Lili Pink habría ayudado a lavar más de COP 730.000 millones, según la FiscalíaFoto: FiscalíaResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00La Fiscalía General le imputó cargos a ocho personas señaladas de liderar una presunta estructura dedicada al contrabando y al lavado de activos. Según el ente investigador, esa organización tenía como fachada a la reconocida empresa bogotana de ropa interior Lili Pink. Durante la audiencia de imputación de cargos, realizada en la tarde de este 21 de julio, las ocho personas no aceptaron cargos. Entre ellos está Max Marvin Abadi Harari (cofundador de la compañía), Merlín Roxana Mendoza Arias, David Max Abadi Homsani (hijo del cofundador), Luz Adriana López López, Jonnatan Villamil Soler, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Lorena Bernal Castro y Malaquilla Bismar Hernández (reconocido empresario nicaragüense).Según detalló el ente investigador, estas personas habrían integrado una estructura que utilizó empresas fachada para ingresar mercancía al país y ocultar el origen de recursos millonarios.El pasado 27 de abril, el ente investigador adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa esta marca bogotana. Asimismo, realizó varias capturas. Entre las personas detenidas está el abogado Walter Martínez Martínez, a quien el ente investigador le imputó, el pasado 14 de mayo, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Sin embargo, el capturado, quien presenta problemas de salud, no aceptó los cargos. En ese momento, cuando la Fiscalía ocupó los locales de Lili Pink señaló que se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.Para la Fiscalía, la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por más de COP 730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones y hechos de contrabando que superarían los COP 75.000 millones.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: