El Parlament de Catalunya ha dado por cerrado este miércoles la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la extinta DGAIA, la dirección de protección a la infancia en Catalunya. Con los votos de PSC, ERC y Comuns, la Cámara catalana ha aprobado buena parte del informe de la comisión que ha evaluado durante los últimos meses el funcionamiento de los centros de menores.
El origen de la investigación es la crisis que se desató en la conselleria de Derechos Sociales por el presunto pago indebido de algunas prestaciones a jóvenes extutelados, que ascenderían a 4,7 millones de euros. Además, coincidió el estallido del escándalo con el caso de una menor tutelada, que residía en un centro de menores de la Generalitat, y que fue violada dentro de una red de pederastia.
La crisis llevó a la conselleria a refundar su dirección de atención a la infancia, denominada ahora Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El proceso lo lideró la consellera Mónica Martínez Bravo, y justo este jueves le tocó a su reciente sucesor, Raúl Moreno, afrontar la votación las conclusiones de la comisión desde el Parlament.
El pleno ha concluido que la DGAIA ya “arrastraba condicionantes estructurales previos” al “incremento extraordinario” de la asistencia, y que el organismo tenía un “sistema desbordado” que ha operado “desde la lógica de la emergencia”. El informe también recogía que la falta control sobre el coste de los servicios favoreció un margen de “lucro opaco” de las entidades que asumían la gestión externalizada del sistema.
