Noticia Exclusivo suscriptores Mientras el Eln, fortalecido en los últimos cuatro años, insiste en un canje, familiares buscan que el nuevo gobierno priorice suerte de los cautivos.Los secuestrados que quedaron a su suerte en medio de la ‘paz total’ Foto: Natalia PeláezSUBEDITOR DE JUSTICA19.07.2026 00:23 Actualizado: 19.07.2026 00:23 19.07.2026 00:23 Actualizado: 19.07.2026 00:23

Mientras la fallida política de ‘paz total’ entra en su recta final sin ningún acuerdo con los grupos con los que se intentó negociar y, sobre todo, sin ningún beneficio para las comunidades azotadas por los violentos, el país no está viendo una realidad que trasciende las cifras: la de decenas de familias que siguen esperando el regreso de sus secuestrados, algunos de ellos en un cautiverio de años.Esas tragedias, que según las familias nunca fueron prioridad para los funcionarios del gobierno Petro, serán una de las ‘herencias’ que recibirá la administración del presidente electo, Abelardo De la Espriella.La escalada violenta que no cesa en el país sigue teniendo en el secuestro una de sus más graves manifestaciones. Esta semana, dos soldados fueron asesinados en la operación de rescate de 45 civiles que cayeron en poder del Eln en un retén ilegal en una vía del Chocó.Ese crimen forma parte de las acciones con las que esa organización criminal, que en el último cuatrienio consolidó presencia en 184 municipios de 17 departamentos y que tiene 6.877 delincuentes, está ‘despidiendo’ al gobierno saliente, el mismo con el que estuvo sentado a la mesa de la ‘paz total’ por más de dos años.Los ‘elenos’ también atacaron en Betoyes, Arauca. Integrantes del frente de Guerra Oriental lanzaron ‘tatucos’ –una rampa de lanzamiento de explosivos de fabricación artesanal utilizado para atacar instalaciones militares y policiales a distancia–. La acción terrorista dejó dos patrulleros y una mujer muertos, además de ocho policías y un soldado profesional heridos. Apenas unos días después, en esa misma población, tropas del Grupo Marte Antiexplosivos de la Décima Octava Brigada neutralizaron una volqueta cargada con cilindros bomba que había sido abandonada frente a la Institución Educativa Indígena Guahíbo Betoy.El vehículo fue dejado allí después del atentado contra la estación de Policía y puso en riesgo a decenas de estudiantes, docentes y habitantes del sector.Ejército frustró secuestro masivo en la vía Panamericana en Rosas Cauca Foto:Tercera División del EjércitoPara autoridades y analistas de seguridad, la intensificación de estas acciones criminales tiene directa relación con el momento de transición política. La ofensiva coincide con el cierre del actual Gobierno y con el fracaso de su estrategia de paz. Con el Eln, la negociación terminó sin ningún resultado a pesar de que el presidente Gustavo Petro había prometido hacer la paz con esa guerrilla en apenas tres meses. Por el contrario, esa guerrilla provocó, en enero del año pasado, el mayor desplazamiento forzado en un solo evento en la historia del país. En el Catatumbo, el balance de la crisis humanitaria fue de más de 60.000 desplazados, 25.000 confinados forzados y al menos un centenar de asesinatos.Secuestro, disparadoEntre enero y mayo de este año, según cifras del Ministerio de Defensa, se contabilizaron 156 víctimas de secuestro en 92 casos. De ellas, 51 fueron rescatadas, 74 recuperaron la libertad y 12 permanecen en cautiverio. Entre estas últimas están dos agentes del CTI de la Fiscalía, a quienes el Eln, en un mal llamado “juicio revolucionario”, condenó a cinco años más de plagio. Aunque frente al mismo periodo de 2025 se registra una reducción de 41 víctimas y 29 casos, las cifras siguen evidenciando un claro retroceso en esta materia.El comportamiento histórico refleja un cambio marcado a partir de 2023. Después de varios años de reducción sostenida, el país pasó de registrar 160 secuestros en 2021; 223 en 2022 y 338 en 2023. Aunque en 2024 hubo una leve disminución hasta 317 casos, el 2025 cerró con 701 secuestros, la cifra más alta de la última década y más del doble de los reportes del año inmediatamente anterior.Los expertos aseguran que el problema es mayor porque las ‘pescas milagrosas’ están disparadas en varias ciudades y una de las condiciones impuestas a las familias es que no haya denuncia. Los grupos de delincuencia común –muchas veces en medio de ajustes de cuentas– y los ‘elenos’ aparecen como los principales responsables de los secuestros en el país.En paralelo, la guerrilla mantiene un discurso en el que insiste en la posibilidad de un pretendido ‘intercambio humanitario’, especialmente en los casos de integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado que permanecen cautivos.Ese panorama llevó a la organización ‘Las Voces del Secuestro’ Universal a enviar una carta a De La Espriella para solicitar una reunión con las familias de los uniformados y funcionarios que están secuestrados.Familias de soldados secuestrados en Cauca cuestionaron la falta de gestión para su liberación. Foto:ParticularDesde el viernes comenzaron a llegar a Bogotá familiares procedentes de Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Cesar, Caquetá y otras regiones del país. Además de participar en la Conmemoración de los Héroes de la Patria y sus Familias, entregarán un Expediente Humanitario que reúne cada uno de los casos documentados.“La solicitud tiene un carácter exclusivamente humanitario e institucional. No busca intervenir en decisiones operativas. Nuestro propósito es que las familias puedan ser escuchadas directamente por usted, presentar cada caso y conocer la ruta que su gobierno proyecta para proteger la vida de los cautivos y avanzar en su libertad”, señala la comunicación dirigida al mandatario electo. En otro de sus apartes agrega: “Escuchar a estas familias será un mensaje de esperanza para quienes llevan meses esperando el regreso de sus seres queridos. Nos adaptaremos al horario y lugar que su despacho considere conveniente”.Rostros de víctimasDetrás de ese crimen hay historias que comenzaron en distintos puntos del país, pero que hoy comparten un mismo denominador: la incertidumbre de sus familias. Entre ellas está la de los ocho civiles que siguen en poder del Eln en López de Micay; la de las dos menores de edad secuestradas en Chocó; y la del soldado Víctor Hugo Yepes García, retenido por integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de alias Iván Mordisco, durante combates registrados el 14 de noviembre en Balboa (Cauca). En ese mismo departamento también permanece secuestrado el soldado profesional Juan David Buitrón Caicedo, de 21 años, quien fue raptado en septiembre de 2025 en la vereda Guadalito.La lista continúa con el soldado profesional Yeison Javier García Rodríguez, oriundo de Lorica, y con Brayan Stiven Ruiz Toro, ambos cautivos desde el 24 de agosto de 2025 durante hechos atribuidos a las disidencias de ‘Mordisco’ en una zona rural de Nariño. También figura el patrullero cartagenero Harold Luis Ricardo Martínez, secuestrado en Cauca el 31 de octubre, otro de los casos que permanecen sin una solución pese a las gestiones adelantadas por distintas entidades.Habían salido temprano hacia el parqueadero de la entidad con la intención de regresar ese mismo día, pero fueron retenidos por integrantes del frente de Guerra Oriental del Eln y trasladados, según informes de inteligencia, a campamentos ubicados en territorio venezolano.Familiares de agentes secuestrados por el ELN. Foto:Fernando Ariza / EL TIEMPO.El Eln decidió convertir ese caso en una nueva presión sobre el gobierno. El frente de Guerra Oriental difundió recientemente un video de 16 minutos, grabado el pasado 10 de julio, con pruebas de supervivencia de ambos funcionarios. En la grabación reiteró su disposición a realizar un intercambio humanitario y aseguró que no ha recibido respuesta oficial para avanzar en esa posibilidad. Incluso anunció un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos servidores públicos, una figura rechazada por organismos nacionales y internacionales.La respuesta institucional llegó desde la Defensoría del Pueblo. Su titular, Iris Marín Ortiz, rechazó cualquier intento de condicionar la libertad de los secuestrados. “El secuestro está completamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. La libertad debería haber sido inmediata e incondicionada”, afirmó. La funcionaria también reiteró el llamado al Eln para liberar de forma inmediata a los funcionarios de la Fiscalía y a todas las personas que permanecen retenidas en Arauca.La Defensoría también dirigió un mensaje al gobierno nacional sobre el acompañamiento a los familiares. “Hemos solicitado al gobierno una atención directa a las familias. Las familias se han sentido solas: han acudido a nosotros y hemos escuchado su clamor, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del gobierno nacional”, sostuvo Marín Ortiz, al insistir en la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a conseguir la libertad de los cautivos y brindar apoyo permanente a quienes siguen esperando.Jesús Antonio Blanquicet y Natalia Peláez - Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.