Noticia Los cambios se adelantaron poco antes del cambio de Gobierno y los sindicatos denuncian falta de transparencia en los procesos. La movilización continúa luego de que no se alcanzaran acuerdos en la mesa de diálogo entre los sindicatos y las directivas de la entidad. Foto: MAURICIO MORENO22.07.2026 16:22 Actualizado: 22.07.2026 16:22
Desde la tarde del lunes 20 de julio, decenas de escoltas y representantes de sindicaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) instalaron campamentos frente a la entidad. Aunque la manifestación comenzó esta semana, el descontento venía acumulándose desde hace meses por la expedición de decretos que cambian los requisitos para ingresar como escolta y una contratación por $78,000 millones a pocos días de la posesión del nuevo Gobierno. La principal razón es el descontento con el Decreto 0670 de 2026 que modificó los requisitos para el cargo de Oficial de Protección (escolta). Antes de este decreto, para aspirar a ese cargo se exigía como mínimo un título de formación técnica profesional, además de dos años de experiencia relacionada. Con el nuevo decreto, esos requisitos bajan de forma considerable, ahora basta con tener título de bachiller y acreditar seis meses de experiencia en labores de protección. Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto:EL TIEMPO/ Archivo ParticularEse descontento se exacerbó porque pocos meses antes se habían expedido los decretos 019 y 020 de 2026, mediante los cuales se reorganizó la estructura de la UNP y amplió significativamente su planta de personal, creando más de 6.000 nuevos puestos apenas semanas antes de la llegada del nuevo Gobierno.El Decreto 019 de 2026 reorganizó la estructura administrativa de la UNP y creó dependencias especializadas en prevención, evaluación de riesgos y ciberseguridad.Por su parte, el Decreto 020 de 2026 bajo la premisa de que "la entidad ha iniciado un proceso de modernización institucional” amplió la planta de personal de la entidad, creando 6.870 empleos de planta, de los cuales 1.170 corresponden a cargos que ya existían en una planta temporal creada en 2024 y que ahora pasan a ser permanentes, mientras que los 5.700 restantes son empleos completamente nuevos.Dentro de esa ampliación 6.310 cargos corresponden al Oficial de Protección (los mismos a los que el Decreto 0670 les flexibiliza los requisitos de ingreso).Vistos en conjunto, los tres decretos alimentan la sospecha de que se estaba preparando el terreno para nombramientos masivos y poco exigentes justo antes del cambio de gobierno, lo que explica por qué su cronología resulta tan llamativa para los trabajadores de la entidad.Para Giovanni Gallo, representante del sindicato Analtraseg, este proceso representa "contratos a dedo" que solo buscan beneficiar a "desmovilizados y allegados al director" señalando además que no se ha indicado cómo será la postulación por que sostiene que el proceso "no ha sido transparente, ni claro". Gallo también llama la atención sobre el hecho de que la medida se produce a solo pocos días de que salga el actual Gobierno, por lo que considera que buscan dejar "amarrados" los contratos antes de irse. .Decreto por el que se modifican los requerimientos para ser Oficial de Protección Foto:DAPREEl proceso de contratación del servicio de protecciónAl descontento se suma el proceso de contratación PSA-UNP-054-2026 con un presupuesto de alrededor de $78.000 millones. La millonaria licitación tiene por objeto "provisión e implementación de personas de protección" y según el clasificador de servicios, los perfiles corresponden a "Seguridad y Protección Personal" y "Servicios de Guardias".El proceso originalmente buscaba cubrir diez zonas geográficas. El problema es que, sobre la marcha, la convocatoria se modificó para reducir su alcance a solo tres zonas (las zonas 1, 2 y3), sin que quede claro qué llevó a esa decisión. Esto es justamente lo que más dudas genera, ya que al concentrar el proceso en menos zonas, automáticamente se reduce también el universo de empresas que pueden competir.En la práctica, es lo que denuncian los trabajadores ya que solo un puñado de empresas quedaría en condiciones de aspirar al contrato de $78.000 millones, lo que alimenta la sospecha de que el recorte de zonas no fue un simple ajuste técnico, sino una forma de acotar la competencia para favorecer a esas pocas compañías que sí cumplen los requisitos (el mismo patrón de "contratación a la medida" que ya denunciaban los sindicatos).Las alarmas ya las había encendido el presidente electo, Abelardo de la Esperilla en donde a través de un comunicado le ordenó a su ministro del Interior, Rodrigo Lara: “presentar una solicitud formal ante el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales de vigilancia preventiva, intervenga de manera urgente e indispensable en varios procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP)”Esquema de seguridad de la UNP Foto:Sergio Acero/El TiempoAsimismo, porque este proceso de contratación “impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros”El cierre de la convocatoria del proceso de licitación estaba fijado para el 1 de julio de 2026. Sin embargo, el 17 de julio una jueza del Juzgado Quinto Penal del Circuito de la ciudad de Pereira suspendió provisionalmente la licitación tras admitir una tutela presentada por un escolta, quien alegó que el proceso aplicaba criterios desiguales entre las zonas geográficas y ponía en riesgo su estabilidad laboral. Ante la cercanía de la adjudicación, la juez ordenó frenar el proceso mientras estudia el caso. La respuesta de la UNP Frente al proceso de formalización laboral que crea más de 6.000 empleos la UNP respondió: "Es importante precisar que la creación de los empleos mediante el decreto es distinta al proceso de provisión de estos." y explicó que la entidad está agotando la etapa de encargos, un mecanismo legal que busca garantizar el ascenso y la movilidad del personal de carrera, tanto administrativo como misional. Por ahora no se ha efectuado ningún nombramiento en provisionalidad.Frente al proceso de contratación de los servicios de protección por más de $78,000 millones, la UNP explicó que la reducción de las diez zonas a solo las 1 y 2 se debe “a la disponibilidad parcial de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público” y explicó que factores como la no aprobación de la reforma tributaria y restricciones fiscales han causado demoras en el flujo de dinero.Además, de que si no se hace el proceso, la nueva administración no va a tener tiempo suficiente para un proceso ordinario y se verían obligados a recurrir a la contratación directa por urgencia manifiesta.Natalia Peláez Sabogal Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO Redacción JusticiaConozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
