María Fernanda Rojas Mantilla (Villavicencio, 52 años), ministra de Transporte de Gustavo Petro, corrige a lapicero un decreto para hacer más competitivos a los taxis, rodeada de su equipo jurídico. “Este decreto me encanta”, dice, y pasa hoja por hoja sin delegar, ni en los últimos días de su gestión. En su despacho, una foto junto al presidente —con quien trabajó hace 13 años en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá— comparte estante con figurillas de trenes, camiones y aviones, recordatorio de lo abarcante que es la cartera que ocupa desde febrero de 2025. Abogada y comunicadora social, fue concejala de Bogotá en dos periodos no consecutivos y hoy asegura que le gusta más hacer que hablar.El 7 de agosto entrega el cargo al equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que designó a Elsa Noguera como su reemplazo. La barranquillera anunció que su hoja de ruta será “destrabar las obras paralizadas y recuperar la confianza de los transportadores”. Rojas usa el mismo verbo en sentido contrario: asegura que sus visitas al territorio, documento en mano, fueron la manera de desatascar obras como Aerocafé. La cuarta persona en dirigir la cartera durante la Administración Petro recuerda que al principio firmaba resoluciones de tarifas diferenciadas de peajes con apenas horas de aviso, algo que dice haber corregido. Tampoco comparte la visión que tiene la derecha del sector: “Ella [Noguera] no conoce el modelo de concesiones”, dice, antes de sentarse a hablar con EL PAÍS sobre el balance de su gestión.Pregunta. ¿Cómo está Colombia en materia de transporte? ¿Qué balance le entrega al próximo gobierno?Respuesta. Con muy buenos indicadores. En pasajeros aéreos, por el crecimiento del turismo, tenemos el mayor aumento de la historia. En carga, hoy se movilizan cerca de 176 millones de toneladas, el registro más alto de la historia. Y dejamos como paradigma el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, una Asociación Público-Privada donde la inversión de 3,4 billones de pesos es pública —asegurada con vigencias futuras— y la opera un privado.P. ¿Qué más queda en materia ferroviaria?R. Hace 60 o 70 años acabaron los trenes en Colombia y hoy los hemos recuperado. La Dorada-Chiriguaná pasó de movilizar 12.000 toneladas en 2021 a 1,15 millones en 2025. Dejamos 12 proyectos ferroviarios activos en distintos niveles: en ejecución, como ese corredor; en repotenciación, como Bogotá-Belencito; en factibilidad, como Villavicencio-Puerto Gaitán y el Corredor Interoceánico; y los RegioTram, como el de Zipaquirá, ya con el 82% de financiación. En el tren de cercanías del Valle del Cauca hubo temas técnico-financieros sin resolver por parte de los entes territoriales, pero están los otros dos proyectos férreos más importantes del país: Buenaventura-Palmira y Yumbo-Caimalito. Yo no autorizo financieramente a un ente territorial, pero sí soy responsable de que mi equipo diga, técnicamente, si el proyecto está maduro.P. ¿Y en carga terrestre?R. En estos 18 meses hicimos una revolución en todas las reglas del transporte terrestre, a raíz del paro camionero, con cambios en el SICETAC, el sistema que determina los fletes; menores barreras para crear empresas pequeñas; en las condiciones laborales y de fatiga; en la modernización del transporte liviano. Aprovecho para contar que estoy enviando a la Presidencia un decreto que libera a los taxistas de varias barreras como la planilla de viaje ocasional o el paz y salvo para cambiar de empresa afiliadora, y sacamos el primer programa nacional para ayudarles a pagar carro eléctrico y el sistema de recarga. En patinetas urbanas, reglamentamos la Ley 2486 exigiendo casco y separando la circulación por velocidad, dejando a las alcaldías ajustar la norma a sus necesidades. También pensamos en distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, que la población con discapacidad tenga exención de pico y placa a nivel nacional, y para reconocer el papel del cuidador. Y dejamos reglamentado el manejo de atropellamiento de fauna, con guías técnicas del Invías para crear pasos de fauna en las vías. En regulación de transporte, siento que avanzamos al menos 20 años.P. Algo que quedó pendiente es el futuro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el que subsidia la gasolina y el diésel cuando hay precios internacionales altos…R. Creo que el Ministerio de Transporte debería tener presencia permanente en esas decisiones, que son fiscales y las toman otras carteras: los reclamos nos llegan a nosotros y no a Hacienda o Minas. Pero la solución de fondo es la transición energética: tenemos 4,4 billones de pesos para cofinanciar buses eléctricos en los 16 sistemas de transporte masivo y otros proyectos para subsidiar conversiones. El Estado debe enviar señales a los actores de su compromiso con la movilidad eléctrica. P. Pensando en sostenibilidad, hay un problema de salud pública. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dice que las muertes por siniestros viales estuvieron, en 2025, un 15% por encima del promedio de los últimos cinco años. Seis de cada diez son motociclistas. ¿Qué ha pasado?R. Cuando hablamos de vidas, la meta siempre debería ser cero muertes. Pero la realidad es que en Colombia se duplicó el parque de motocicletas: hoy circulan entre 13 y 14 millones en un país con 52 millones de habitantes. Los efectos más graves están en jóvenes entre 25 y 35 años, y en mujeres acompañantes, las llamadas parrilleras. Hemos hecho campañas y gestionado cascos con todos los elementos de seguridad, pero enfrentamos un cambio cultural que no se puede forzar a las patadas. Hay que trabajar desde la base, con pistas de entrenamiento para aprender a montar moto. Si tuviera más tiempo, implementaría un programa de capacitación de capacitadores, con motociclistas de todo el país, para que sean ellos quienes hagan la pedagogía en sus ciudades.P. Hablemos de infraestructura. Acaban de entregar la concesión Popayán-El Estanquillo, pese a que la oposición dice que a este Gobierno no le gustan las concesiones. ¿Cuál es la realidad?R. Que hablan mucha carreta y no se ciñen a los datos. Es el proyecto carretero más grande en la historia de Colombia, con casi 9 billones de pesos de inversión. Y construimos un modelo distinto: el 97% depende de vigencias futuras ya aseguradas, solo el 3% del recaudo de peajes existentes. Y es que no se trata de llenar el territorio de peajes. Se trata de hacer concesiones cuyo equilibrio financiero no se base en llenar un territorio de peajes y asfixiar la economía local, como pasaba en el Eje Cafetero; de hacer unas que no dejen la carne del lado del privado y el sacrificio del lado público. P. ¿Y las alertas por los montos en litigio en tribunales de arbitramento?R. A propósito, la ministra designada dijo que hay 18 billones de pesos en juego: corrijo, son 14 billones. En todo caso, vienen del impacto del covid en los recaudos esperados y estructuraciones deficientes pasadas, que hace 15 o 20 años salieron muy crudas, sin estar suficientemente maduras, y después estallaron los litigios. Además, en ellas cualquier disputa, por pequeña que sea, debe ir a esos tribunales, que no me parecen el mecanismo más idóneo para resolver esos conflictos. Aprovecho para señalar una fake news: este gobierno no canceló contratos de concesión; lo que ocurre en algunos casos es que un tribunal ordena la terminación anticipada. P. ¿Cómo van los aeropuertos de Barranquilla y Cali?R. Barranquilla es un desastre heredado de la concesión que tuvieron allá las familias Gerlein, con Karen Abudinen como gerente: entregaron sistemas eléctricos destruidos, sin mantenimiento por años. Nosotros, con un contrato de apenas 10 meses, hicimos lo que esa concesión no hizo en 10 años. En Cali-Palmira hay una propuesta de iniciativa privada, curiosamente de los mismos operadores de la concesión anterior. Si se va a concesionar, hay que exigir que lo público también gane.P. ¿Y las vías para la paz?R. En los primeros Consejos de Ministros a los que fui como ministra, el presidente Petro preguntaba qué había pasado con la vía al mar de López de Micay, con el Catatumbo, con la ruta del arroz. Encontré que casi no habían avanzado. Me tocó gestionar en Hacienda los recursos para estructurar 22 proyectos viales priorizados en todo el país; hoy tenemos el 80% ya adjudicado. También vamos a dejar 94 muelles en marcha y 14 pistas aéreas mejoradas.P. Para cerrar, ¿qué le gustaría que el país evaluara en un año?R. Voy a dejar un tablero de control con los indicadores que muestran cómo el sector transporte ha sido protagonista de las buenas cifras generales de la economía: el bajo desempleo, el buen comportamiento de la moneda, el aumento del salario mínimo, la caída de la pobreza. En un año espero ver que seguimos mejorando. Con el presidente solo tengo gratitud, porque esta ha sido una escuela técnica: entendí que la gestión está más en el territorio que sentado en una oficina.