El contraste fue demasiado obsceno para pasarlo por alto. Mientras la localidad rionegrina de Allen se declaraba al borde de la quiebra y la municipalidad repartía telegramas de despido, la gestión local decidió gastar 576 millones de pesos para organizar la Fiesta Nacional de la Pera. Esa contradicción financiera fue la bomba de tiempo que terminó de dinamitar el gobierno del intendente libertario Marcelo Román, quien este viernes tuvo que entregar el poder, acorralado por el Concejo Deliberante y la Justicia. La caída del funcionario comenzó en las calles en septiembre del año pasado. Frente a los recortes, los trabajadores municipales lanzaron un paro total que dejó a la ciudad tapada de basura. En medio de ese caos, el entonces jefe comunal intentó declarar la crisis económica oficial, pero el legislativo local le frenó la maniobra. La imagen de Román saliendo a levantar bolsas de residuos junto a un concejal aliado se convirtió en la imagen definitiva del colapso en su gestión. Marcelo Román adelantó que "no reunciará" Con las cuentas bajo la lupa, el escándalo de la fiesta millonaria derivó en una causa penal directa por administración fraudulenta y peculado (apropiación, uso ilegal o desvío de dinero, bienes o servicios públicos). Ya sin ningún margen de maniobra, los concejales avanzaron con una votación lapidaria: por seis votos a favor y tres en contra, decidieron suspender al intendente y cortarle el pago de su sueldo hasta que los tribunales definan si cometió un delito con los fondos públicos.