Mientras promete acelerar la construcción de obras inconclusas, el gobierno de Venezuela busca espacios para ubicar a los damnificados.“Ante todo, un saludo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista”. Así comienza la comunicación que recibió este 17 de julio Alexis Veroes, representante legal del Fondo Social de Ayuda al Anciano.Completada la introducción, el texto firmado por la alcaldía de Sucre, municipio que conforma el área metropolitana de Caracas, le solicita a Veroes “la entrega voluntaria del inmueble denominado ‘Casa de los Abuelos’”, ubicado en el casco histórico de Petare, uno de los barrios populares más grandes de América Latina.Fundamentan la petición en el decreto de emergencia firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras el doblete sísmico del 24 de junio. Las autoridades locales indican en la carta que utilizarán esos espacios para “albergar transitoriamente a ocho adultos mayores en situación de vulnerabilidad, una cifra que se prevé incrementar progresivamente en los próximos días”.PUBLICIDADPero para solucionar un problema, los funcionarios han creado otro. Los adultos mayores que regularmente usan la “Casa de los Abuelos” en Petare para desarrollar distintas actividades, rechazan la intervención y exigen al alcalde chavista Diógenes Lara que respete sus derechos, en un conflicto que deja en evidencia los peligros del decreto de emergencia suscrito por Rodríguez.Veroes señala que su fundación sin fines de lucro está activa desde 1994 y que en 2008 recibieron la casa en donación por parte de la alcaldía de Sucre. Sin embargo, desde octubre de 2025 las autoridades locales desplegaron una serie de medidas para tratar de tomar el inmueble.PUBLICIDADLos abuelos resistieron y la presión cedió, hasta que ocurrieron los terremotos. El artículo 6 del decreto de emergencia apunta que el Ministerio de Interior podrá dictar y ejecutar “la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos y privados, lotes de terreno o áreas que se requieran para la atención de la población y sectores afectados. Asimismo, podrá ejecutar, o hacer ejecutar, las requisiciones de bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población afectada”.El balance oficial del terremoto habla de 856 edificios afectados y 190 colapsados.La ONG Acceso a la Justicia ha advertido que un acto administrativo “no tiene la jerarquía jurídica para restringir Derechos Humanos como el derecho a la propiedad”. Los activistas sociales apuntan que “lamentablemente, el decreto transformó una medida de protección civil en un acto que vulnera garantías ciudadanas”.PUBLICIDADLos afectados han decidido asumir ellos mismos la defensa de sus instalaciones. “La lucha la van a encabezar los abuelos”, cuenta Veroes. Papeles en manos, los adultos mayores dicen que su casa es un bien privado y que nadie se las puede arrebatar por la fuerza.En una asamblea en la que participaron unos 70 abuelos que exponían sus argumentos para continuar en el inmueble, una señora exhortó a sus compañeros: “¡Agárrense duro y no se muevan!”.