El nuevo modelo de financiación autonómica que Hacienda acaba de remitir a los Gobiernos regionales en las últimas semanas castigará todavía más a las Comunidades Autónomas que rebajen sus impuestos. El Gobierno asegura que este nuevo sistema va a implicar una redistribución mejor del dinero entre las regiones y ampliará los recursos económicos de los que se nutre la caja común, pero también expandirá los criterios de cálculo de los aportes a dicha caja.Esto se hace a través de una compleja reforma técnica. Al incluir en la cesta común de las tarifas sobre depósitos bancarios, actividades del juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y patrimonio, que actualmente gestionan e ingresan las haciendas regionales al 100%, el Gobierno pretende que aquellas regiones que rebajen las tarifas cuenten con menos recursos. El objetivo es desincentivar a que las CCAA rebajen o bonifiquen las tarifas cedidas, lo que daría lugar a una armonización dentro del sistema tributario español.
El actual sistema de financiación autonómica cuenta con un concepto que se llama "recaudación normativa" con el que Hacienda hace el cálculo del potencial recaudatorio que tiene cada región, en base a su población ajustada. Gracias a este mecanismo, pueden hacer una aproximación teórica de cuánto pueden llenarse las arcas públicas regionales. Eso sí, el Estado obtiene la cifra aplicando todas las leyes tributarias sin tener en cuenta las bonificaciones fiscales autonómicas. El resultado es lo que "en teoría" debería aportar cada región del régimen fiscal común a la caja central, a través de la cual luego se redistribuyen los recursos en base a los criterios -sobre todo demográficos y económicos- que marca la ley de financiación autonómica vigente.
