El legislador Luigi García (ADN) mocionó la aprobación del informe que recomienda al pleno de la Asamblea el archivo del juicio y recibió el apoyo de seis votosPublicidad24 de julio, 2026 - 13h20La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, reunida este 24 de julio de 2026 en la ciudad de Guayaquil, aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político impulsado por el correísmo en contra de la exministra de Ambiente y Energía Inés Manzano.El legislador Luigi García (ADN) presentó la moción para acoger el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomienda al pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político. La propuesta fue aprobada con seis votos a favor y cuatro en contra. El expediente pasará a conocimiento del pleno para una resolución.El pedido de juicio político fue presentado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), quienes acusan a la exministra de un presunto incumplimiento de funciones. Según los legisladores, Inés Manzano no ejerció, antes, durante ni después, los controles necesarios para prevenir un presunto perjuicio económico al Estado superior a los 70 millones de dólares. Además, sostienen que habría incurrido en una posible omisión dolosa al no impedir presuntos actos de corrupción en la empresa pública Celec EP relacionados con el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM).PublicidadLuego de las etapas de prueba tanto de cargo y de descargo, así como las comparecencias, la Comisión de Fiscalización emitió seis conclusiones y recomendó el archivo del trámite de la solicitud de enjuiciamiento a la exministra Inés Manzano, por no haberse probado la existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución de la República y en el segundo inciso del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política.Las seis conclusiones del informe señalan: Sobre la ausencia de nexo causal administrativo y tipicidad: La y los asambleístas proponentes no lograron demostrar un nexo causal directo entre las competencias legales de la exministra de Ambiente y Energía y los actos precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso ejecutados en el contrato emergente n.º CELEC-EP-EGU-ESMERALDAS-002. Tales actuaciones corresponden a la personería jurídica, autonomía y competencia exclusiva del gerente general de Celec EP y de las unidades de negocio (LOEP, arts. 4, 11 y 18; LOSNCP, art. 99).Sobre los errores dogmáticos en la formulación de los cargos: La solicitud de enjuiciamiento político pretendió fundar el “incumplimiento de funciones” en la cita de cláusulas y principios constitucionales abstractos, inobservando que la responsabilidad política de los ministros de Estado deriva exclusivamente de los deberes específicos asignados por la ley (LOFL, art. 78, inc. 2). Asimismo, la acusación incurrió en una errónea equiparación entre las funciones de rectoría sectorial de la política pública y la gestión operativa empresarial de las empresas públicas adscritas.Sobre la imposibilidad temporal y la inexistencia de omisión: Quedó plenamente acreditado mediante la prueba de oficio (resolución n.º 012-CEPFYCP-2025-2027) que el desembolso del 60 % del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16:39 del 9 de octubre de 2024, horas antes de que el encargo ministerial de la procesada se registrara en el sistema Minka (18:42). De igual forma, se desvirtuó la omisión en la fiscalización al probarse la interposición de denuncias penales por delincuencia organizada y la reconvención arbitral por USD 131 millones impulsadas por la administración.Sobre la insuficiencia e ineficacia de la prueba de cargo: La prueba testimonial de cargo anunciada no fue evacuada por la no comparecencia de los testigos, teniéndose por inexistente. A su vez, las declaraciones testimoniales practicadas y el material informativo presentado carecen de la cualificación pericial y conducencia requeridas para fundar una infracción, no habiéndose aportado elementos de juicio que demuestren transgresión legal alguna.Sobre la falta de méritos del “apéndice” de obstrucción: Las alegaciones sobre una supuesta interferencia al control político carecen de respaldo pericial y sustento normativo, no habiéndose probado acto alguno de la exministra que haya impedido la fiscalización parlamentaria. Por ende, este cargo carece de mérito fáctico y jurídico.Conclusión general de improcedencia: Al no haberse demostrado el incumplimiento de funciones constitucionales o legales imputado a la abogada Inés María Manzano Díaz, el proceso de enjuiciamiento político adolece de una absoluta falta de méritos e insuficiencia probatoria de cargo.El legislador Luigi García (ADN) fue el encargado de sustentar la moción para acoger el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomienda el archivo del pedido de juicio político.PublicidadPublicidadDurante su intervención, García sostuvo que no existe un nexo causal ni correspondencia entre las funciones legales atribuidas a la entonces ministra Inés Manzano y los hechos denunciados. Afirmó que la exfuncionaria no tuvo injerencia ni participación en las etapas precontractual y contractual del proceso, ni en el desembolso de recursos públicos vinculados al contrato cuestionado.La asambleísta Ana Herrera señaló que los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) no participaron en la elaboración del informe, aunque presentaron sus observaciones. Agregó que su bloque considera que el juicio político no debe archivarse, ya que, a su criterio, durante la sustanciación del proceso se incorporaron pruebas suficientes que establecerían la responsabilidad de la exfuncionaria en los hechos denunciados relacionados con la suscripción del contrato entre Celec EP y la empresa Austral Technical Management (ATM).(I)