NoticiaUn ciudadano le pide al Consejo de Estado que mientras revisa su solicitud, emita medidas cautelares suspendiendo los efectos del decreto.El decreto que permite a la ANT 'sanear' predios y declararlos de utilidad pública sin pasar por un juez Foto: ArchivoPERIODISTA JUDICIAL25.07.2026 13:38 Actualizado: 25.07.2026 13:38
Pocos días después de que se formó una polémica por el decreto que le permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 'sanear' predios para pasen a ser bienes de utilidad pública sin el control de un juez, a los estrados judiciales llegó una demanda que pide que se tumbe dicha normativa.El ciudadano Andrés Alberto Ávila demandó ante el Consejo de Estado el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, firmado por los ministerios de Justicia, Hacienda y Agricultura, precisamente las carteras demandadas.El nuevo decreto, expedido a pocos días de que culmine la presidencia de Gustavo Petro, adiciona elementos con los que en plata blanca, se podrá realizar el 'saneamiento' de predios adquiridos por la ANT bajo una promesa de compraventa. También incluye el procedimiento para registrarlos como bienes de utilidad pública.Agencia Nacional de Tierras. Foto:Agencia Nacional de TierrasEn la demanda de 28 páginas, Ávila expone que "la norma que el decreto invoca como fundamento (el numeral 1 del artículo 61 de la Ley 2294 de 20234) autoriza el saneamiento únicamente en la adquisición por negociación directa y excluye de manera expresa los eventos en que cursen procesos de restitución de tierras, protección a población desplazada, clarificación de la propiedad, extinción del dominio, deslinde o recuperación de baldíos. Las restantes disposiciones legales que se citan en los considerandos consagran el saneamiento automático como fenómeno legal y las acciones indemnizatorias consiguientes, pero no atribuyen a autoridad administrativa alguna el poder de levantar medidas cautelares, ni suprimen la calificación registral, ni conocen la administración anticipada por promesa. Lo que la ley no dio, el reglamento lo tomó".Asimismo, el demandante reprocha que en plena transición de gobierno se haya hecho una consulta pública sobre el decreto de apenas seis días. Eso generaría una situación que de acuerdo con la demanda podría tener efectos irremediables, dado que el contenido de lo expedido por los tres ministerios empezó a regir. Consejo de Estado. Foto:ArchivoEn la demanda se habla de posesión sin entrega, cancelación de cautelas en un turno, folios nuevos sin memoria registral de las cargas, inscripciones anticipadas sobre simple promesa y un código registral que debe existir 10 días después de la firma. "Se genera así, ante la población rural que legítimamente espera la tierra, la expectativa de una entrega masiva e inmediata, edificada sobre un instrumento cuya fragilidad jurídica es manifiesta; y se compromete, de paso, el patrimonio destinado a la reparación de las víctimas y los bienes sujetos a extinción de dominio", dice el documento.Lo que busca el demandante es que se declare la nulidad de tal decreto, y que se emita una medida cautelar para que mientras se revisa el caso, se suspendan los efectos de la nueva normativa. Para tal fin, Ávila expuso que se están vulnerando 18 artículos de la Constitución Política y varias leyes. Por el momento, se desconoce si ya se repartió el expediente a algún despacho para su respectiva revisión.Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
