NoticiaEl organismo de control pidió acelerar la reglamentación y ejecución de la nueva ley que endurece las penas por reclutamiento de menores.Reclutamiento forzado de menores aumentó un 60% en 2024. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.PERIODISTA JUDICIAL18.07.2026 11:17 Actualizado: 18.07.2026 11:28
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno entrante para que priorice la implementación de la recién sancionada Ley 2590 de 2026, que endurece las penas por el reclutamiento ilícito y el uso de niñas, niños y adolescentes y crea nuevos mecanismos para prevenir este flagelo, que se ha disparado en los últimos años.La entidad celebró la expedición de la norma y la calificó como un "avance significativo para la protección de la infancia" expuesta al conflicto armado y otras formas de violencia. Y advirtió que su verdadero impacto dependerá de la rapidez con la que el Estado logre reglamentarla, financiarla e implementarla, tarea que recaerá en la próxima administración.Uno de los cambios que introduce la ley es que, cuando la Defensoría identifique escenarios de riesgo de reclutamiento de menores, los programas que integran la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna) deberán priorizar obligatoriamente esos territorios para activar medidas de protección.a Defensoría reportó que durante 2025 se documentaron 386 casos de reclutamiento de menores. Foto:Ejército NacionalEn ese contexto, la Defensoría planteó seis tareas que considera urgentes para que la ley no quede solo en el papel. La primera es la elaboración de un documento Conpes y la actualización de la política pública de prevención del reclutamiento, con metas verificables, indicadores, fuentes de financiación y responsabilidades claras para las entidades encargadas de ejecutarla.También pidió poner en marcha el Equipo Nacional de Acción Inmediata, un mecanismo que busca coordinar respuestas rápidas cuando existan riesgos para niñas, niños y adolescentes, así como crear el Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores, que recopilará información de distintas entidades para medir la magnitud del problema, unificar las cifras y orientar las decisiones de política pública con base en datos más precisos.Otro de los puntos de la norma apunta a los entornos digitales. La Defensoría solicitó que, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la ley, se adopte un protocolo para prevenir y bloquear contenidos asociados al reclutamiento de menores en redes sociales y plataformas digitales, ante el creciente uso de estos espacios por parte de grupos armados y organizaciones criminales para captar víctimas.La entidad también reclamó la puesta en marcha de una estrategia nacional de prevención que involucre a familias, comunidades, colegios e instituciones, así como un plan para fortalecer la infraestructura educativa, la planta docente y la identificación de escuelas en los municipios con mayor riesgo de reclutamiento. Esta última tarea quedó en cabeza del Ministerio de Educación.Finalmente, la Defensoría insistió en que la prevención no puede limitarse a reaccionar cuando ya se produjo la vulneración de derechos. Señaló que la protección efectiva exige una mayor presencia del Estado en los territorios, mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes, fortalecimiento de la educación y respuestas oportunas frente a las alertas de reclutamiento. Además, anunció que continuará monitoreando los riesgos mediante el sistema de Alertas Tempranas y haciendo seguimiento al cumplimiento de la nueva ley."Adolescentes reclutados rescatados en Nariño. Foto:ParticularSara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
