Abogada. Excomisionada de la CIDH
Un niño de solo 8 años volvía con su mamá de una feria en Huacho. El mototaxi en el que viajaban se vuelca, la policía le pide documentos al chofer y en la discusión, un oficial dispara su arma. Un video terrible muestra cómo el niño se desploma porque la bala le destrozó el cerebro.
Una niña awajun de 6 años es violada en Condorcanqui por su padrastro y producto de la agresión sufre una hemorragia. El puesto de salud no cuenta con los implementos necesarios para salvarla y se ruega por un helicóptero para trasladarla. Su caso se suma a las más de 500 niñas violadas en la zona que viven en total impunidad. La comunidad logra capturar al agresor, pero este escapa y la policía dice que no tiene gasolina para perseguirlo.
En la misma zona, dos militares pertenecientes a la Base de Santa María de Nieva entran por la noche a la residencia del colegio Ciro Alegría y agreden sexualmente a dos niñas de 12 y 14 años. Esas residencias existen porque el Estado no cumple con crear escuelas accesibles a las comunidades y ante la enorme distancia, los niños deben dormir allí. Se han convertido en el espacio para la violencia sexual generalizada, sin pudor alguno, esa violencia que el ex Ministro de Educación llamaba “prácticas culturales”.
