EntrevistaPara el exfiscal Francisco Barbosa, el reto del próximo gobierno es recuperar la institucionalidad y la seguridad, reformando la JEP y la Fiscalía.Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación. Foto: Nestor Gomez/ EL TIEMPOPERIODISTA JUDICIAL18.07.2026 22:29 Actualizado: 18.07.2026 22:29
A pocos días del inicio del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, el exfiscal general Francisco Barbosa analiza los principales retos que enfrentará la justicia en el nuevo cuatrienio. En diálogo con EL TIEMPO, habla sobre la relación que debería existir entre la Fiscalía y la Casa de Nariño, el futuro de la paz total y de la JEP, la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo y las reformas que, a su juicio, deben implementarse para destrabar el sistema.Tras duras tensiones entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía, ¿cómo avizora esta relación en el Gobierno entrante?El nuevo Gobierno y la Fiscalía tienen que dar aplicación al artículo 113 de la Constitución, es decir, garantizar la separación de poderes y una colaboración armónica. Desafortunadamente, si esa colaboración armónica no existe, los resultados en materia de seguridad, especialmente en seguridad urbana y rural, no serán los que espera el país. Es necesario que el Gobierno, a través del Ejército, la Policía, las Fuerzas Militares y entidades como la Dian, la Polfa y la Uiaf, trabaje de la mano con la Fiscalía para producir resultados, no solamente en el centro del país, sino también en los territorios. Creo que esa es la función principal que deben plantearse tanto el nuevo Gobierno como la administración actual de la entidad.Si el nuevo Gobierno, como lo promete, pone fin a la ‘paz total’ y cesan las suspensiones de órdenes de captura, ¿cómo debería actuar la Fiscalía frente a esos procesos y cuál tendría que ser su margen de autonomía?La Fiscalía General de la Nación tiene un fundamento constitucional: investigar los hechos constitutivos de delitos. Esa es su función. La función de la Fiscalía no consiste simplemente en suspender órdenes de captura por solicitud de los presidentes. Creo que va a haber mayor libertad por parte de la Fiscalía y de la fiscal general para actuar conforme a sus competencias, en la medida en que no va a tener un presidente de la República solicitando la salida de bandidos de la cárcel y generando un caos en la política de seguridad y de paz del país.Una de las propuestas del nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino, fue eliminar las audiencias de imputación. ¿Cómo ve esa iniciativa?Creo que es una buena propuesta. Hace parte de las reformas que debería tener la justicia porque hoy existe un sistema tremendamente engorroso, con una repetición innecesaria de audiencias dentro del sistema acusatorio. Pero yo añadiría algo más: es muy importante que también haya una reforma para que no todos los casos lleguen a juicio. Hay que buscar una mayor flexibilización en la aplicación del principio de oportunidad y de las prenegociaciones para evitar el colapso en la etapa que corresponde a los jueces. Eso ayudaría a destrabar o desembotellar muchos de los problemas judiciales que hoy tiene Colombia.¿Qué tan viable es jurídicamente acabar o, en su defecto, revisar y modificar la JEP?El sistema de la JEP sí debe ser revisado en algunos aspectos. No debe ser suprimido, porque existe una norma constitucional que lo ampara y protege, y esa norma ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Pero no veo ningún problema en hacer algunos retoques a la Ley Estatutaria. Hay aspectos que podrían discutirse, como el régimen de permisos y salidas al exterior de los comparecientes, las sanciones efectivas que deben imponerse en las sentencias, las reglas de monitoreo del cumplimiento de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador, y la coordinación con la justicia ordinaria en materias no cubiertas por la competencia de la JEP. También podría revisarse su temporalidad, porque no puede convertirse en un tribunal permanente. Es un tribunal de excepción que, en un momento determinado, debe cumplir sus funciones. Si el presidente considera que debe reformarse la JEP, no veo ningún problema constitucional ni legal para que eso ocurra dentro del sistema jurídico colombiano.Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación. Foto:SERGIO ACERO YATE / CEET¿No cree que ese es un debate superado?Yo diría que sí está superado el debate sobre la supresión de la JEP. Está demostrado que es un sistema que existe y que debe respetarse constitucionalmente. Pero si hay que hacer ajustes, hay que hacerlos. El país debe ser consciente de que, por ejemplo, en materia de sanciones, no se han cumplido los estándares. No puede ser posible que no se hayan devuelto los bienes del narcotráfico a las víctimas, que no se hayan hecho reparaciones efectivas o que las sanciones reparadoras tengan problemas en su aplicación. Seguimos discutiendo aspectos de coordinación con la justicia ordinaria que no tienen claridad. Los procedimientos internos de la JEP tampoco son ágiles, y eso ha generado enormes demoras en la expedición de sus sentencias. Tampoco creo que el país deba renunciar a los espejos retrovisores. Es decir, no puede pasarse por alto que tuvimos un Gobierno de cuatro años que intentó por todos los medios acabar con la institucionalidad y que muchas entidades no pudieron ser examinadas a profundidad.¿Considera que, como lo anunció el presidente electo, son prescindibles las Consejerías de Paz, de Derechos Humanos o de implementación del Acuerdo?Hay consejerías que son fundamentales. Hay otras que, por supuesto, tendrán que evaluarse, pero algunas cumplen un papel muy importante. La Consejería para la Implementación del Acuerdo, que funcionó durante el gobierno del presidente Duque, dio resultados. A través de ella se ejecutaron más de 50 billones de pesos destinados al Acuerdo de Paz. Posteriormente, Gustavo Petro acabó esa instancia, tanto en términos de ejecución como de acompañamiento a los procesos existentes. Creo que tanto la Consejería para la Implementación del Acuerdo como la Consejería de Derechos Humanos ayudaban a mantener discusiones en los territorios que permitían sacar adelante distintos procesos. Puede haber otras consejerías que se han venido multiplicando y que podrían ser suprimidas. Pero esas dos, la de implementación del Acuerdo que surgió en 2017 y la de Derechos Humanos, son históricas, llevan más de 40 años existiendo en distintos gobiernos y considero que han tenido una aplicación práctica importante para el país.La mayor prueba será que el nuevo gobierno logre construir un diálogo adecuado".¿Cómo evalúa la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo?La fiscal ha cumplido con su función constitucional. Le ha correspondido ejercer el cargo en medio de muchas dificultades, entre ellas haber sido ternada por una persona tan cuestionada como Gustavo Petro. Pero, más allá de eso, considero que ha tratado de cumplir con su mandato. Ahora viene un nuevo reto para la Fiscalía. Ser fiscal bajo una nueva administración implica desafíos distintos. Es muy difícil ejercer ese cargo cuando un presidente le está enviando resoluciones para sacar bandidos de la cárcel, cuando la función de la Fiscalía es investigar los delitos y sustentar ante los jueces la ejecución de una política criminal adecuada para el país. Comienza una segunda etapa en esta administración de la Fiscalía y todos los colombianos esperamos que funcione adecuadamente y que a la fiscal le vaya bien en el remate de su gestión.¿Cuáles casos requieren una respuesta más contundente y deberían ser priorizados?Lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es una vergüenza para Colombia. También será importante priorizar las denuncias que presente el Gobierno entrante después de la auditoría. En ese sentido, creo que el presidente De la Espriella tiene razón cuando habla de elaborar un libro blanco. Ese libro blanco debe tener un correlato no solamente en denuncias, sino también en resultados judiciales por parte de la Fiscalía. Ahí estará el gran reto de esta segunda etapa de la administración de la doctora Camargo: darles respuestas a los colombianos sobre la corrupción virulenta que, a mi juicio, se presentó durante el gobierno de Gustavo Petro.Ha pasado más de un año desde la implementación de la justicia premial, ¿ se necesita una nueva reforma?La reforma que se hizo fue muy puntual y no constituyó una transformación integral de la administración de justicia. Hablábamos hace un momento de la propuesta del ministro de Justicia entrante de eliminar las audiencias de imputación. Yo considero que debe presentarse una reforma más amplia que abarque tres frentes. El primero, una reforma al procedimiento penal. El segundo, una reforma que aborde el problema de la reincidencia, que hoy es un asunto muy importante desde la perspectiva de la seguridad urbana. Y el tercero, una reforma penitenciaria que enfrente de manera estructural la crisis carcelaria del país. Esos tres enfoques deberían discutirse de manera conjunta. Además, sugeriría convocar una comisión de estudio integrada por exmagistrados y personas que conozcan profundamente el sistema judicial para que elaboren una propuesta técnica que pueda ser discutida por el Gobierno. No creo que este sea un tema para resolver con afán. Lo importante es construir una reforma que permita solucionar problemas estructurales que vienen afectando la justicia colombiana desde hace más de treinta años.La función de la Fiscalía no consiste simplemente en suspender órdenes de captura por solicitud de los presidentes¿Cuál cree que será la mayor prueba institucional que enfrentará Colombia en el próximo cuatrienio?Creo que la mayor prueba será que el nuevo Gobierno logre construir un diálogo adecuado con todas las ramas del poder público y recupere la institucionalidad colombiana. La Constitución Política fue afectada de manera importante durante el gobierno de Gustavo Petro, y tanto la dignidad presidencial como la dignidad de las instituciones quedaron seriamente mancilladas. El reto es volver a poner esa dignidad presidencial y a las instituciones en una posición relevante frente a la ciudadanía. Eso será importante porque ayudará a evitar estallidos delincuenciales que pretendan golpear el sistema institucional colombiano o llevar al país a enfrentamientos en las calles, como ocurrió en 2021. Ese es el primer gran reto. El segundo es recuperar la seguridad. Hoy tenemos un problema muy grave en esa materia y el Gobierno necesariamente tendrá que emplearse a fondo para recuperar los territorios que hoy están en manos de organizaciones delincuenciales. Eso es consecuencia, a mi juicio, de una fallida política de paz total que terminó convirtiéndose en impunidad total en buena parte del territorio nacional.Francisco Barbosa. Foto:Mauricio Moreno / CEET¿Qué opina de la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente?Es innecesaria. La gran ganadora de estos cuatro años ha sido la Constitución de 1991, que permitió, a través de los jueces, del Congreso y de los organismos independientes, defender la democracia. Por eso, no tiene sentido modificar aquello que ha demostrado que funciona.Los ruidos alrededor de ese tema parecen haberse disipado. ¿Cree que la Constitución ya está a salvo o existe el riesgo de que en el futuro resurja un nuevo intento por reformarla de manera profunda?Yo creo que siempre debemos estar alertas. Es necesario desarrollarla y hacer las reformas legales que el país requiere, pero no tocar la estructura de la Constitución Política.¿Usted se siente tranquilo frente al país que se vislumbra con el nuevo Gobierno?Me siento tranquilo y, sobre todo, tengo esperanza en que Colombia pueda superar las dificultades y las pruebas que enfrentó durante los últimos cuatro años. Creo que hoy los colombianos pueden tener confianza en que es posible recuperar la institucionalidad, fortalecer la seguridad y avanzar hacia un mejor país. Ese debe ser el propósito común: reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones y demostrar que Colombia tiene la capacidad de salir adelante respetando la Constitución y el Estado de derecho.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
