Actualizado Lunes,
junio
01:56El S�ndic de Greuges encontr� "dificultades" y "resistencia" por parte del Govern de Salvador Illa cuando empez� a investigar pagos irregulares en el servicio de atenci�n a menores y ex tutelados de la Generalitat, el denominado caso DGAIA. En un documento interno, el organismo auton�mico equivalente al Defensor del Pueblo constata que no fue hasta la destituci�n de los dos m�ximos responsables de la Direcci�n General de Atenci�n a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), en marzo de 2025, cuando pudo "revisar una muestra de expedientes" y "recibir diligentemente los datos solicitados".El Ejecutivo catal�n intent�, hace poco m�s de un a�o, que el cese de la directora y el subdirector, Isabel Carrasco y Joan Mayoral, hiciera el menor ruido posible. La estrategia comunicativa contribuy�, en cambio, a todo lo contrario. La consejera de Derechos Sociales e Inclusi�n, M�nica Mart�nez Bravo, argument� que el cese de la c�pula nombrada por ella misma seis meses antes, con su llegada al cargo, respond�a �nicamente a "la b�squeda de la excelencia". Hubo que esperar dos meses para que la consellera ofreciera alg�n dato adicional sobre el relevo de estos dos altos cargos de la Administraci�n, de quienes dijo que no estaban "alineados con una voluntad de cambio profundo". Cabe decir que Carrasco estaba vinculada a esta direcci�n general auton�mica desde 1998, mientras que Mayoral ya hab�a sido subdirector entre 2007 y 2018.Una comunicaci�n interna del S�ndic de Greuges, consultada por EL MUNDO, pone negro sobre blanco en los problemas de falta de transparencia detectados en la breve etapa del anterior equipo directivo a la hora de facilitar informaci�n de a�os anteriores. "D�as despu�s del nombramiento de un nuevo director de la DGAIA, este organismo envi� copia del expediente informativo y, d�as m�s tarde, el anexo documental", constata el ente encabezado desde 2022 por la s�ndica Esther Gim�nez-Salinas. "Desde entonces, su colaboraci�n ha sido positiva", a�ade.UTE Fontanilles-ResilisEl S�ndic de Greuges abri� en 2024 un expediente informativo al detectar "indicios de posibles irregularidades" en la gesti�n de prestaciones a j�venes ex tutelados tras la denuncia de un trabajador de la UTE Fundaci� Merc� Fontanilles-Fundaci� Resilis, una de las entidades a las que la Administraci�n externaliza el servicio. El Defensor del Pueblo catal�n reprocha las "dificultades iniciales para la investigaci�n de los hechos denunciados, con la correspondiente dilaci�n del procedimiento". En concreto, en marzo de 2025, el S�ndic se dirigi� de nuevo por escrito a la DGAIA para recordar que, desde junio de 2024 [dos meses antes del cambio del Govern de ERC al PSC], no hab�a recibido "la informaci�n completa requerida formalmente en las peticiones hechas ni en las diferentes comunicaciones y reuniones sobre este asunto".La investigaci�n abierta en paralelo por la Oficina Antifraude de Catalu�a, a ra�z de la denuncia del educador social de la UTE al que dio consideraci�n de alertador protegido, junto al caso de una ni�a de 12 a�os que hab�a sido violada varias veces mientras estaba bajo tutela de la Generalitat, destap� la caja de los truenos y oblig� a reaccionar al Govern. La consellera Mart�nez Bravo hizo un lavado de cara a la direcci�n general, a la que incluso cambi� el nombre por el de DGPPIA (Direcci�n General de Prevenci�n y Protecci�n de la Infancia y la Adolescencia). En un informe presentado hace justo un a�o, la Sindicatura de Cuentas de Catalu�a detect� 4,7 millones de euros en pagos indebidos por parte de la DGAIA entre 2019 y 2022, lo que se sumaba a otro documento anterior que detectaba irregularidades en el periodo 2016-2020.Por otra parte, el documento del S�ndic, al analizar las denuncias internas que hab�a hecho el trabajador previamente, considera que hubo "falta de escucha y que "el sistema de protecci�n no fue lo suficientemente permeable".El alertador protegido por la Oficina Antifraude de Catalu�a compareci� en mayo, a puerta cerrada, en la comisi�n parlamentaria que investiga el caso DGAIA. "Me intentaron convencer de que parte de mis funciones ser�a falsear documentaci�n de forma sistem�tica", asegur� el educador sobre su etapa en la UTE Fundaci� Merc� Fontanilles-Fundaci� Resilis."No ha habido control de la Generalitat sobre las entidades concesionarias", declar� ante los diputados en una sesi�n sin difusi�n para proteger su anonimato. "Si quieres denunciar, te coaccionan, te intimidan y te intentan eliminar", asever� el denunciante al ofrecer su testimonio en la C�mara."Queda muy claro que hab�a una estructura B, me negu� a validar los informes con firma digital porque era una medida de coacci�n", dijo quien se encargaba de revisar el cumplimiento de las condiciones necesarias para recibir las prestaciones p�blicas."�Qu� creen que aprend�an aquellos j�venes viendo todas esas martingalas?", expres� como reflexi�n durante su comparecencia."He sacrificado mi carrera profesional, pero, al menos, yo tengo la conciencia tranquila", finaliz� el alertador con condici�n de protegido por Antifraude.
