La Comisión Europea ha acusado este lunes a varias cementeras, empresas fabricantes de aditivos para la construcción y patronales del sector en España, Francia y Alemania de pactar incrementos de precios en el suministro de productos químicos para cemento, hormigón y mortero. Cree el Ejecutivo de la UE que un grupo de más de 10 empresas y tres organizaciones patronales del sector de químicos para la construcción “se coludieron” o se pusieron de acuerdo de forma ilegal −definición de coludir− entre 2021 y 2022 para encarecer sus productos. Estas empresas se habrían coordinado, según las conclusiones preliminares de Bruselas, para responder al “incremento del precio de las materias primas en esos años”. Tanto la pandemia como la invasión de Ucrania por Rusia provocó un aumento de precios en el sector y la colusión se habría producido “en el contexto de la elaboración de comunicados de prensa en el seno de las asociaciones sectoriales nacionales, con el objetivo de justificar las subidas de precios”, desarrolla la Comisión en el texto en el que informa de su decisión.“El caso concreto se centra en el suministro de aditivos [...]. Se usan para mejorar la eficiencia en la fabricación y las prestaciones del cemento. Sus precios tienen un impacto directo en los costes de la construcción”, apuntan los técnicos del departamento que dirige la vicepresidenta de la Comisión y máxima responsable de Competencia, Teresa Ribera. Para desarrollar la investigación, la Comisión registró en octubre de 2023 las sedes de empresas del sector en varios Estados miembros. Tras estas pesquisas y casi tres años después, Bruselas lanza tres acusaciones separadas en Francia, Alemania y España, una por país, sobre Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Syka, TAM, Liesen y Remei, más las organizaciones patronales SYNAD (francesa), Deutsche Solutions (alemana) y ANFAH (española). Advierte la Comisión, con una cautela usual en este tipo de anuncios, de que esta acusación preliminar no tiene por qué acabar con un señalamiento de culpabilidad. No obstante, es pronto para determinar cuándo puede saberse, porque, como señala Bruselas, en las investigaciones de defensa de la competencia que siguen los cauces tradicionales no hay plazos marcados. “La duración depende de varios factores, incluyendo la complejidad del caso o el nivel de cooperación de las empresas afectadas”, explica. Las sanciones en estos casos son incluso más altas que en otros, puesto que pueden llegar al 10% de los ingresos globales de una empresa y, además, conllevar la obligación de acatar las medidas que imponga la Comisión para remediar el problema. No obstante, a la hora de fijar una sanción, el Ejecutivo de la UE tiene en cuenta ese nivel de colaboración que las compañías investigadas muestren y, de hecho, la primera que aporta información puede ver cómo se le exime de la totalidad de la multa; la segunda podrá reducir la sanción hasta el 50% y la tercera hasta el 3%. La reducción para el resto será menor si colaboraran. No es la primera vez que las autoridades de Competencia en la UE abren una investigación sobre empresas dedicadas al cemento. Ya hubo una sanción de unos 250 millones en 1994 a varias empresas. No obstante, tras los recursos ante la justicia europea se quedó en algo más de 100 millones. Hubo otro expediente de la Comisión que acabó con multa, aunque en este caso se centró en un solo país: Italia. Este caso ha estado abierto de una forma o de otra durante 22 años, ya que comenzó con una sanción de Bruselas en 2002 y finalizó con un fallo del Tribunal de Justicia de la UE en 2024, cuando se confirmó la sanción a tres de las empresas castigadas y se anuló para una de ellas. En el largo camino de este caso se redujo tanto el número de compañías sancionadas, de ocho a tres, como la cantidad, que empezó en 85 millones y acabó por debajo de 10. También en España ha habido sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador nacional. En 2016, este supervisor multó con 29,17 millones a varias compañías. No obstante, el Tribunal Supremo anuló esta decisión. Otro caso vinculado a la construcción en España, aunque no particularmente sobre el cemento, fue el de las grandes constructoras que en 2022 fueron castigadas por la CNMC con 203,6 millones tras detectar que hubo reuniones semanales durante 25 años entre estas compañías (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL y Sacyr) para compartir información sobre los concursos públicos. En este último caso, todavía no hay un fallo judicial definitivo de la Audiencia Nacional, el tribunal de primera instancia, ni, por supuesto, del Supremo. La construcción es un sector sensible en estos momentos para la UE, que busca cómo aumentar la productividad del sector y su capacidad de construir viviendas ante las dificultades de acceso que hay en muchas ciudades europeas. En la actualidad, su peso en el PIB supone el 5,6%, cuatro décimas menos que hace 20 años, es decir, antes de que explotara la crisis financiera que, precisamente, tuvo su origen en el ladrillo, especialmente en países como España.