Las críticas surgidas al reconocimiento de la nacionalidad española a descendientes de exiliados resultan sorprendentes, tanto por el momento en el que se producen como por la sucesión de razones en las que pretenden fundarse. Frente a un reconocimiento que es de pura justicia, resulta sorpresivo que las críticas se produzcan ahora, cuando la ley que lo recoge y las Instrucciones que aclaran su tramitación se remontan a casi cuatro años atrás y cuando el período de solicitud por los interesados concluyó en octubre del año pasado.
Resulta igualmente difícil de entender que vaya cambiando la justificación en la que se basan las críticas. Difícil de entender especialmente por la velocidad con la que se van modificando y sustituyendo estas supuestas razones. Esos cambios solo pueden explicarse porque se trata de fundamentos inmediatamente contradichos por su nula consistencia, de modo que tienen que buscarse sobre la marcha otras justificaciones que los sustituyan, igualmente nada convincentes.
