Empresas destinaron 19 billones a la inversión social y ambiental, pero el gasto social cayó un 16 por ciento en tres años

NoticiaLa inversión ambiental de empresas creció un 45 % en tres años, pero cambió la prioridad del gasto según el estudio del IISAEPresentación del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) Foto: CEETPERIODISTA23.07.2026 18:29 Actualizado: 23.07.2026 18:29

Las empresas más grandes de Colombia destinaron durante 2025 cerca de $19 billones a inversiones sociales y ambientales, de los cuales alrededor de 9 billones de pesos correspondieron a programas sociales y 10 billones de pesos a iniciativas ambientales. Sin embargo, detrás de ese monto hay un cambio en las prioridades de las compañías: mientras la inversión ambiental aumentó un 45 por ciento en los últimos tres años, la inversión social se redujo un 16 por ciento frente a los niveles de 2022. LEA TAMBIÉN Ese es el principal hallazgo de la décima edición del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), presentado durante la Quinta Cumbre de Inversión Social y Ambiental Privada, que se realizó el 23 y 24 de julio en Hall 74, en Bogotá. El estudio, elaborado por Arteaga Latam con el apoyo de la Universidad de los Andes, ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá, ProRinoquia, ProPacífico y ProSantander, reunió información de 318 empresas pertenecientes a 15 sectores económicos, cuyas ventas representan el 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano y que generan más de 8 millones de empleos directos.Jaime Arteaga , director general de Artega Latam: Foto:CEETJaime Arteaga, director general de Arteaga Latam, explicó que la investigación completa una década de seguimiento sobre la manera en que las compañías administran estos recursos.'Es la décima vez que medimos la inversión social y ambiental. Nos concentramos en ver cómo las empresas ejecutan y gestionan esos recursos. Las 1.000 compañías más grandes de Colombia estimamos que invierten cerca de 9 billones de pesos en inversión social y 10 billones de pesos en inversión ambiental al año. En la medida en que las empresas mejoren esa gestión habrá más impacto', afirmó.El estudio muestra que la diferencia entre ambos tipos de inversión se ha venido ampliando. Solo entre 2024 y 2025, la inversión ambiental aumentó un 13 por ciento, mientras que la social disminuyó un 3 por ciento, consolidando una tendencia que comenzó hace cuatro años.Arteaga insistió en que el comportamiento de ambos indicadores no debe interpretarse como una competencia entre prioridades.'La inversión ambiental ha venido creciendo y la inversión social ha venido decreciendo. Ninguna de las dos es una respuesta correcta. La inversión social tiene un enfoque en grupos vulnerables, en temas de desarrollo e infraestructura. La inversión ambiental nos ayuda a proteger uno de los patrimonios más importantes que tenemos', señaló.La inversión social llega a más municipios, mientras la ambiental sigue concentradaAunque la inversión ambiental representa hoy un volumen mayor de recursos, el informe muestra que su alcance territorial continúa siendo inferior al de la inversión social.Durante 2025, las inversiones sociales de las empresas participantes llegaron a un 98 por ciento de los municipios colombianos, mientras que las ambientales alcanzaron únicamente un 64 por ciento del territorio nacional.Arteaga explicó que esta diferencia responde, en buena parte, a la naturaleza de los recursos.'La inversión social llega a un 98 por ciento de los territorios de Colombia, mientras la inversión ambiental solo llega a un 60 por ciento de los territorios del país, y muy poco o nada llega a la Amazonía, al Chocó Biogeográfico, a la Orinoquía y a otros ecosistemas estratégicos', indicó.Según explicó, esto ocurre porque la mayor parte de los recursos ambientales responde al cumplimiento de obligaciones legales.Los resultados del IISAE muestran que un 81 por ciento de la inversión social es voluntaria, mientras apenas un 19 por ciento corresponde a obligaciones normativas. En contraste, un 58 por ciento de la inversión ambiental está asociada al cumplimiento de exigencias regulatorias y solo un 42 por ciento responde a decisiones voluntarias de las empresas.En materia social, los principales destinos de la inversión fueron programas de desarrollo socioeconómico, educación e investigación, desarrollo rural, deporte y recreación. En el componente ambiental, las prioridades ambientales fueron la protección del recurso hídrico, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los proyectos de economía circular.El estudio también muestra que las empresas destinaron 482.000 millones de pesos a la inversión social en municipios PDET, aunque únicamente un 15 por ciento de las compañías participantes ejecutó proyectos en estas zonas priorizadas por el Estado tras el acuerdo de paz.Para Arteaga, mantener la presencia empresarial en esos territorios continúa siendo un asunto prioritario.'Las empresas invierten cerca de medio billón de pesos al año en los municipios PDET. Mantener el interés y las políticas de inversión en esos territorios es fundamental para el sector empresarial, independientemente de la discusión que exista sobre las políticas de paz', afirmó.Presentación del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) Foto:CEETEmpresas plantean incentivos tributarios y reconocen retos en equidad y medición del impactoDurante la presentación del estudio, Arteaga propuso crear un régimen tributario especial orientado a incentivar la inversión privada en las zonas más afectadas por el conflicto armado.La primera propuesta consiste en aumentar el cupo del mecanismo de obras por impuestos, que actualmente asciende a 1,3 billones de pesos, hasta alcanzar 4 billones de pesos.'Obras por impuestos se ha convertido en uno de los mecanismos tributarios más usados. Colombia aguanta un cupo de cuatro billones de pesos', afirmó.Recordó además que una evaluación del Departamento Nacional de Planeación encontró que las obras ejecutadas bajo este mecanismo presentaron costos inferiores y menores tiempos de ejecución frente a la contratación pública tradicional.La segunda propuesta busca permitir que las empresas puedan descontar del impuesto de renta un 10 por ciento de las compras realizadas a proveedores ubicados en municipios PDET.La tercera plantea trasladar los beneficios tributarios actualmente dirigidos a los vehículos eléctricos hacia los transportadores de carga de esas regiones.'La persona que compra un vehículo eléctrico recibe beneficios tributarios importantes. Esos incentivos deberían dirigirse a transportadores de carga de municipios PDET', señaló.La cuarta iniciativa propone declarar a Tumaco y Buenaventura exentos del impuesto de renta y del IVA durante 25 años, con el propósito de atraer nuevas inversiones empresariales.Presentación del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) Foto:CEETEl informe también identifica desafíos internos para las compañías.En materia de equidad de género, la participación femenina en cargos directivos pasó de un 33 por ciento en 2019 a un 37 por ciento en 2025, un aumento de cuatro puntos porcentuales en seis años. Los sectores con mayor representación de mujeres son salud, cajas de compensación, financiero, educación superior y servicios y comercio, mientras que industria, transporte y logística, servicios públicos y minería presentan los menores niveles.En diversidad e inclusión, un 82 por ciento de las empresas cuenta con políticas para prevenir la discriminación, pero solo un 65 por ciento las ha socializado y apenas un 41 por ciento dispone de herramientas para evaluar su implementación. La menor cobertura corresponde a personas LGBTIQ+, con un 67 por ciento, y a población en proceso de reintegración o víctimas del conflicto, con un 23 por ciento.Otro de los resultados señala que únicamente un 36 por ciento de las empresas evaluó el impacto de sus inversiones sociales y ambientales durante 2025 y solo un 16 por ciento midió el retorno de la inversión social mediante metodologías SROI, cifras inferiores a las registradas un año antes.El IISAE también evidenció una reducción en las alianzas con el sector público y las comunidades para desarrollar proyectos sociales y ambientales, después de varios años de crecimiento.En cuanto a estándares de sostenibilidad, el Global Reporting Initiative (GRI) continúa siendo el sistema de reporte más utilizado por las empresas participantes, mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la guía de gestión socioambiental adoptada por un 87 por ciento de las compañías. No obstante, solo un 38 por ciento cuenta con un centro de costos exclusivo para inversiones ambientales y el uso de certificaciones y sellos ambientales continúa siendo limitado.Durante la cumbre, Arteaga también hizo un llamado para ampliar otros mecanismos de financiación de proyectos.'Todas las empresas deberíamos unir esfuerzos para pedir que se suban los cupos de mecanismos que han mostrado ser exitosos, como obras por impuestos y Cocrea. Las empresas quieren participar más en la construcción de lo público', afirmó. LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.