Rescatistas esperan cerca de escombros luego de un aviso de una supuesta señal de vida de una persona atrapada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, este jueves en Caraballeda (Venezuela).Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Un mes después de los terremotos, la tragedia en Venezuela ya no puede explicarse únicamente por la magnitud de la destrucción, pues también está hecha de aquello que el Estado no permite saber. Mientras las autoridades actualizan de manera fragmentaria el número de personas fallecidas, muchas familias siguen sin saber dónde está la persona que buscan, mientras tampoco se conoce cuántas personas continúan reportadas como desaparecidas, cuántas permanecen bajo los escombros ni cuántas personas fallecidas siguen pendientes de identificación, una incertidumbre que prolonga el desastre y mantiene suspendidos tanto el derecho a la verdad como la posibilidad misma del duelo.El balance oficial más reciente elevó a 5.278 el número de personas fallecidas, pero no actualizó las cifras necesarias para evaluar la búsqueda y la identificación. La única información pública disponible sobre este punto fue divulgada el 11 de julio, cuando Jorge Rodríguez afirmó que 315 de las 4.333 personas entonces contabilizadas como fallecidas no habían sido identificadas. No existe una auditoría independiente que permita concluir que ese dato es correcto ni información posterior sobre su evolución, de modo que solo puede afirmarse que el propio Estado admitió cientos de identificaciones pendientes, no que haya demostrado la magnitud real de la situación ni la integridad de las medidas que asegura haber adoptado.Las personas reportadas como desaparecidas y las personas fallecidas pendientes de identificación constituyen categorías distintas, aunque el cruce entre ambos registros resulta indispensable para establecer si existe correspondencia entre ellas. Rodríguez sostuvo que no se publicaba una cifra actualizada de personas desaparecidas porque no podía trabajar con especulaciones, aunque esa explicación invierte la función de un registro de búsqueda. Registrar a una persona no localizada no significa declararla fallecida, sino recibir el reporte, verificar su identidad, eliminar duplicados, cruzar información de hospitales, refugios y centros forenses e informar si fue localizada con vida, identificada entre las personas fallecidas o continúa siendo buscada. La incertidumbre no invalida el registro, sino que constituye el hecho que obliga a crearlo y mantenerlo actualizado.Tampoco se ha explicado qué organismo concentra la información, con qué periodicidad cruza sus bases, cómo corrige duplicaciones o qué vía permite a una familia consultar un caso sin comenzar de nuevo ante cada institución. En un desastre abierto, denominación técnica utilizada por INTERPOL cuando se desconoce cuántas personas pudieron fallecer, ocultar el proceso detrás de una cifra final impide evaluar tanto la magnitud del daño como la diligencia de la respuesta.Ninguna familia debería buscar solaLa identificación comienza en el lugar de recuperación y, por tanto, no puede separarse de las condiciones en las que se recupera a las personas fallecidas. Durante los primeros días, residentes y voluntarios trabajaron entre los escombros con herramientas rudimentarias, mientras la presencia oficial era limitada, faltaba maquinaria y se reportaban retrasos en el despliegue, confusión en la cadena de mando y carencias de vehículos y equipos básicos. Semanas después, algunas familias todavía asumían directamente la recuperación de sus familiares y varios vecinos discutían reunir su propio dinero para alquilar la maquinaria que las autoridades no habían proporcionado.La recuperación tardía no es solo una consecuencia inevitable de la magnitud del daño, porque también refleja decisiones sobre coordinación, asignación de recursos y continuidad de las operaciones una vez disminuye la posibilidad de encontrar sobrevivientes. La obligación estatal no termina con la fase de rescate con vida y la remoción de escombros no puede adelantarse como si debajo de las estructuras no existieran personas por recuperar ni evidencia necesaria para identificarlas. Ninguna familia debería convertirse en brigada de rescate, financiar una grúa o exponerse a una operación peligrosa para obtener una respuesta que corresponde producir a las instituciones.La muerte de una persona no extingue las obligaciones estatales relacionadas con el trato digno de sus restos, su identificación y la restitución de esos restos a sus familiares. Estos deberes preservan la identidad de quien falleció y garantizan a la familia el acceso a información cierta, la posibilidad de despedirse y las condiciones necesarias para el duelo. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte además que una gestión inadecuada puede impedir la identificación y hacer que una persona fallecida continúe figurando como desaparecida para sus familiares y en los registros.A estos deberes se suman derechos propios de las familias, entre ellos conocer la suerte y el paradero de quien buscan, recibir información fiable, practicar sus convicciones religiosas y culturales, acceder a documentos civiles y no permanecer indefinidamente sometidas a una búsqueda sin respuesta. La identificación permite realizar los ritos correspondientes y resolver asuntos de custodia, herencia, pensiones y seguridad social, pero su dimensión más profunda es hacer posible un duelo que el Estado puede bloquear cuando pierde la trazabilidad, entrega información contradictoria u obliga a una familia a aceptar una muerte que nadie ha comprobado.El costo de no saberLa tragedia de Vargas de 1999 dejó una lección que Venezuela no puede ignorar. Mientras algunos registros documentaron poco más de 500 personas fallecidas y 300 desaparecidas, otras estimaciones hablaron de miles o incluso decenas de miles de víctimas, sin que esa enorme diferencia fuera esclarecida oficialmente. No existen pruebas suficientes para afirmar que las cifras fueron reducidas deliberadamente, pero sí de falta de sistematización, desinterés institucional y manejo político de la información. En 2026, negarse a actualizar el número de personas desaparecidas resulta aún menos justificable, porque existen protocolos de búsqueda e identificación precisamente para transformar la incertidumbre en información oficial, contrastable y transparente.Ante la ausencia de un registro oficial verificable, iniciativas de la sociedad civil crearon espacios para recibir reportes de personas desaparecidas, comunicar localizaciones y depurar duplicaciones. Estas plataformas demuestran capacidad social, pero también revelan la transferencia de funciones públicas hacia quienes no tienen acceso institucional a hospitales, registros de identidad y expedientes forenses. Expertos de Naciones Unidas confirmaron que organizaciones y redes vecinales participaban en la búsqueda, la identificación y la provisión de servicios, mientras las restricciones legales y financieras obstaculizaban su trabajo. La sociedad civil no debe ser celebrada únicamente por suplir al Estado, porque esa narrativa normaliza el abandono institucional, sino protegida como actor humanitario y veedora independiente de la respuesta.La urgencia no justifica la opacidadLa idea de que la rendición de cuentas debe flexibilizarse durante una emergencia resulta especialmente peligrosa en Venezuela. En marzo de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos concluyó que la maquinaria represiva permanecía operativa, mientras expertos de Naciones Unidas pidieron después de los terremotos evitar la repetición de patrones represivos contra las iniciativas ciudadanas. Las instituciones que restringieron el espacio cívico, ocultaron detenciones y persiguieron a quienes documentaban abusos no se transforman en autoridades confiables por la sola declaración de una emergencia.La catástrofe amplía la discrecionalidad estatal, concentra información, acelera contrataciones e incrementa la presencia militar, de modo que el control público debe aumentar en la misma proporción. La respuesta requiere un registro único consultable por las familias, con categorías diferenciadas para personas reportadas, localizadas con vida, fallecidas identificadas y fallecidas pendientes de identificación, además de protocolos públicos, acceso desde el exterior, cooperación forense internacional y supervisión independiente.El escrutinio también debe alcanzar la forma en que el Estado cuenta y caracteriza a las personas afectadas. Los registros deben incluir información sobre sexo, edad, discapacidad y otras condiciones relevantes de las personas fallecidas, heridas, desaparecidas o desplazadas, pues su ausencia impide conocer quiénes enfrentaron mayores barreras de evacuación y rescate, dónde aumentaron los riesgos de violencia o pérdida de cuidados y qué medidas deben adoptarse durante la recuperación. El Marco de Sendái y la Recomendación General 37 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exigen producir información desagregada, ya que publicar únicamente un total nacional puede ocultar desigualdades y hacer desaparecer de las estadísticas a quienes ya sufrían discriminación antes del desastre.Contar e identificar a quienes fallecieron, así como comprender las afectaciones diferenciadas del desastre, no es una concesión a las familias ni una tarea secundaria frente a los derechos de quienes sobrevivieron. Recuperar, identificar y restituir a una persona forma parte de una misma respuesta fundada en dignidad, verdad e información. Tras un mes de los terremotos, Venezuela no necesita menos escrutinio en nombre de la rapidez, sino mucho más para impedir que la urgencia vuelva a justificar la opacidad y que, como ocurrió después de Vargas, el país permanezca durante décadas sin saber con precisión a quiénes perdió.👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. 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