El empresario Julio Martínez Martínez, investigado en el caso Plus Ultra, oculta más de medio millón de euros depositados en fondos bancarios en Miami (Estados Unidos), según ha avanzado El Mundo y ha podido confirmar EL PAÍS. El empresario, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigado por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros, en una causa en la Audiencia Nacional que analiza si los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la compañía aérea Plus Ultra tras la pandemia sirvieron para lavar fondos. Uno de los ordenadores que fue incautado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cuando el pasado 11 de diciembre detuvo a Julio Martínez Martínez, contenía correspondencia con uno de los responsables de la cuenta en el extranjero. Fuentes de la investigación explican que se trata de una banca de inversión privada y que, aparentemente, este dinero se trasladó hace años desde Luxemburgo hasta Miami. Estas fuentes aseveran que la cuenta tuvo movimientos en el año 2025, cuando se realizaron movimientos de unos 200.000 euros. Por el momento, estos fondos de Estados Unidos no se vinculan al rescate a la aerolínea Plus Ultra, si bien la investigación continúa secreta en la Audiencia Nacional. Este dinero se suma a los 300.000 euros que la UDEF encontró en la vivienda de Martínez Martínez y que él justificó ante el juez de guardia como parte del cobro en efectivo de la venta de un inmueble, así como un dinero familiar. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, consideró, precisamente, este lunes que el riesgo de fuga de Martínez había aminorado y decidió rebajarle las medidas cautelares que pesaban sobre él y sobre el resto de investigados en este asunto. El juez Calama expuso que, si bien existen motivos suficientes para considerar presuntamente responsable criminalmente” a Julio Martínez Martínez de los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en este punto “se estima que el eventual riesgo de fuga y su presencia en el proceso queda suficientemente conjurado”. Así, le ha levantado a él y a los otros cinco investigados con medidas cautelares (el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, el empresario peruano Felipe Baca Arbulu y un abogado madrileño) la prohibición de viajar por el espacio de la Unión Europea y la obligación de acudir a firmar al juzgado cada quince días. La actividad de Martínez, en el foco El empresario alicantino, quien salía a correr habitualmente con el expresidente Zapatero, se encuentra en el foco de unas diligencias que se adentran en la actividad de su empresa Análisis Relevante SL Martínez cobró de Plus Ultra a través de esta mercantil algo más de 460.000 euros por labores y gestiones en Venezuela, según han explicado fuentes de la compañía. La UDEF encontró en la oficina del empresario facturas a nombre de Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción está ahora analizando estos documentos. El expresidente ha explicado tanto en el Senado como en una entrevista que él realizó labores de “consultoría global” para esta empresa, sin aclarar exactamente cuáles eran los clientes. Zapatero cobró aproximadamente unos 460.000 euros de Análisis Relevante desde 2020 hasta 2025. Uno de los puntos más complejos de esta investigación es el hallazgo en uno de los ordenadores de Martínez de un contrato que, supuestamente, se firmó con una de sus empresas y que le otorgaba un 1% de la cuantía del rescate si finalmente se lograba. El Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 53 millones de euros para Plus Ultra después de la pandemia, cuando se buscaba reflotar varias compañías aéreas que habían tenido su actividad paralizada durante el Covid. La oposición siempre apuntó a presuntas irregularidades en esta inyección de dinero público, si bien Zapatero ha negado de forma rotunda que él interviniera en la decisión o hablara de este asunto con nadie dentro del Ministerio de Transportes o el Gobierno. Ahora, Anticorrupción indaga si el dinero se utilizó, en realidad, para blanquear fondos procedentes de Venezuela.