El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger trabaja en los detalles finales para enviar el proyecto al Congreso. (Foto crédito: Reuters)El Gobierno prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y abarca modificaciones profundas en áreas como el régimen de corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa por seis meses y otorga al Poder Ejecutivo facultades para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y cualquier restricción que distorsione la libre competencia en actividades no reguladas como servicios públicos. Esta medida busca que el Ejecutivo pueda intervenir rápidamente para suprimir obstáculos administrativos y estimular la apertura de los mercados.PUBLICIDADUna de las iniciativas centrales es la digitalización integral en diversos sectores. El texto promueve la transición digital, permitiendo la venta de medicamentos a través de canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable. Esta herramienta unificará la publicidad de prendas y warrants en todo el país, facilitando los trámites y la transparencia en operaciones financieras y comerciales.El anteproyecto prohíbe de manera explícita cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). Además, elimina restricciones al ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos, comisiones con pisos o topes máximos. Estas modificaciones buscan fortalecer la libre competencia y reducir la injerencia estatal en la regulación de actividades económicas.PUBLICIDADEn el ámbito logístico, la iniciativa habilita a buques de bandera extranjera a realizar actividades de cabotaje nacional, es decir, el transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. También se eliminan las restricciones de nacionalidad para el traslado de contenedores vacíos y elementos de logística portuaria. Con esta disposición, el Gobierno apunta a incrementar la competitividad logística y facilitar la operatoria portuaria.El sector agroindustrial y el farmacéutico figuran entre los más afectados por el anteproyecto. El texto deroga la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, transforma en voluntarias las contribuciones obligatorias al IPCVA y permite la comercialización de medicamentos de venta libre en establecimientos comerciales generales, más allá de las farmacias. Esto amplía las alternativas para productores rurales y modifica el esquema de acceso a medicamentos, que hasta ahora se encontraba restringido al canal farmacéutico.PUBLICIDADEl régimen de instrumentos financieros y de garantía también experimenta cambios relevantes. El proyecto moderniza el régimen de Warrants y Prenda con Registro, habilitando que activos virtuales sean utilizados como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. Este apartado busca fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento para empresas y particulares.El documento, al que tuvo acceso Infobae, incluye además capítulos específicos sobre el régimen de gas licuado, el régimen de libro y doblaje, el régimen de traductores públicos y aspectos vinculados a la navegación y el comercio de cabotaje. Cada uno de estos apartados presenta reformas orientadas a eliminar regulaciones consideradas innecesarias o restrictivas para la actividad privada.PUBLICIDADLa propuesta oficial se diseñó para facilitar el desarrollo de los mercados, modernizar la administración y promover la innovación tecnológica en los registros públicos. Según Infobae, la iniciativa contempla una transición digital de gran parte de los trámites y la apertura de sectores históricamente regulados, lo que representa un cambio de paradigma en la gestión estatal.Noticia en desarrollo