AnálisisEl ente acusador imputó cargos a ocho presuntos integrantes de la organización y reveló cómo se simulaban las operaciones comerciales.Lili Pink Foto: Google maps / CortesíaPERIODISTA JUDICIAL23.07.2026 08:08 Actualizado: 23.07.2026 08:22

Tras el proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía contra al menos 300 comercios de Lili Pink, el ente acusador les imputó cargos a ocho de los implicados en el presunto entramado de contrabando y lavado de activos que operaba tras la fachada de la marca. En la audiencia, la Fiscalía destapó nuevos detalles sobre esta red criminal que, según la investigación, operó durante más de una década bajo la fachada de las marcas Lili Pink y Yoi.El proceso arrancó tras una denuncia presentada por la Dian, que alertó sobre posibles irregularidades en las operaciones de comercio exterior de Faz Moda S.A.S. y otras sociedades del mismo grupo empresarial, entre ellas Innova Quality y Pink Life, hoy liquidadas.Según la Fiscalía, las pesquisas permitieron establecer que desde 2013 se habría conformado una organización criminal transnacional dedicada a importar mercancía de contrabando, dándole apariencia de legalidad.De acuerdo con la imputación, el esquema se valió de sociedades en Panamá y Colombia que controlaban toda la cadena comercial: la importación de la ropa, juguetes y productos cosméticos hasta su venta final en establecimientos comerciales, que también eran propios. Y, finalmente, el envío de las utilidades al exterior.Ocho implicados en caso Lili Pink no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía Foto:Archivo Particular."La organización se dedicó a la realización de operaciones de comercio exterior dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional", sostuvo la fiscal durante la diligencia.Empresas de papel y sociedades en PanamáLa Fiscalía aseguró que la estructura creó y liquidó empresas de manera sucesiva para ocultar quiénes ejercían el verdadero control financiero del negocio. Según explicó, las sociedades panameñas controlaban el 100 % de las acciones de las comercializadoras en Colombia, sino que además figuraban como destinatarias finales de los recursos obtenidos con la venta de la mercancía.Entre esas compañías mencionó Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A., mientras que en Colombia identificó un grupo de sociedades que, presuntamente, servían como importadoras y otras que actuaban como proveedores de papel.De acuerdo con la investigación, quienes aparecían formalmente como representantes legales no eran los verdaderos administradores del negocio."Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son en realidad personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa", afirmó la fiscal.Un grupo familiar al mandoLa Fiscalía señaló que la organización era liderada por el ciudadano Max Marvin Abadi Harari y su hijo David Max Abadi, quienes, según el ente investigador, coordinaban la estructura junto con varios colaboradores en Colombia, Panamá y Nicaragua.En la audiencia también se indicó que el ciudadano Walter Francisco Martínez ya había sido capturado y judicializado en abril de este año dentro del mismo proceso.Según la imputación, las sociedades comercializadoras reportaron operaciones superiores a los 783.000 millones de pesos.La Fiscalía aseguró que parte de esos recursos —más de 430.000 millones de pesos— fueron enviados al exterior mediante cuentas de compensación, mientras quela otra parte habría sido utilizada para adquirir bienes inmuebles en Colombia.El ente acusador también afirmó que la organización habría obtenido un incremento patrimonial injustificado por más de 442.000 millones de pesos producto del supuesto esquema de lavado de activos.Uno de los pilares de la imputación es la existencia de inconsistencias entre los reportes contables de las distintas empresas que hacían parte del grupo.Max Abadi, uno de los empresarios detrás del entramado societario de Lili Pink. Foto:EL TIEMPO/ Archivo ParticularLa Fiscalía aseguró que varias sociedades reportaban cuentas por cobrar, cuentas por pagar, costos y deudas que no coincidían con los registros de las demás compañías, lo que, a su juicio, evidenciaría operaciones ficticias para justificar el origen del dinero."Estas empresas eran constituidas con la finalidad de reportarse entre sí unos gastos, costos y deducciones que realmente nunca existieron", aseguró la fiscal durante la diligencia.Doble marquilla y empresas panameñasProcedimientos de aprehensión y decomiso realizados por la Dian a mercancía importada por Faz Moda entre 2022 y 2024, valorada en más de 54.536 millones de pesos, permitió destapar detalles de cómo maquillaban los productos de contrabando.Según la Fiscalía, durante esas inspecciones la autoridad aduanera encontró mercancía cuya información no coincidía con las declaraciones de importación o que no tenía los documentos necesarios para acreditar su ingreso legal al país.Entre las irregularidades mencionadas aparecen declaraciones de importación con espacios en blanco o diligenciadas a mano, productos con doble marquilla, prendas en las que se retiraban las etiquetas originales de fábrica para reemplazarlas por otras que decían "Diseño colombiano distribuido por Faz Moda", e incluso artículos que simultáneamente tenían etiquetas con las leyendas "Hecho en Colombia" y "Hecho en China".Revelan que directivos de Lili Pink sabían de redada en las tiendas. Foto:REDES SOCIALESLa Fiscalía también aseguró que encontró cajas marcadas como fabricadas en Colombia cuyo contenido era mercancía de origen extranjero, productos con dos marcas diferentes, referencias que identificaban artículos distintos y mercancía con dos importadores diferentes."Hallazgos que pretendían dar apariencia de legalidad a unas mercancías de origen extranjero, haciéndolas pasar por mercancía nacional", sostuvo la fiscal durante la audiencia.Las sociedades bajo la lupaOtro de los pilares de la imputación es el supuesto papel que desempeñaban varias sociedades constituidas en Panamá. La Fiscalía aseguró que empresas como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., One Boy S.A. y Betsy Blue S.A. compartían un mismo patrón de funcionamiento.Según el ente acusador, la mayoría fueron constituidas con capitales de 10.000 dólares, tenían objetos sociales amplios que luego fueron modificados para incorporar actividades relacionadas con importaciones y exportaciones, y compartían directivos y beneficiarios vinculados al mismo núcleo familiar. La investigación señala que Bismarck Hernández figuró como presidente o director de varias de esas sociedades, mientras que Raquel Osmani e Ivette Osmani, familiares de David Abadi, aparecían como directivas en distintas compañías. La Fiscalía agregó que la beneficiaria final de varias de ellas era Joyce Abadi Osmani, hija de Max Marvin Abadi, señalado como el presunto líder de la organización.Incluso, el ente acusador advirtió que varias de esas sociedades no registraban productos financieros que respaldaran las operaciones comerciales que declaraban realizar, pese a que modificaron sus objetos sociales para desarrollar actividades de importación y exportación.Allanamiento a Lili Pink. Foto:Fiscalía General de la Nación"Como se puede evidenciar, todas las sociedades panameñas tienen el mismo comportamiento en común. Primero ingresa Bismarck Malakilla Hernández; posteriormente se cambia el objeto social de acuerdo con las necesidades que tienen realmente estas empresas (...) para finalmente demostrarse el control a través del grupo familiar", sostuvo la fiscal durante la audiencia.Los delitos imputadosCon base en esos elementos, la Fiscalía les imputó a los ocho procesados los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.