Sófocles nos enseñó a distinguir, ya desde el siglo V a. C., entre aquello que es legal y lo que es verdaderamente justo. En su Antígona descubrimos que las leyes de la ciudad pueden ser perniciosas y que las disquisiciones acerca de las normas adquieren siempre una dimensión ética. Los griegos se sirvieron de dos conceptos que pautan de forma precisa esa linde semántica. Así, emplearon el término nómimos para refrendar aquello que era conforme al nómos, es decir, a la norma o a la ley. Conscientes de que la validez formal de una regla no agota los debates sobre su idoneidad, reservaron el término díkaios para designar aquello que era conforme a la justicia, llamada díke.Esta vieja distinción se vuelve pertinente tras la sentencia del TJUE sobre la amnistía en la que se dio respuesta a las dos cuestiones prejudiciales cursadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Los partidarios de aquella ley han considerado que esta resolución avala la norma, y en cierto sentido es correcto. Sin embargo, el TJUE poco puede decir acerca de su justicia y, ni mucho menos, puede disolver el trasfondo ético y político de aquella iniciativa.Por respeto a mis colegas que sí son estudiosos del derecho, no me atrevo a formular un juicio robusto sobre la juridicidad de la norma. Como ciudadano más o menos atento, sí pude constatar cómo el jefe del Ejecutivo y hasta 11 ministros afirmaron que la amnistía era inconstitucional exactamente hasta el momento en que necesitaron los siete votos de Junts que hicieron a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Junto con los ministros y Sánchez, una pléyade de analistas y ciudadanos cambiaron súbitamente de opinión.En estricto cumplimiento de la lógica más elemental, solo hay dos opciones: o bien el Ejecutivo y cientos de opinadores cambiaron de parecer exactamente en el mismo momento y en el mismo sentido por puro concurso del azar y la fortuna, o bien aquel cambio de opinión estuvo inspirado por la conveniencia de convertir la amnistía en un instrumento de negociación política al servicio de un proyecto político y personal concreto.Sobre la amnistía, los argumentos y las razones públicas —partidistas o expertas— seguirán compitiendo. Por fortuna. Pero ese debate solo será verdaderamente ambicioso si no renuncia a examinar, junto con el encaje legal de la norma, los motivos que la inspiraron, el trasfondo político y las implicaciones éticas del acto legislativo más controvertido de nuestra historia democrática.