Por lo menos cinco son las inconsistencias que ha identificado la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), las cuales son recurrentes en los contribuyentes que gozan de beneficios o exoneraciones fiscales.
Los expedientes corresponden a las auditorías practicadas de 2022 al primer semestre de 2026, y son objeto de aplicación de medidas por la vía administrativa, luego de las auditorías y de la presentación de los reportes anuales, por lo que se requieren ajustes tributarios.
La mayoría corresponde a contribuyentes que emplean y se amparan en los regímenes del decreto 22-73, Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic); del decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila; y del decreto 52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, informó Werner Ovalle Ramírez, titular de la SAT.
Explicó que estos casos avanzan en diferentes fases, y que son los más recurrentes que conoce la institución.
Según el reporte anual sobre el gasto tributario, el Estado dejó de percibir Q22 mil 586 millones por beneficios fiscales, lo que representó el 2.4% del producto interno bruto (PIB), en 2025, principalmente por los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR).
