Cinco municipios de Ecuador enfrentan una situación inédita. Sus alcaldes permanecen en prisión preventiva o procesados penalmente, mientras los vicealcaldes administran los gobiernos locales sin que exista un criterio unificado sobre cuánto tiempo puede extenderse esa sustitución.La discusión cobró fuerza tras las detenciones de Aquiles Alvarez, Vicko Villacís, Ángela Plúa, Darío Macas y José Arroyo, casos que reabrieron el debate sobre la aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).La incertidumbre mantiene en suspenso la estabilidad política de ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Jipijapa, Machala y Pujilí, donde las administraciones municipales continúan bajo autoridades subrogantes mientras avanzan las investigaciones penales.PublicidadAunque todos los alcaldes conservan el derecho constitucional a la presunción de inocencia, juristas consultados discrepan sobre el momento en que una ausencia temporal deja de serlo y se convierte en definitiva.Interceptaciones de llamadas, seguimientos y dispositivos electrónicos: así habría operado estructura vinculada a la alcaldesa de Jipijapa, según FiscalíaCinco alcaldes tras las rejas y cinco municipios en incertidumbreEn menos de un año, cinco alcaldes han sido privados de libertad en procesos distintos impulsados por la Fiscalía General del Estado.El caso más tiempo corresponde a José Arroyo, alcalde de Pujilí, detenido en agosto de 2025 dentro de una investigación por presunto peculado. PublicidadPublicidadPosteriormente fueron capturados Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, procesado en el denominado Caso Goleada; Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, investigado por presunto lavado de activos; Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, vinculada al caso Digitador; y, más recientemente, Darío Macas, alcalde de Machala, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.En todos los casos, los procesos permanecen en etapa judicial y ninguno registra una sentencia ejecutoriada, por lo que los funcionarios mantienen intacta su condición de inocentes ante la ley.El Cootad sí define quién reemplaza al alcaldeEl Cootad establece que cuando un alcalde se ausenta por más de tres días, el vicealcalde debe asumir la administración municipal de manera temporal.Los artículos 61 y 62 determinan que la segunda autoridad del cantón subroga automáticamente al alcalde mientras dure la ausencia. Además, si esta llega a ser definitiva, el vicealcalde concluye el periodo para el cual fue elegida la administración municipal.Hasta ese punto no existe controversia entre los especialistas. El desacuerdo comienza cuando la ausencia responde a una prisión preventiva.Publicidad¿Existe un vacío legal? Los abogados no coincidenPara el abogado Óscar Alarcón, el problema radica en que el artículo 62 del Cootad regula quién reemplaza al alcalde, pero no establece un plazo máximo para que esa ausencia temporal se transforme en definitiva.A su criterio, el alcalde conserva su investidura mientras no se configure alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 333 del mismo cuerpo legal.Entre esas causales constan la existencia de una sentencia ejecutoriada, la remoción aprobada por las dos terceras partes del Concejo Municipal o el incumplimiento de obligaciones previstas por la norma. Sin embargo, Alarcón sostiene que la prisión preventiva, por sí sola, no figura como motivo para perder el cargo.Desde esa interpretación, un alcalde detenido continúa siendo la máxima autoridad del cantón, aunque permanezca meses sin ejercer funciones, porque la imposibilidad de asistir a las sesiones del Concejo puede justificarse por la propia privación de libertad, afirma el experto. Para el jurista, esa situación evidencia un vacío que la Asamblea Nacional debería corregir mediante una reforma legal.“En el Cootad existe un tiempo mínimo para que el vicealcalde asuma, pero no un tiempo máximo para que esa ausencia deje de ser temporal”, sostiene.La otra interpretación: el límite sí existe y son 60 díasEl abogado y consultor político Héctor Farfán sostiene una posición completamente distinta.Según explica, el propio Cootad fija un límite claro mediante la regulación de las licencias concedidas por los concejos municipales.Alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido por presunto enriquecimiento ilícitoFarfán recuerda que el artículo 57 autoriza licencias acumuladas de hasta 60 días, salvo casos de enfermedad catastrófica o calamidad doméstica debidamente justificada.Bajo esa interpretación, cuando un alcalde supera ese plazo sin reincorporarse al cargo, la ausencia deja de ser temporal.“Al día 61 ya existe una ausencia definitiva y debe aplicarse el artículo 62 para que el vicealcalde permanezca en funciones hasta concluir el periodo”, sostiene.Desde su perspectiva, el problema no radica en un vacío legal, sino en la falta de decisiones políticas dentro de los concejos municipales, que deben aplicar las disposiciones del Cootad cuando corresponda.Además, advierte que un proceso penal no constituye una causal legal para extender indefinidamente una licencia, ya que la norma únicamente contempla excepciones relacionadas con enfermedades catastróficas o calamidades domésticas justificadas.¿La ley o la política? El criterio que mantiene abierto el debateEl abogado Tito Livio Mendoza coincide en que la normativa requiere una reforma, aunque atribuye la permanencia de los alcaldes en el cargo no solo a un problema jurídico, sino también político.Explica que, antes de analizar una eventual ausencia definitiva, las autoridades pueden acogerse a mecanismos legales como vacaciones o licencias aprobadas por el Concejo Municipal. Una vez agotados esos recursos, la continuidad o remoción del alcalde depende, en gran medida, de las mayorías políticas dentro del cabildo.“Si un alcalde cuenta con respaldo de la mayoría de concejales, los procedimientos pueden dilatarse. Si no lo tiene, el proceso de remoción puede avanzar con mayor rapidez”, señala.Desde su perspectiva, fijar un plazo exacto resulta complejo porque cada municipio enfrenta circunstancias distintas. Además, recuerda que la Constitución protege el principio de presunción de inocencia, por lo que ningún funcionario puede considerarse culpable mientras no exista una sentencia ejecutoriada.Detención de alcalde de Machala: ministro John Reimberg revela movimientos por más de $ 6 millones y retiros de $ 750.000¿Los alcaldes detenidos siguen siendo alcaldes?Ese es uno de los aspectos que más controversia genera.Mientras permanezcan únicamente bajo prisión preventiva y no exista una sentencia condenatoria en firme ni una resolución de remoción aprobada por el Concejo Municipal, los alcaldes conservan jurídicamente su investidura.En consecuencia, quienes hoy administran los municipios son los vicealcaldes en calidad de subrogantes, pero no como titulares del cargo.Esta situación explica por qué ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Jipijapa, Machala y Pujilí mantienen simultáneamente un alcalde electo que continúa ostentando el cargo y un vicealcalde que ejerce las funciones ejecutivas.¿Qué ocurre si recuperan la libertad?Las consecuencias también dependen del estado jurídico del alcalde.Si recupera su libertad y no ha sido removido por el Concejo Municipal ni existe una sentencia ejecutoriada en su contra puede reincorporarse inmediatamente al cargo, sostiene el abogado Óscar AlarcónEse escenario, sostiene, la prisión preventiva no extingue la calidad de alcalde y la subrogación termina cuando desaparece la causa que originó la ausencia.El Cootad contempla que la remoción de un alcalde requiere un procedimiento específico y la aprobación de las dos terceras partes del Concejo Municipal.Sin embargo, allí también surge otra diferencia de interpretación.Para Alarcón, mientras no se configure una de las causales previstas en el artículo 333, el alcalde mantiene su investidura.En cambio, Héctor Farfán sostiene que, una vez superado el límite legal de las licencias, corresponde al Concejo declarar la ausencia definitiva y permitir que el vicealcalde concluya el periodo.En ambos casos, la decisión final recae sobre los concejales. 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