“¿Qué ciencia puede realizarse con 50.000 euros al año?“, preguntaban hace unos días cinco científicos en las páginas de este periódico. La respuesta es sencilla: ninguna. Pero un buen titular no puede convertirse en la medida de todo el sistema científico.Cuando la comunidad científica reclama más recursos, está señalando una necesidad que pertenece a toda la sociedad: mejores tratamientos médicos, nuevas tecnologías, una economía más innovadora, mayor autonomía estratégica y más oportunidades para las próximas generaciones. Ahora bien, no podemos exigir rigor científico para hacer ciencia y renunciar a él cuando evaluamos la política científica. Ningún artículo científico sería aceptado si confundiera un único indicador con el fenómeno que pretende explicar. Y, sin embargo, eso ocurre cuando una sola convocatoria acaba utilizándose para juzgar el conjunto del sistema.Las críticas formuladas en los últimos días a la financiación de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento de 2025 merecen, por tanto, una respuesta más completa. Se trata de una de las principales herramientas de financiación competitiva de la investigación en España. No financia instituciones, sino proyectos concretos: proporciona recursos para materiales, experimentos, trabajo de campo y contratos predoctorales, un elemento esencial para formar a la próxima generación de investigadores. En ese sentido, constituye una de las bases del sistema público de ciencia.Para comprender el debate, conviene mirar su evolución. En 2018, la ciencia española seguía arrastrando las consecuencias de casi una década de recortes, pérdida de talento y debilitamiento de capacidades. Miles de investigadores abandonaron el país o la carrera científica, los centros trabajaban con recursos insuficientes y la inversión pública era incapaz de sostener el sistema.Revertir esa situación ha exigido una decisión política sostenida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez: convertir la ciencia en una prioridad de Estado. Eso ha supuesto aumentar la inversión, crear empleo investigador, reforzar los organismos públicos de investigación, impulsar nuevas infraestructuras, mejorar las carreras científicas y ampliar las oportunidades de financiación competitiva.En ese contexto, la convocatoria de Proyectos de generación de conocimiento de 2025 es la mayor de su historia: cerca de 700 millones de euros para financiar 3.422 proyectos y 1.156 contratos predoctorales. En 2018 el presupuesto ascendía a 496 millones. El incremento alcanza el 41 %.También ha aumentado la financiación media por proyecto, que ha pasado de 120.587 euros en 2018 a 158.393 euros en la convocatoria actual, un 31 % más. Es un avance objetivo, aunque ello no impide un debate legítimo sobre la necesidad de seguir incrementando estas cuantías.Ese crecimiento presupuestario ha permitido, además, ampliar el número de proyectos financiados: de 2.983 en 2018 a 3.422 en la actualidad, casi un 15 % más. Detrás hay una decisión política: ensanchar la base científica del país, sostener más equipos, incorporar nuevos grupos y extender la financiación competitiva a más universidades, centros, disciplinas y territorios.Toda política científica debe gestionar una tensión inevitable entre intensidad y alcanceToda política científica debe gestionar una tensión inevitable entre intensidad y alcance. Concentrar los recursos en menos proyectos permite elevar la financiación individual; distribuirlos entre más equipos fortalece el tejido científico, mantiene y diversifica las líneas de investigación y forma nuevos investigadores e investigadoras. Ese equilibrio siempre puede mejorarse, pero ha permitido ampliar la capacidad del sistema al tiempo que aumentaban los recursos de otras convocatorias complementarias.Por eso resulta poco riguroso identificar una única convocatoria con el conjunto de la ciencia española. Forma parte de una arquitectura mucho más amplia que incluye financiación dedicada a carreras investigadoras, centros de excelencia, grandes infraestructuras científicas, programas de atracción de talento e instrumentos para impulsar la transferencia del conocimiento. Nunca ha habido tanta inversión pública en ciencia, ni tantas personas dedicadas a la investigación y el desarrollo en España.Los datos lo reflejan con claridad. Las ayudas Ramón y Cajal, destinadas a incorporar y estabilizar investigadores de excelencia, han pasado de 61,7 millones de euros en 2018 a 240 millones previstos para 2026. La convocatoria Juan de la Cierva ha aumentado de 32,2 a 60 millones, y Doctorados Industriales ha duplicado su presupuesto. A ello se suma la creación del programa ATRAE para captar investigadores de prestigio internacional y el incremento del 83 % en la financiación de las acreditaciones de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. También se han reforzado programas orientados a acelerar la transferencia del conocimiento, como Prueba de Concepto, Colaboración Público-Privada y Misiones Ciencia e Innovación.Los mejores proyectos españoles obtienen, además, financiación europea. España es ya el primer país de la Unión Europea en liderazgo de proyectos colaborativos de Horizonte Europa, el segundo por número de participaciones y el tercero por financiación captada, con más de 4.500 millones de euros obtenidos entre 2021 y 2024. También mejora su posición en las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (ERC), consolidándose entre los sistemas científicos más competitivos de Europa. Estos fondos son compatibles con la financiación nacional y permiten reforzar los mejores proyectos mediante la combinación de recursos nacionales y europeos.Todo ello convive con una reivindicación plenamente legítima de la comunidad científica: seguir aumentando los recursos destinados a la investigación. Esa demanda no contradice el buen momento del sistema; al contrario, señala dónde debemos seguir mejorando sin desconocer los avances alcanzados.La inversión española en I+D alcanzó en 2024 casi 24.000 millones de euros, un 61% más que en 2018, con un crecimiento anual cercano al 7%, aproximadamente el doble de la media europea. Es cierto que seguimos lejos de los países más avanzados, especialmente por la insuficiente inversión privada en I+D, probablemente el principal reto pendiente. Pero la dirección es la correcta y permite converger con la media europea.Los fondos europeos de recuperación ofrecieron una oportunidad extraordinaria, pero fue España quien decidió dedicar una parte muy relevante Este esfuerzo no ha sido casual. Los fondos europeos de recuperación ofrecieron una oportunidad extraordinaria, pero fue España quien decidió dedicar una parte muy relevante de ellos a la investigación y la innovación. Hoy ese compromiso continúa con financiación nacional, incluso en un contexto político complejo y con presupuestos prorrogados.Un sistema científico más fuerte genera también reivindicaciones más exigentes. El crecimiento eleva las expectativas y convierte en punto de partida lo que hace pocos años parecía inalcanzable. Esa es la dinámica que debe seguir guiando la política científica de los próximos años: consolidar los avances, reconocer lo conseguido y seguir ampliando los recursos para construir una ciencia pública cada vez más fuerte, competitiva y capaz de responder a los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Y en ese camino y con esa dirección, nuestros científicos y científicas contarán siempre con el apoyo y el compromiso del Gobierno de España.