<b>El Departamento del Tesoro de EE.
UU. informó que evitó el desembolso de cerca de $ 99 millones destinados a personas fallecidas</b>, luego de implementar un sistema reforzado de verificación de pagos como parte de la estrategia del Gobierno para combatir el fraude y el uso indebido de recursos públicos.La Oficina del Servicio Fiscal revisó alrededor de 885 millones de pagos, equivalentes a casi $ 2,7 billones, <b>para identificar transferencias irregulares </b>antes de que el dinero fuera entregado a los beneficiarios.Desde marzo de 2025, el sistema detectó más de 4.900 pagos, por un valor aproximado de $ 99 millones, vinculados a personas fallecidas.
Según el Tesoro, <b>estos desembolsos fueron devueltos a las agencias federales correspondientes</b> para una revisión antes de su ejecución.Aunque la suma representa apenas el <b>0,0036 % </b>del total de pagos analizados, las autoridades destacaron que supera en más de tres veces el monto identificado en controles realizados antes del inicio del actual mandato del presidente <b>Donald Trump</b>.El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida responde al compromiso del Gobierno de fortalecer la integridad del sistema federal de pagos <b>y evitar que recursos públicos lleguen a destinatarios indebidos</b>.Para realizar las verificaciones, el Departamento del Tesoro utilizó el programa federal <b>Do Not Pay</b>, que confirma la identidad, elegibilidad e información bancaria de los beneficiarios antes de autorizar pagos, además de otras herramientas de control implementadas recientemente.Las autoridades también atribuyeron los resultados al acceso al Archivo Maestro Completo de Defunciones de la Administración del Seguro Social, una base de datos que permitió detectar beneficiarios fallecidos. <b>Ese acceso fue temporalmente autorizado por una ley aprobada en 2021</b> y se volvió permanente tras una nueva legislación promulgada este año.El Departamento del Tesoro estima que el fortalecimiento de estos controles permitirá generar un beneficio neto de aproximadamente $ 330 millones gracias a la reducción de pagos indebidos dirigidos a personas fallecidas.
