Esta semana España ha vivido un pequeño terremoto que muchos no han percibido aún, pero cuyas réplicas llegarán a miles de personas en este país, y a millones fuera. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha decidido no incluir en la financiación pública los medicamentos lecanemab y donanemab. Dicho así no parece gran cosa, pero resulta que estos dos compuestos son los primeros en años que han conseguido retratasar el avance del alzhéimer, la principal causa de demencia a escala mundial, que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo. Si los pacientes quieren estos fármacos, tendrán que ir a la sanidad privada y pagar su precio, de unos 40.000 euros. Esto plantea importantes dilemas éticos para los neurólogos, que saben que existen fármacos que podrían retrasar unos seis meses la llegada del alzhéimer a pacientes con síntomas tempranos de la enfermedad, pero no podrán ofrecérselos dentro de la sanidad pública.La historia de estos dos fármacos ha sido tortuosa. Por un lado, parte de la comunidad científica los recibió con alborozo, pues hasta ahora no había ningún medicamento capaz de modificar el curso del alzhéimer, una enfermedad sin causa clara, y sin cura. Gracias a los nuevos tests de sangre que detectan moléculas asociadas con el alzhéimer, se atisba un futuro en el que se puedan hacer diagnósticos tempranos y aplicar estos y otros futuros fármacos para retrasar la llegada de la demencia meses, o incluso años. Por ahora es un objetivo aspiracional, eso sí, contra una enfermedad que plantea una amenaza existencial para las sociedades actuales, cada vez más envejecidas, y que además genera un sufrimiento igual o mayor a los familiares y cuidadores de los enfermos. El lecanemab y el donanemab plantean beneficios modestos: una reducción de la velocidad a la que avanza el alzhéimer de entre un 27% y un 35%. Este efecto puede ser imperceptible para muchos pacientes. Los fármacos, además, pueden causar en algunos casos serios efectos secundarios, como hemorragias cerebrales, e incluso la muerte. A pesar de esto, para muchos neurólogos y pacientes, esos seis meses de retraso en la enfermedad pueden ser un regalo único por el que vale la pena correr el riesgo.La decisión de la Comisión Ministerial ejemplifica una realidad dura, pero evidente: los expertos tienen que hacer siempre un análisis del coste-beneficio de un nuevo fármaco teniendo en cuenta sus beneficios para los pacientes, pero también si es asumible para las arcas públicas. Y estos dos fármacos requieren hoy por hoy pruebas médicas que, según muchos expertos, serían inasumibles para el sistema público de salud. Estos fármacos solo funcionan en los casos más precoces, que representan solo el 5% de todos los pacientes, según la Sociedad Española de Neurología. A pesar de esto, este organismo ha expresado su “profundo pesar” por esta decisión, pues abre la puerta a un mundo en que los pacientes con dinero para un seguro privado podrán acceder a un tratamiento vetado a los usuarios de la pública.Hay que ir con mucho cuidado, porque aquí juegan también los enormes intereses comerciales de las farmacéuticas que han desarrollado estos anticuerpos, que ven esfumarse una importante vía de ingresos a través de la sanidad pública, y que no han dudado en salir de su tradicional hermetismo para arremeter contra la decisión ministerial. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido por su parte la profesionalidad con la que se ha tomado esta decisión de acuerdo a “criterios técnicos y científicos” por parte de órganos colegiados. Todo esto nos lleva a algunos de los secretos mejor guardados del sector, como los precios que cada país paga por los fármacos, o los conflictos de interés que tienen muchos científicos y médicos, al recibir pagos de las farmacéuticas que los han desarrollado. Unos pagos que en muchas ocasiones no son claramente desvelados. Es muy probable que esta batalla farmacológica se politice para arrear al Gobierno, y que en ella se use de munición a los pacientes. Probablemente la decisión de la comisión no sea el último capítulo de la saga, sino el comienzo de una guerra por los nuevos fármacos del alzhéimer.