Este proyecto es una de las iniciativas más importantes en materia económica desde 1990. Por primera vez en 35 años se hace una reforma que disminuye la carga tributaria; antes hubo al menos diez iniciativas desde 1990 que han aumentado los impuestos, dañando la competitividad de Chile. El fenómeno de alza de impuestos y caída del crecimiento es especialmente notorio desde el 2014, gobierno de Michelle Bachelet, cuando la tasa de impuesto corporativo se elevó a 27% uno de los valores más altos de la OCDE, aunque nuestro país estaba entre los tres más pobres de la organización. Además, se eliminó el FUT, se desintegraron los impuestos y se modificaron muchas otras normas, aumentando la carga tributaria.
La reforma de Bachelet y su ministro Arenas pretendía recaudar más del 3% del PIB, 8.200 millones de dólares. Estimaciones del Banco Mundial situaron la recaudación efectiva en la mitad de esa cifra. Hay bastante acuerdo en que ese fue uno de los hitos que marcan la declinación de la economía chilena, que de crecimiento superior al 5% pasó a un 2% de aumento anual del PIB.
El proyecto liderado por el ministro Jorge Quiroz, que incluye una serie de medidas adicionales para incrementar la inversión, siendo uno de los más completos en todos estos años, no tuvo una discusión pública ni una tramitación en el Congreso acorde a su importancia. Parte del problema fue la inexistencia de una oposición dispuesta a negociar. Ejemplo de ello es que la posición cuasi oficial y excluyente de la oposición fue que era un proyecto para favorecer al 1% más rico de Chile. Ello pese a que una de las pocas cuestiones en materia tributaria que el proyecto no modificaba eran las tasas y tramos del impuesto a las personas.
