En el caso Triple A se acerca la hora de la presentación de los alegatos de cierre, mientras tanto los abogados de los procesados continúan practicando su prueba documental y testimonial para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. La audiencia de juicio se reinstaló cerca de las 10:40 de este sábado, 25 de julio de 2026, en el Complejo Judicial Norte de Quito, para continuar con la evacuación de la prueba de las defensas de las 16 personas naturales y 6 jurídicas (empresas) procesadas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, sus primos y algunas empresas vinculadas a este entorno familiar. La diligencia se reanudó tras algunos pedidos de las partes, como el del alcalde y su abogado, Julio César Cueva, para que se permita el ingreso a los medios de comunicación a la sala de audiencias, tras una negativa del coordinador del Complejo Judicial Norte; o el pedido de la fiscal de esta causa, Ruth Amoroso, para que la audiencia se suspendiera por unas horas o un día antes de la exposición de los alegatos finales para que pueda resumir todo lo que la Fiscalía ha probado en estos meses de juicio. PublicidadEl Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, aceptó la solicitud para que la prensa acceda a la diligencia; mientras que sobre la petición de la fiscal, el magistrado ponente anticipó que resolverá en el momento oportuno como corresponda. El tribunal también negó un pedido del alcalde Alvarez para que su testimonio sea transmitido en vivo. Durante la jornada de este sábado, el procesado Juan Dionisio Araujo Saldarriaga y la empresa Harsajudi S. A. expuso su prueba con la comparecencia del teniente de la Policía Nacional, Luis Alfredo Ronquillo, quien el 10 de mayo de 2025 realizó un informe sobre las empresas Gasomar y Oroestiba, de la provincia de El Oro. Asimismo, como prueba documental, la defensa presentó oficios, certificados, contratos y declaraciones del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros. PublicidadPublicidadEn la audiencia, el abogado de la empresa Fuelcorp S.A., vinculada al grupo del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, solicitó la incorporación de una prueba nueva a este proceso judicial, lo cual fue rechazado por el Tribunal de Garantías Penales por falta de justificación. La fiscal Ruth Amoroso pidió al tribunal que no acepte esta prueba nueva, tras argumentar que es falso que la Fiscalía ha sustentado su teoría del caso en esta determinación tributaria del SRI, sino que se basa en testimonios, peritajes informáticos y peritajes financieros que harían presumir la comisión de este delito. La representante de la Fiscalía resaltó que el abogado está pretendiendo confundir al tribunal, por lo que su prueba nueva, afirmó, es irrelevante y no tiene ningún efecto. El director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Christian Puente, por su parte, refutó que el recurso contencioso tributario no justifica la relación directa con los hechos que se investigan en esta causa, por lo cual no es procedente porque ni siquiera tiene anexos adjuntos y pidió que se rechace la incorporación de la prueba nueva. De la misma manera, el abogado de Petroecuador solicitó al juez ponente que rechace la incorporación de esta prueba, ya que, dijo, carece de naturaleza jurídica porque fue producida con posterioridad y creada por la defensa, lo cual, sostuvo, no acredita un hecho nuevo sino una acción iniciada por la defensa de Fuelcorp.La audiencia de juzgamiento continuó con la evacuación de las pruebas, mientras está pendiente la presentación de las pruebas de otros investigados como el testimonio del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que será el último que se recepte en esta etapa de juicio, antes de que el tribunal de paso a los alegatos finales que presentará la Fiscalía y los abogados de los 22 procesados en el caso Triple A. PublicidadSegún la teoría del caso de la Fiscalía General del Estado, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina. La audiencia de juicio también está convocada para este domingo, 26 de julio, jornada en la que se espera cerrar con los alegatos finales; sin embargo la diligencia podría extenderse debido a la cantidad de pruebas de descargo que están pendientes, aunque eso será decisión del tribunal de esta causa. (I)