Ruth Merino, quien fuera portavoz de la Generalitat Valenciana durante el mandato del president Carlos Mazon (2023-2025), ha asegurado este miércoles ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que se enteró de la magnitud de la tragedia la tarde noche de la gota fría, cuando llegó a su casa “y puso la televisión”. Así lo ha indicado la dirigente a la instructora Nuria Ruiz Tobarra, que le ha tomado declaración como testigo, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia. Merino, que hoy ocupa el puesto de secretaria autonómica ante la Unión Europea, ha relatado que fue consciente del alcance de la catástrofe —que se cobró 231 vidas en la provincia de Valencia— a las 20.00 horas del 29 de octubre de 2024. El barranco del Poyo, la rambla que originó la inundación al sepultar municipios como Catarroja (30.614 habitantes) o Paiporta (28.136), había comenzado a desbordarse tres horas antes. “No tuve conocimiento de la emergencia hasta la tarde noche del día de la catástrofe”, ha remachado. También ha comentado que se enteró de la existencia del Cecopi —el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis— cuando llegó a su domicilio. En la jornada de la dana, Merino compatibilizaba la portavocía del Consell con la Consejería de Hacienda. Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado la alerta roja, la máxima en la escala, a las 7.36 horas de la mañana, la Generalitat no acordó ninguna medida -según la testigo- sobre la riada en el pleno del Consell, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros, que se celebró entre las 9.30 y las 10.30 horas la aciaga jornada. El día del temporal, Merino se aisló de la crisis y se centró en la elaboración de las cuentas públicas de la Generalitat, cuya presentación estaba prevista dos días después. “A medio día, fui a la Consejería [de Hacienda] y estuve toda la tarde trabajando. Le volqué en los Presupuestos”, ha relatado, para después reconocer que el Consell carece de un protoloco público en caso de dana. Además, ha explicado que se puso en contacto con el entonces mano derecha de Mazón, el exjefe de gabinete José Manuel Cuenca, a las 16.00 horas. “Le pregunté por WhatsApp por los presupuestos [de la Generalitat]”, ha indicado. “Nunca nadie me dijo que no molestara a Mazón”, ha añadido. La jornada de la desgracia, el president pasó casi cuatro horas en un restaurante en el corazón de Valencia y dio un paseo verpestino por la ciudad con una periodista mientras se desbordaba el barranco del Poyo. En una intervención salpicada de lagunas, la testigo ha indicado que tampoco se enteró de la llegada de Mazón al Cecopi. El president desembarcó en este centro de L’Eliana (Valencia) a las 20.28 horas, 17 minutos después de que se tomara la decisión más relevante de la jornada, el envío de la alerta. “Ni me escribió ni me dijo nada”, ha apuntado. Y ha dicho no recordar si la entonces consejera de Justicia e Interior Salomé Pradas –hoy, principal investigada en la causa- dio indicaciones en el pleno del Consell sobre la magnitud de la dana. “No lo recuerdo. [Pradas] informaba. Estaba ocupada y proactiva obteniendo información”, ha relatado. Durante la desgracia, Merino apenas se comunicó con Pradas ni por teléfono ni por WhatsApp. Sólo se cruzó un mensaje con la consejera a las 13.05 horas. Su nivel de desconexión fue tal que, pese a recibir unos vídeos de la situación en Utiel que le facilitó su equipo a las 18.30 horas, “siguió trabajando”. Sobre la controvertida rueda de prensa que Mazón convocó a las 11.30 horas del día de la dana, donde minimizó el impacto de la tragedia y auguró que el temporal evolucionaría a la Serranía de Cuenca por la tarde, Merino ha comentado que no sabe en qué se basó el entonces president para comunicar esos datos. Y, tras la comparecencia ante los medios, ha reconocido que mantuvo una reunión con Mazón y la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. En el improvisado encuentro resaltaron que, pese a que en Valencia no llovía, la Universitat de València había suspendido las clases. Los días previos al temporal, la testigo no fue avisada del alcance de la tragedia por los dos exaltos cargos de Mazón hoy investigados: Pradas y quien fuera su segundo durante la inundación, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. En decenas de autos, la instructora Nuria Ruiz Tobarra ha señalado a la Generalitat como la administración competente en gestionar la riada. Con este enfoque, la magistrada desmonta la denominada teoría del apagón informativo auspiciada por el PP. Una tesis que apuntaba que, si el Consell no avisó con antelación a la población, fue porque organismos como la Aemet o la Confederción Hidrográfica del Júcar (CHJ) no reportaron a tiempo el alcance de la desgracia. Por otra parte, la instructora ha rechazado la petición de Pradas, que solicitó que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Barnabé, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo, entregaran sus comunicaciones –registro de llamadas y wasaps- del día de la dana. La jueza alega en su último auto que estos altos cargos comparecieron como testigos en la causa y “no ostentan la condición de partes”. Pradas, en cambio, es la principal investigada en las pesquisas.