Si algún día se abre paso la idea de una regeneración a fondo para tratar de garantizar la existencia de barreras sólidas contra la corrupción en nuestro sistema, habrá que sacar muchas lecciones de los casos que vienen llenando las portadas y boletines informativos de los últimos meses. La más importante es la que atañe al funcionamiento de los poderes del Estado y las instituciones, para que ninguno sea el aliviadero o la condena de otro, ni confunda su labor con el abuso de poder o con el ejercicio de la oposición, que para esto último ya está fundamentalmente el Parlamento. En todo caso, cuanto se hiciera debería responder a una voluntad de coherencia ética que elimine —o reduzca drásticamente— los riesgos de caer en contradicciones difícilmente salvables.Del mismo modo que desde este punto de vista, el ético, no cabe refugiarse en el derecho a la presunción de inocencia como coartada para el silencio por tiempo ilimitado, tampoco podemos caer ahora en la banalización de la importancia que puede tener la decisión de colaborar con la justicia. No basta con manifestar este deseo y tratar de rellenarlo con expresiones de escaso contenido. La extensión que el Tribunal Supremo ha dado en su reciente sentencia sobre el caso mascarillas a los beneficios por dicha colaboración puede no haber sido un buen precedente, por generar una expectativa que tal vez no se consolide si se impone algún día una voluntad de equilibrio entre las palabras y los hechos en dicho compromiso de lucha contra la corrupción.El auto que el juez Calama dio a conocer el pasado 18 de mayo, acordando entre otras diligencias los registros del despacho del expresidente Zapatero y la empresa de sus hijas, dio lugar a algunas críticas por la supuesta asunción de las tesis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Los avances de la instrucción, sin embargo, ponen de manifiesto que aquella resolución no fue una mera transcripción de los atestados policiales. Entre los indicios que permitieron que el juez imputara al expresidente y el inicio de la nueva etapa de las investigaciones, marcada por la voluntad de varios empresarios de colaborar con la justicia, existe una innegable correspondencia. Es decir, entre lo que afirmaba la UDEF y recogía el instructor, y lo que han empezado a contar dichos supuestos antiguos socios de Zapatero, se da una clara identidad de discurso narrativo. Pero seguramente es pronto para que se puedan echar las campanas al vuelo. En una investigación compleja como esta, conocer la verdad y atar bien los cabos puede llevar más tiempo.En las manifestaciones del empresario Julio Martínez Martínez, hasta hace unos meses estrecho amigo del expresidente, destacan sobre todo algunas frases que no por contundentes colman el deber de aclarar a fondo los hechos. Sobre todo, cuando el imputado —que este martes ratificó ante el juez su afán de colaboración— afirma que “en su faceta de consultor, era Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir”. Es una acusación importante, en especial por su carácter de desmentido con lo alegado por el expresidente, quien siempre ha negado haber intervenido para facilitar el rescate de la compañía aérea Plus Ultra con dinero público. Ahora bien, dicho empresario no proporcionó al juez dato alguno sobre qué gestiones concretas habría realizado Zapatero para obtener dicha ayuda y presuntamente cobrar por ello una comisión del 1% de los 53 millones de euros que supuso la operación. Colaborar con la justicia, en definitiva, no es tan fácil, no es un simple acto de voluntad —sincera o sobrevenida—, sino que debe resultar siempre eficaz para el avance de las investigaciones.