Publicidad22 de julio, 2026 - 11h37Más de tres meses han pasado desde que la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho decidió llamar a juicio a los siete acusados del delito de asociación ilícita en el caso Liga2, y desde entonces no se ha definido una fecha para el inicio de la etapa de juzgamiento. Hasta el momento han existido dos conformaciones del tribunal que conocerá esta parte del proceso penal.La magistrada Camacho acogió en abril pasado el dictamen acusatorio de Fiscalía y llamó a juicio en calidad de autores directos a los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante de dicho consejo Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, explicó en su dictamen que mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana se proyectó un control del Estado por medio de tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias e incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente. Para la Fiscalía, los entonces consejeros habrían actuado lejos de su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano.Publicidad“El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue cooptada por personas afines a un partido político (cuyo) principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”, anotó Alarcón.Según el fiscal general, la trama de corrupción existente en el caso Liga2 giró en torno a tres eventos con irregularidades: el primero, conductas ilícitas en el escenario de la justicia electoral; el segundo, relacionado con la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); y el tercero, atado a la designación del titular de la Superintendencia de Bancos. Un total de 80 testigos y peritos, 7 cadenas de custodia, 64 pruebas documentales y 6 documentos privados conforman la prueba que Fiscalía anunció que presentará en la etapa de juzgamiento. Además, la acusación particular en esta causa es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.PublicidadPublicidadSemanas después de haberse conocido el auto de llamamiento a juicio, a inicios de mayo pasado cedió el sorteo de ley para conformar la sala de juzgamiento que conocería esta fase de Liga2. En esa acción se definió a los jueces nacionales Javier de la Cadena como ponente y a Manuel Cabrera y Marco Rodríguez Ruiz para completar el tribunal. Debido a que Rodríguez Ruiz es el actual presidente encargado de la CNJ, en su reemplazo quedó el conjuez Marco Aguirre. Casi dos meses después esa conformación sufrió modificaciones debido a que el CJ decidió dar por terminada la designación temporal de De la Cadena como conjuez nacional. El magistrado ejercía como conjuez de la CNJ desde noviembre de 2019, y el 23 de junio último, por decisión del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, “con el objetivo de cubrir el déficit de juzgadores y atenuar el estado crítico de la dependencia judicial”, fue retornado a su judicatura de origen en la Corte Provincial de Imbabura.Para inicios de este mes de julio, las causas que estaban a cargo de Javier de la Cadena pasaron a manos del conjuez Olavo Hernández, incluida la audiencia de juzgamiento del caso Liga2.Al final de la diligencia en la que se llamó a juicio a los siete sospechosos de cometer el delito de asociación ilícita, Camacho ratificó la prisión preventiva para Esther Cuesta y Augusto Verduga, quienes se encuentran en Italia y México, respectivamente; para Andrés Arauz, quien reside en México, ratificó la medida de presentación periódica que debe ser cumplida en Ecuador; para Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y Raúl González se mantienen las medidas de prohibición de salida del país y presentación periódica en la Corte del Guayas y en la CNJ, en Quito. (I)