Noticia Exclusivo suscriptores El nuevo ministro de Justicia pidió aplazar lo que, según dijo, eran 48 procesos de contratación. Así le respondió la Agencia saliente.César Palomino Cortés (izquierda), director saliente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Iván Cancino (derecha), nuevo ministro de Justicia. Foto: Archivo El Tiempo21.07.2026 13:17 Actualizado: 21.07.2026 13:17
El pasado 15 de julio y a través de una carta rotulada de carácter urgente, el nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica des Estado (ANDJE) aplazar el comité de contratación citado para ese miércoles, en el que, según su versión, se adjudicarían hasta 48 procesos contractuales por más de 6.400 millones de pesos.La carta fue dirigida al director saliente César Palomino Cortés, a quien también se le solicitó información detallada de los procesos de contratación que actualmente adelanta la Agencia de Defensa Jurídica. Cancino reconoció, en su momento, que las contrataciones hasta el próximo 7 de agosto son facultad del gobierno de Gustavo Petro, aun así, explicó que tener las cuentas claras es necesario para un correcto empalme.EL TIEMPO conoció la respuesta al derecho de petición presentado por el ministro de Justicia designado. En líneas generales, la entidad dirigida por Palomino Cortés aseguró que la reunión del comité de contratación, en realidad, tuvo un alcance limitado y que gran parte de las interpretaciones sobre lo ocurrido corresponden a una "mala lectura" de las actuaciones adelantadas.César Palomino Cortés Foto:Archivo EL TIEMPOEn la respuesta, se explica que el Comité de Contratación es un órgano asesor del ordenador del gasto y que la sesión ordinaria fue convocada como parte de la gestión habitual de la entidad. Según el documento, únicamente se estudiaron dos asuntos: la modificación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y la recomendación para publicar un proceso de contratación destinado a crear el Observatorio de Arbitraje Internacional de Inversión.La Agencia enfatizó que el primer punto del orden del día no consistía en aprobar contratos ni adjudicar procesos de selección. La Agencia insistió en que la discusión se limitó a actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, un instrumento de planeación que no genera obligaciones contractuales ni derechos adquiridos y que puede ser modificado por la administración entrante.En ese sentido, desmintió que el Comité hubiera aprobado 48 procesos contractuales, como se planteó en el derecho de petición. La entidad sostuvo que lo aprobado correspondió exclusivamente a modificaciones del PAA, las cuales incluyeron la cancelación de nueve ítems, la modificación de cuatro y la creación de 49 nuevos ítems, sin que ello equivalga a la apertura o adjudicación de contratos.Iván Cancino. Foto:CortesíaDe acuerdo con las cifras entregadas por la Agencia, los nueve ítems cancelados representaban un valor de $4.242 millones, mientras que los 49 nuevos ítems incorporados al Plan Anual de Adquisiciones suman $2.670 millones. Los cuatro ítems modificados obedecen a ajustes relacionados con el objeto, alcance, plazo y actualización de valores conforme a las necesidades institucionales y a los precios de mercado.La entidad sostuvo que estos cambios responden a criterios de racionalización del gasto y no implican un incremento en la contratación. Incluso resaltó que el valor de los nuevos ítems es $1.572 millones inferior al monto de los ítems cancelados, por lo que, según la Agencia, la actualización del PAA refleja una redistribución de recursos y no un aumento de las necesidades contractuales.Respecto del segundo punto de la sesión, la Agencia aclaró que el Comité únicamente emitió una recomendación para publicar un concurso de méritos destinado a contratar una consultoría especializada que diseñe, estructure e implemente el Observatorio de Arbitraje Internacional de Inversión de la entidad. El valor estimado del proceso asciende a $1’855.816.563, IVA incluido y demás tributos aplicables.Exmagistrado del Consejo de Estado, César Palomino. Foto:ArchivoSobre ese contrato, la respuesta enviada a Cancino establece que no existe adjudicación ni contrato firmado. La Agencia explicó que el objetivo de la sesión fue autorizar la publicación del proceso en SECOP II para continuar el trámite precontractual y que corresponderá a la administración entrante atender observaciones, realizar la evaluación de ofertas y, eventualmente, suscribir el contrato. Por tanto, “no es posible acceder a lo solicitado”, como lo expresó Cancino.Otro de los puntos centrales de la respuesta tiene que ver con la preocupación sobre un posible compromiso de vigencias futuras. Frente a ello, la Agencia fue enfática al afirmar que no ha solicitado aprobación de vigencias futuras para 2027, de acuerdo con un concepto emitido por el Ministerio de Hacienda el 10 de abril de 2026, según el cual ese tipo de autorizaciones solo podrán ser otorgadas después de la posesión del próximo Gobierno.En respuesta a la primera petición formulada por Cancino, quien solicitó aplazar las decisiones del Comité hasta que el equipo de empalme revisara la información, la Agencia indicó que no era posible acceder a esa solicitud porque la sesión obedecía a la gestión permanente de la entidad y al cumplimiento de sus funciones misionales.Frente a la segunda petición, relacionada con la entrega de la información de los procesos discutidos en el Comité, la Agencia reiteró que únicamente existía un solo proceso contractual sometido a consideración y no decenas de contrataciones. Asimismo, insistió en que el concurso de méritos no ha sido adjudicado, no existe Registro Presupuestal, no compromete vigencias futuras y responde a una necesidad institucional respaldada técnicamente.En cuanto a la solicitud sobre un eventual fraccionamiento contractual, la entidad respondió que el proceso proyectado "no tiene identidad de objeto, necesidad, contratista o proveedor que permita inferir la configuración de un presunto fraccionamiento contractual", descartando que exista relación con otros contratos recientes de la Agencia.Finalmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hizo un llamado al ministro designado para revisar con mayor rigurosidad la información antes de formular cuestionamientos públicos. En el cierre de la respuesta afirmó que recibe la comunicación "con la seriedad que merece", pero solicitó que "este tipo de comunicaciones se revisen con la rigurosidad requerida para no generar desinformación en el proceso de transición".Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
