Un alcalde de Guayaquil ausente por su situación legal y una subrogación cuestionada —que recae sobre Tatiana Coronel— es el escenario que vive la ciudad en una de las épocas de mayor actividad institucional.En julio, cuando tradicionalmente la máxima autoridad ha encabezado los actos cívicos, inauguraciones de obras y la agenda oficial por el proceso de fundación de la ciudad, Guayaquil celebrará sus fiestas julianas en este año con un alcalde titular en prisión preventiva.Concejo de Guayaquil debate y acepta que Tatiana Coronel siga como alcaldesa subroganteAquiles Alvarez fue detenido en febrero de 2026 y al momento se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro. Desde ese mes, la entonces vicealcaldesa lo reemplazó en el cargo.PublicidadEntre febrero y hasta finales de junio hubo reparos a la subrogación e incluso se inició un trámite de remoción de Alvarez, que no se concretó. El Concejo Cantonal no aprobó destituir al alcalde y con ello, la alcaldesa Tatiana Coronel continúa ejerciendo como subrogante.La historia política de Guayaquil registra un antecedente similar. El entonces alcalde Antonio Hanna Musse no concluyó el periodo para el que fue electo, luego de ser separado del cargo y procesado por el delito de peculado, a raíz de presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre el Municipio y una empresa encargada del procesamiento de basura a inicios de la década de 1980. Hanna se convirtió en uno de los pocos alcaldes de la ciudad que dejaron sus funciones en medio de un proceso penal.PublicidadPublicidadEse antecedente vuelve a cobrar vigencia en el contexto actual, con el alcalde Aquiles Alvarez recluido en la Cárcel del Encuentro mientras enfrenta varios procesos. El vacío legal en el CootadEste escenario ha reabierto el debate sobre los alcances del artículo 62 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que regula la subrogación de funciones de los alcaldes, pero no establece expresamente qué ocurre cuando una autoridad permanece privada de libertad durante un periodo prolongado.Para el docente de Ordenamiento Territorial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) Andrés Ortiz el caso evidencia un vacío en la legislación, pues el Cootad diferencia entre una subrogación temporal y una definitiva, pero no regula el escenario de un alcalde que permanece en prisión preventiva durante varios meses.“Cuando el alcalde es destituido se produce automáticamente la vacancia definitiva y el vicealcalde asume el cargo. El problema es que la ley no dice qué sucede cuando un alcalde permanece preso durante varios meses”, explicó Ortiz.El jurista considera que el vacío normativo ha permitido mantener una subrogación que, en la práctica, supera ampliamente el plazo previsto por la legislación para las ausencias temporales.“La ley establece un periodo de hasta 60 días para una ausencia temporal. Cuando un alcalde lleva meses privado de libertad, esa ausencia ya no puede entenderse como temporal”, sostuvo.PublicidadEl catedrático señaló que esta falta de precisión genera incertidumbre institucional, pues el alcalde mantiene formalmente el cargo pese a no ejercer sus funciones desde hace varios meses.Para Ortiz, una salida para aclarar los vacíos sería que el procurador general del Estado emita una interpretación del Cootad o que la Asamblea Nacional esclarezca el alcance de la norma mediante una interpretación legislativa.“La realidad desborda el derecho. Las ciudades no pueden darse el lujo de ser gobernadas por un vicealcalde de forma temporal y no subrogado de manera definitiva”, afirmó.Impacto político y de legitimidadDesde la visión de la abogada y politóloga Madeleine Molina, el escenario que atraviesa Guayaquil tras la prisión preventiva de Aquiles Alvarez debe analizarse más allá del caso individual del alcalde.Señaló que también responde a una crisis más amplia de representación política y de selección de candidatos por parte de las organizaciones políticas.“Esto no es un problema exclusivo de Guayaquil. Hay varios alcaldes del país involucrados en procesos judiciales, lo que obliga a revisar cómo los partidos construyen sus liderazgos y quiénes llegan a ocupar cargos de elección popular”, sostuvo.No obstante, Molina considera que el caso de Guayaquil tiene un impacto particular.Señala que, aunque la vicealcaldesa ejerce las funciones de alcaldesa subrogante y mantiene la gestión administrativa, la ausencia del titular afecta la percepción ciudadana sobre el liderazgo municipal.La analista añade que la situación genera un vacío de legitimidad política, especialmente porque la administración continúa proyectando la imagen del alcalde detenido en la comunicación institucional.Esto, de hecho, se observa en el ámbito comunicacional, pues en el caso de Guayaquil la figura visible de la publicidad del cabildo mantiene a Aquiles Alvarez y a sus lemas.“De cierta manera sí se mantiene en una narrativa viva, porque mientras la persona o el nombre exista dentro de una narrativa, sigue vivo en el imaginario”, indicó.Un precedente para otros municipiosEl escenario que enfrenta Guayaquil también podría repetirse en otros cantones donde los alcaldes permanecen detenidos y los vicealcaldes han asumido las funciones de manera temporal.Actualmente cinco alcaldes enfrentan procesos judiciales: Machala (Darío Macas), Esmeraldas (Vicko Villacís), Pujilí (José Arroyo), Jipijapa (Ángela Plúa) y Guayaquil (Aquiles Alvarez).De mantenerse las medidas en cada uno de estos casos y que se extiendan más allá de los 60 días previstos en el Cootad para licencia, esos municipios podrían enfrentar el mismo vacío jurídico que Guayaquil.“Dependiendo de la conformación de cada Concejo Cantonal podrían mantenerse alcaldías subrogantes de forma indefinida mientras se espera que los alcaldes recuperen su libertad”, advirtió.Ortiz considera que estos casos evidencian la necesidad de reformar el Cootad para incorporar reglas claras sobre las ausencias prolongadas por prisión preventiva, respetando la presunción de inocencia, pero garantizando al mismo tiempo la estabilidad institucional de los gobiernos locales.Para Molina, el caso de Guayaquil podría convertirse en un precedente para otros municipios cuyos alcaldes enfrentan prisión preventiva.Legalidad de la subrogación de Tatiana Coronel en la Alcaldía de Guayaquil divide al Concejo Cantonal: esto dicen varios concejales sobre decisión“Sí debería analizarse una reforma. No necesariamente para desconocer la presunción de inocencia, sino para establecer mecanismos de suspensión temporal cuando una autoridad enfrenta un proceso judicial que le impide ejercer plenamente el cargo”, afirmó.Como referencia, citó que el Código Orgánico de la Función Judicial contempla la separación temporal de jueces y fiscales cuando son llamados a juicio, con la posibilidad de reincorporación si posteriormente son absueltos.“Esa figura podría estudiarse para las autoridades de elección popular. No se trata de una destitución automática, sino de garantizar que quien ejerza el cargo pueda hacerlo con plena capacidad mientras el titular resuelve su situación judicial”, concluyó. (I)