Más contenidoLa Contraloría reportó 96 casos por sobrecostos con una cuantía que supera los 35.967 millones de pesos.Visita del Contralor a unos de los colegios beneficiados con el PAE. Foto: Fotos Contraloría General de la República24.07.2026 20:27 Actualizado: 24.07.2026 20:27

El impacto que tiene el uso indebido de los recursos públicos en la población infantil -niños, niñas y adolescentes- trae consecuencias graves para la nutrición, el desarrollo físico e incluso tiene una alta incidencia en la deserción escolar. Ahí fue clave el seguimiento realizado a 17,2 billones de pesos en recursos del Presupuesto General de la Nación, más los destinados a la Alimentación Escolar y los provenientes de otras fuentes.Las visitas de seguimiento realizadas a las entidades territoriales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los lineamientos del Programa en los territorios y la atención con calidad a los estudiantes, permitieron identificar 182 hallazgos fiscales por una cuantía total estimada en 87.587 millones de pesos. El 44 por ciento de este total correspondió a irregularidades en la ejecución contractual, mientras que el 42 por ciento tuvo que ver con sobrecostos asociados al programa.Los contralores estudiantiles se encargan de vigilar y supervisar el uso correcto de los recursos. Foto:Fotos Contraloría General de la RepúblicaLa Contraloría identificó 96 irregularidades por valor de 35.975 millones de pesos en sobrecostos. Asimismo, encontró 27 casos de pagos sin soporte de ejecución y once incumplimientos a los lineamientos del programa.La región en la que se registró el mayor impacto fiscal de los reportes fue los Llanos Orientales, donde el 83 por ciento de los reportes se generó por sobrecostos en el PAE.Incumplimientos​Durante el calendario escolar 2022, el operador del PAE en Pasto incurrió en un incumplimiento contractual generalizado, al presentarse evidencias de entrega de raciones que no cumplen los lineamientos técnicos, están incompletas y se entregaron de manera tardía o fuera de la jornada escolar, a pesar de haber sido certificadas para pago. Este hallazgo fiscal fue por 3.951 millones de pesos.La Contraloría vigila bienes públicos con auditorías y control posterior, selectivo y preventivo. Foto: Fotos Contraloría General de la RepúblicaAl año siguiente, se identificaron incumplimientos en los contratos para la operación del PAE Indígena de 2023 en el departamento de Nariño. El operador PAE omitió cumplir con la entrega de informes financieros y de gestión sobre el avance de la ejecución contractual y, a pesar de esto, la entidad departamental realizó pagos por más de 2.500 millones de pesos en noviembre de ese mismo año, sin la previa certificación de los supervisores asignados.En 2024 se evidenció un presunto detrimento patrimonial por 3.550 millones de pesos en el PAE de Soacha, al considerar que los costos indirectos del personal manipulador, bodega de almacenamiento, administración y dotación, incluidos en la estructura de costos y pagados por el municipio, superaron los ejecutados por el contratista. Además, el operador evadió el pago de aportes de seguridad social, reflejando graves deficiencias en la supervisión de la minuta contractual.Las jornadas de contralores estudiantiles varían por región y las organizan contralorías locales. Foto: Fotos Contraloría General de la RepúblicaPara la atención del PAE urbano en el Distrito de Buenaventura se evidenciaron diferencias entre la estructura de costos y lo pagado por el operador del PAE el año pasado, generando un presunto daño al patrimonio público por 2.614 millones de pesos que afectó los recursos del Programa.El ente de control alertó también este año sobre la afectación de 783.000 estudiantes en once entidades territoriales certificadas, al considerar que el inicio de la alimentación escolar no coincidía con el comienzo del calendario escolar de 2026.Mega colegio Paz de Ariporo, Casanare. Foto: Fotos Contraloría General de la RepúblicaAlerta por desfinanciación del Programa​La Contraloría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para la asignación de 500.000 millones de pesos para el PAE durante 2025, al encontrar que 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes se quedarían sin el servicio de alimentación escolar en todo el territorio nacional desde septiembre de 2025.De igual forma, se evidenció que la Unidad Alimentos para Aprender (UApA) mantuvo sin distribuir ni comprometer recursos por 560.550 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento de la apropiación para el PAE en 2026. Esta situación compromete la continuidad del servicio y amenaza la atención alimentaria de cerca de 1,3 millones de estudiantes en todo el país, dijo el ente de control en abril de este año.Detrimento patrimonial​Dentro de la auditoría realizada al Programa para Mejorar la Equidad, las Competencias Socioemocionales y los Aprendizajes PROMISE de vigencia 2025, financiado con recursos de crédito multilateral con el Banco Mundial, se evidenció que el SiPAE presenta limitaciones en términos de operatividad y funcionalidad, que imposibilitan la evaluación idónea del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la toma de decisiones estratégicas, lo cual se generó por falencias en la ejecución contractual.Esta situación genera afectación toda vez que el Ecosistema SiPAE no cumple con el objetivo para el cual fue creado. Con base en esto, la Contraloría determinó un presunto detrimento patrimonial por 8.376 millones de pesos por una gestión fiscal antieconómica.La CGR prioriza el control de instituciones educativas que reciben recursos del PAE. Foto: Fotos Contraloría General de la República Sigue toda la información de Más Contenido en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.