Ayer y el lunes se conocieron en la Audiencia Nacional novedades que dan un giro relevante al caso Plus Ultra, en el que esta imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un cambio de muy adverso potencial para el expresidente del Gobierno. Porque si en su declaración del 16 de junio Zapatero manifestó que no había ejercido ninguna influencia a favor del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, acordado en tiempos de pandemia, en el escrito presentado el lunes y ayer ratificado verbalmente por el empresario (y hasta la fecha amigo de Zapatero) Julio Martínez Martínez, la versión del exjefe del Ejecutivo, lejos de ser corroborada, es torpedeada con afirmaciones que la contradicen.Julio Martínez Martínez, titular de sociedades a través de las que se pudo haber abonado cantidades a Zapatero, señaló ante el juez Calama que el expresidente era quien “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones que abocaron al crédito de rescate de Plus Ultra, cifrado en 53 millones de euros, aunque no precisó con qué personas contactó, y admitió que el exmandatario no figuraba en el accionariado de Análisis Relevante, la firma que él administraba y desde la que se impulsaron las gestiones para salvar la compañía aérea.Queda todavía instrucción por delante y no se pueden adelantar conclusiones, menos aún condenas. Pero resulta ahora evidente que, tras las declaraciones de Martínez, la telaraña en la que parece atrapado Zapatero es más pegajosa que antes. También, que sería deseable oír nuevas explicaciones del expresidente, como las que anunció sobre las joyas halladas en su domicilio –y todavía no ha dado–, por más que el Gobierno siga creyendo en su inocencia.El empresario Martínez contradice la declaración que hizo el expresidente y ofrece su colaboraciónCabe subrayar que el afán de colaboración con la justicia de Martínez ha sido dado a conocer menos de un mes después de que el Tribunal Supremo impusiera al empresario y comisionista Víctor de Aldama una condena de 4 años y 6 meses, que no comportará su ingreso en prisión si cumple ciertos requisitos, mientras que Ábalos y Koldo eran condenados a 24 años y 3 meses y a 19 años y 8 meses, respectivamente. Añadiremos que Julio Martínez Sola, que fue presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, su actual consejero delegado, se han expresado en otro escrito en términos similares a los de Martínez Martínez.Aun siendo diversos, el caso Plus Ultra y el caso Mascarillas –por el que fueron condenados Ábalos, Koldo y De Aldama– coinciden en dos cosas: sentarán o han sentado en el banquillo a socialistas que tuvieron altas responsabilidades de gobierno, y han revelado un súbito ánimo de colaboración con la justicia entre corruptores y comisionistas, que obrarían así con el propósito de atenuar sus penas, y a riesgo de que las impuestas a los políticos involucrados se eleven.Sea cual sea el desenlace del caso Plus Ultra, Zapatero ha sufrido ya un irremediable daño reputacional, en cierta medida extensible al PSOE. Los políticos rivales y los medios que los apoyan no dudan en presentarle como un delincuente, sin esperar el fallo judicial. Suelen hablar del caso Plus Ultra como un rescate, pero también podrían calificarlo de préstamo, puesto que la cantidad recibida por la aerolínea en apuros no era a fondo perdido, había que devolverla. Y se recuerda poco que la operación fue auditada en distintas instancias y autorizada por las instituciones estatales adecuadas, cuyo prestigio también se resentiría si todas las acusaciones vertidas se probaran.Es incomprensible que la corrupción centre el debate y que la ley de Integridad no progreseMientras este rosario de noticias judiciales se usa como munición en la diaria refriega política, y mientras sus derivadas dañan la imagen de la justicia y sesgan la opinión pública, la tarea legislativa para regular la actividad de los lobbiesy evitar nuevos casos de corrupción avanza con lentitud exasperante. El 25 de junio recordábamos en esta página, tras una tormentosa sesión parlamentaria, que había pasado ya un año desde que el Gobierno anunció las medidas regeneradoras contenidas en la ley orgánica de Integridad Pública, cuyo texto, sin embargo, todavía no ha llegado al Congreso.Decíamos entonces, y lo repetimos hoy, que a los ciudadanos les cuesta entender que la corrupción domine el debate político y, a la vez, avance tan despacio una ley ideada para combatirla, cuya pertinencia y urgencia no discutiría nadie sensato. Porque, mientras todo eso sucede, se va extendiendo la desconfianza popular sobre la capacidad regenerativa de nuestro sistema democrático. Y esa es una pésima noticia.