El Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de enero de 2026 los requisitos y las condiciones mínimas que requerían las personas beneficiarias del grado III+ de dependencia, una línea creada para los pacientes de la ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Dos meses más tarde, en marzo, la Consejería de Inclusión Social anunciaba que Andalucía abría el trámite para pedir estas ayudas, y fue entonces cuando Teresa, pseudónimo, vio los cielos abiertos: por fin podía pedir la subvención para su padre, J. Con 68 años, vive postrado en la cama y conectado a un respirador que le ayuda a resistir. Sin embargo, necesita atención las 24 horas del día y, aunque su hija ha removido cielo y tierra para lograr la financiación, el plazo de tres meses máximo ha expirado sin una respuesta de la administración.
“Iniciamos el proceso para la dependencia e incapacidad desde 2021 y ya en 2024 teníamos el diagnóstico neurodegenerativo en firme”, relata Teresa desde Granada a través de una videollamada tras haber lanzado un comunicado a través de varios correos electrónicos pidiendo que se dieran eco de su caso. “Tenemos un poco de ayuda, pero todo ha sido por las reclamaciones constantes y, además, se nos niega un fisioterapeuta a domicilio cuando la ley lo contempla”, motivo por el que acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de apoyo.
