M+.- El 7 de julio, alrededor de las 6:50 horas, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó en el abdomen a Lorenzo Salgado Araujo en la cuadra 6800 de Canal Street, en el este de Houston. El trabajador de la construcción de 52 años, y con cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos, había salido de su casa esa mañana para recoger a sus compañeros de trabajo y llevarlos a una obra. Moriría más tarde por la herida de bala.ICE reconoció el mismo día, en un comunicado, que sus agentes realizaban un “operativo de aplicación selectiva de la ley” y afirmó que Salgado Araujo intentó evadirlos, embistió contra una patrulla y trató de atropellar a un oficial, quien disparó “en defensa propia”. Sin embargo, dos días después, el 9 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitió a ABC News que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo. Los agentes vigilaban la casa de otra persona, habían visto dos camionetas blancas en ese domicilio semanas antes y, al ver una similar con un conductor que “se parecía al objetivo”, iniciaron la persecución que terminó trágicamente.Ese mismo día, el gobierno mexicano informó que tenía un registro de 17 mexicanos fallecidos en hechos vinculados al ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 14 bajo custodia, en centros de detención o en hospitales a donde fueron trasladados, y tres durante operativos de aseguramiento en la calle, entre ellos el propio Salgado Araujo.Pocos días después, el 14 de julio, un mexicano de 28 años murió atropellado por un tráiler en St. Augustine, Florida, mientras huía a pie de agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). En contraste con el rechazo que el Departamento de Estado dio esta semana a las cartas de protesta que envió la cancillería mexicana, alegando que buscaban dirigir acciones de personal en “territorio soberano” estadunidense, una revisión de MILENIO a los propios comunicados de ICE sobre esos casos, así como al informe Agentes de caos y crueldad, de la American Civil Liberties Union (ACLU), muestra que el gobierno de México tiene motivos documentados, y en buena medida reconocidos por la propia autoridad migratoria estadunidense, para exigir una investigación.Informes de la violencia de ICE La ACLU revisó más de mil 200 incidentes de aplicación de la ley migratoria ocurridos en 2025 en ocho estados: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland y Nuevo México. Documentó con nombres, fechas y expedientes judiciales un patrón de fuerza excesiva, intimidación y negligencia médica contra migrantes y sus familias. La organización contabilizó 375 incidentes de uso o amenaza de fuerza, 437 casos de presunto perfilamiento racial, más de 50 muertes dentro de centros de detención del ICE durante la actual administración y al menos ocho personas muertas a tiros por agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).El informe de la ACLU documenta pormenorizadamente casos de mexicanos entre los mil 200 incidentes que revisó. En Melrose Park, Illinois, agentes de la Patrulla Fronteriza sometieron a Ricardo Aguayo Rodríguez, un trabajador de la construcción de 54 años, padre de dos adolescentes sordos, que volvía en bicicleta de comprar en una tienda cuando lo interceptaron. A él lo rociaron con gas pimienta, le pusieron un brazo alrededor del cuello y lo golpearon en la cabeza; un video muestra cómo pide auxilio en español (“Por favor, amigo”), mientras es inmovilizado. Ya en el hospital y con heridas en la cabeza, agentes con el rostro cubierto impidieron que su hermana, ciudadana estadunidense, entrara a verlo. Reportes locales precisan que Aguayo Rodríguez era originario de Zacatecas y que el DHS, en un comunicado, sostuvo que se “resistió violentamente” y que el agente “aplicó golpes como último recurso”.