En apenas un año, cuatro femicidios ocurridos en Córdoba dejaron al descubierto un mismo patrón: los acusados ya habían pasado por el sistema judicial antes de matar con crueldad. Habían sido denunciados, imputados o condenados por hechos de violencia, algunos en contextos de violencia de género, y se encontraban bajo medidas judiciales destinadas, precisamente, a evitar nuevos delitos.
Los nombres de Horacio Antonio Grasso, Pablo Laurta, Claudio Barrelier y Maximiliano Exequiel Baudraco quedaron asociados a algunos de los femicidios más conmocionantes registrados entre julio de 2025 y julio de este año. Más allá de las diferencias entre los expedientes, existe un hilo conductor: la intervención previa de fiscales y jueces no impidió el desenlace fatal.
La realidad interpela al sistema judicial y de protección de las víctimas. ¿Son un mero trámite o procuran evitar tragedias como las ocurridas?
Horacio Grasso está acusado de asesinar a Milagros Bastos y esconder sus restos en el placar del departamento donde cumplía prisión domiciliaria.
Horacio Grasso: de la prisión domiciliaria al femicidio de Milagros Bastos
