario, la cifra total rebasa la treintena. Solo la escuela francesa TBS Education Barcelona inscribe, por ejemplo, a más de 800 jóvenes, la mayoría extranjeros que necesitan un techo. ¿Entonces cuantas plazas de alojamiento se necesitan? “Hacen falta entre 300.000 y 450.000 plazas”, estima Marta Sánchez, directora ejecutiva de RESA, la empresa de residencias con más camas (12.000 en 23 ciudades). Y compara España con Europa: “La tasa de cobertura de alojamientos apenas alcanza hoy entre el 6% y el 7%. Muy por debajo de mercados europeos más maduros como Reino Unido, donde llega al 32%, o Francia, con el 17%“.“Llegar a las 400.000 plazas tendría sentido si pensáramos que todos los que se mueven van a vivir en residencias”, apunta Javier Ríos, cofundador de Uniscopio. Tradicionalmente, los universitarios comenzaban la carrera en un colegio mayor o una residencia y luego se independizaban con amigos, pero visto el alza en el mercado cada vez más se quedan. “La residencia ha dejado de ser una solución limitada al primer año de universidad. Este curso, la tasa de renovación se sitúa por encima del 50%”, afirma la ejecutiva de RESA, del fondo neerlandés PGGM. “El precio de las residencias sube un 2% o 3% al año y los pisos mucho más”, razona Ríos sobre la clave de su éxito. Gabriel Beltrán, también director del colegio mayor Alcalá de Madrid, ahonda en esta idea: “Los pisos de alquiler subieron entre mayo de 2024 y 2025, por ejemplo, un 11%, según el portal Idealista. Lo que hemos hecho en los colegios mayores es subir en la línea del IPC y un poco más bajo si se puede”.Se observa también un segundo fenómeno: alumnos que antes optaban por un piso ―era una solución más barata― se decantan ahora por las residencias y colegios. Se ahorran el trauma de buscar casa con el mercado enloquecido y la tarifa incluye los suministros o el comedor. Por eso, el año pasado las solicitudes de plaza en los colegios mayores subieron un 15%.AREDE es muy partidaria de poner en marcha proyectos con las administraciones, por lo que sin duda estudiará estos proyectos subvencionados por el Estado. “En todos los países en los que se está intentando cerrar esta brecha se hace así. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el Estado tienen muchas vías para poder facilitar las cosas: agilizar las licencias y las tramitaciones para conseguir suelo público, darle a la universidad herramientas para que un suelo o un edificio que no utilice se conviertan en alojamiento”, argumenta Carlos Cano, de la comisión de AREDE, que es también director general de StepHouse (Azora).“Nosotros [los promotores de residencias] nunca hemos tenido la intención de cerrar solos este gap entre demanda y oferta. Nadie solo lo va a conseguir. Es necesario que todo el mundo colabore y que haya plazas privadas y otras con un enfoque más público”, prosigue Cano.“El 52% de nuestra oferta está por debajo de los 600 euros”, subraya Marta Sánchez, que recuerda que RESA otorga 230 becas. Cano, de AREDE, no cree que haya que fijar un precio por habitación: “Cuanta más oferta haya, los precios más van a bajar, por un tema de oferta y demanda”. Beltrán, del consejo, insiste en las diferencias. “Hay una residencia en el centro de Madrid que mete a dormir a gente que va de visita al hospital, a pasar el fin de semana... Yo, como colegio mayor, por normativa, no puedo. No somos un hotelito”.