Miles de millones de dólares destinados cada año a fortalecer la respuesta ante desastres naturales, ataques cibernéticos y otras amenazas son ahora el centro de una nueva batalla legal en contra de la Administración del presidente Donald Trump. Este jueves, 25 Estados y el Distrito de Columbia demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), denunciando que el Gobierno condiciona esos recursos a la adopción de cambios en sus sistemas electorales y a una mayor cooperación en materia migratoria.La coalición de demandantes está integrada por los fiscales generales de 23 Estados y el Distrito de Columbia, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.La demanda, presentada ante un tribunal federal en Rhode Island, impugna las nuevas condiciones impuestas por el DHS y FEMA para acceder a los fondos del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (Homeland Security Grant Program), recursos que financian labores de respuesta a emergencias, ciberseguridad, escuadrones antibombas, protección de lugares de culto y preparación frente a desastres naturales.Según los demandantes, las nuevas reglas obligan a los Estados a verificar la ciudadanía de los votantes mediante una base de datos federal, avanzar hacia el uso de boletas de papel marcadas a mano, realizar auditorías manuales de los procesos electorales, conciliar el número de votantes con los sufragios emitidos y colaborar con las autoridades federales en materia migratoria.Los Estados sostienen que, de no cumplir con estos requisitos, podrían perder al menos el 20% de los fondos asignados por el programa, una cifra que, solo entre los demandantes, supera los 148 millones de dólares. Además, cuestionan una cláusula que permitiría a FEMA cancelar por completo las subvenciones si considera que ya no responden a las prioridades de la Administración o al llamado “interés nacional”.Para la coalición, esas condiciones exceden la autoridad del Gobierno federal e invaden competencias que la Constitución reserva a los Estados, particularmente la organización y administración de las elecciones.El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, uno de los principales impulsores del litigio, acusó a la Administración Trump de poner en riesgo la seguridad pública al condicionar recursos aprobados por el Congreso. Afirmó que el Gobierno está “amenazando con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos críticos” y sostuvo que esos recursos fueron asignados por el Congreso para preparar a los Estados frente a emergencias, terrorismo y desastres naturales, por lo que el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para decidir sobre ellos. Añadió que los fondos federales para emergencias “no pueden ni serán mantenidos como rehenes de los Estados”.La demanda argumenta que las medidas violan tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la cláusula de gastos de la Constitución, al imponer condiciones que, según los Estados, no guardan relación con los programas financiados y buscan presionarlos para modificar políticas públicas ajenas a la preparación ante emergencias. Los demandantes también solicitan que un juez federal bloquee de inmediato la aplicación de estas condiciones, las declare inválidas para los Estados involucrados y ordene a las agencias federales emitir la documentación necesaria para liberar los recursos.Desde el otro lado, FEMA defendió la política impulsada por el Gobierno de Trump y calificó la demanda como una reacción partidista. Un portavoz de la agencia aseguró que esperaban que “estos políticos de izquierda se opusieran a medidas de sentido común diseñadas para proteger la seguridad electoral y salvaguardar la integridad de la democracia estadounidense”.La agencia sostuvo, además, que los Estados deberán adoptar “medidas críticas y de sentido común” para “proteger” las elecciones antes de recibir la totalidad de las subvenciones, y afirmó que los nuevos requisitos buscan preservar la integridad de estos procesos.La controversia se produce en un contexto de creciente tensión sobre la administración de las elecciones en Estados Unidos. Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha sostenido reiteradamente que el voto por correo estuvo marcado por un fraude generalizado, pese a que auditorías e investigaciones, incluidas algunas encabezadas por funcionarios republicanos, no encontraron evidencia de irregularidades masivas. Las nuevas exigencias anunciadas por el DHS el pasado 10 de julio también forman parte de un esfuerzo más amplio de la Administración para reforzar la supervisión federal sobre distintos aspectos de los procesos electorales estatales.No es la primera vez que los tribunales intervienen en disputas de este tipo. En decisiones anteriores, jueces federales ya habían impedido que la Administración condicionara otros fondos de FEMA o modificara el destino de recursos del DHS en función de si los estados respaldaban o no sus prioridades políticas.