Es 22 de febrero de 2024 en València. La vivienda número 86 de un edificio de 14 plantas en el barrio residencial de Campanar está vacía. Su morador está trabajando fuera de la ciudad. Según el sumario judicial, una chispa en la trasera de la nevera ha podido saltar y generar un incendio fortuito que avanza silencioso hasta llegar a la terraza de ese piso de alquiler.
El toldo se prende y desencadena el mayor incendio conocido en un edificio de apartamentos en España por culpa de una fachada construida con material inflamable, con el trágico antecedente de la torre Grenfell de Londres, donde murieron 72 personas en 2017. El mismo informe policial del sumario que habla de accidente fortuito admite que pudo haber otro origen, como un cortocircuito, y que “no se puede ser categórico a la hora de descartar el origen eléctrico de este suceso, por no encontrar todo el cableado”. Pueden ser varias cosas, pero lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 tiene claro es que nadie ha tenido la culpa ni del incendio, ni de la construcción con material inflamable ni de los errores que se produjeron en el salvamento.
A la media hora de detectarse el fuego, azuzado por vientos inusuales de 60 km/h y por los 20 grados que hace en pleno invierno, las llamas le dan la vuelta al edificio como una culebra mortal y entra en todas y cada una de las 138 viviendas (menos un par de ellas, que quedan milagrosamente intactas), arrasando todo a su paso. Entre lo calcinado, la vida de 10 personas que, en lugar de escapar como hacen decenas de vecinos alertados por el portero, Julián, o por la intuición, han hecho caso a los bomberos, que siguen el protocolo habitual de confinar hasta la extinción.
