InvestigaciónEl organismo de control investiga un posible detrimento patrimonial superior a $2.603 millones. Primera infancia. Foto: Secretaría de EducaciónSUBEDITORA DE BOGOTÁ 22.06.2026 07:11 Actualizado: 22.06.2026 07:11
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $2.603 millones, luego de detectar que 1.315 niñas y niños recibieron atención de manera simultánea en programas financiados por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre 2024 y 2025.La actuación del ente de control se originó tras una indagación preliminar en la que se analizaron las bases de datos de ambas entidades y se identificaron casos de menores que figuraban como beneficiarios concurrentes de servicios dirigidos a la primera infancia.De acuerdo con los hallazgos, durante 2024 se registraron 339 casos de atención simultánea, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 976. En total, 1.315 menores habrían recibido servicios financiados con recursos públicos provenientes de dos entidades estatales al mismo tiempo.Según la Contraloría, los programas ejecutados por la SDIS y el ICBF presentaban características similares, estaban dirigidos a la misma población objetivo e incluían componentes orientados a garantizar el desarrollo integral de niñas y niños, situación que derivó en la presunta duplicidad de recursos.El análisis técnico y financiero adelantado por el organismo de control permitió estimar un posible daño al patrimonio público superior a $2.603 millones. De ese total, más de $1.025 millones corresponderían a la vigencia de 2024 y más de $1.122 millones a la de 2025.La investigación también puso bajo la lupa los mecanismos de control y seguimiento implementados por la Secretaría Distrital de Integración Social. La Contraloría señaló que se habrían presentado deficiencias en los procesos de verificación que debían permitir establecer si los beneficiarios ya estaban siendo atendidos por otra entidad pública.Dentro de la revisión se evidenció que herramientas y protocolos diseñados para evitar este tipo de situaciones no habrían sido aplicados de manera efectiva, lo que, según el organismo de control, permitió que la presunta irregularidad se mantuviera durante dos años consecutivos.La actuación fiscal vincula a varios funcionarios que ocuparon cargos relacionados con la dirección de los programas de infancia dentro de la Secretaría de Integración Social y que tenían responsabilidades en materia de seguimiento y control de la ejecución de estos servicios.Más allá del eventual impacto económico, la Contraloría advirtió que la utilización de cupos de atención de manera duplicada habría reducido la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas destinados a la primera infancia y de beneficiar a otros menores en condición de vulnerabilidad que requerían acceso a estos servicios.El proceso se encuentra en etapa de responsabilidad fiscal y busca establecer si existieron conductas que ocasionaron un daño al patrimonio público, así como determinar los posibles responsables de los hechos investigados.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.com Lea también: Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
