El 17 y 18 de julio de 1936, un sector de las Fuerzas Armadas españolas se sublevó contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Lo que se concibió como un rápido pronunciamiento militar para restaurar el orden derivó en una cruenta guerra civil de casi tres años que dejó una huella imborrable en la historia europea. Noventa años después, este trágico episodio continúa interpelándonos. No solo por la magnitud de la tragedia humana, sino porque recuerda hasta qué punto la polarización política y la erosión de la legitimidad institucional pueden desembocar en la destrucción del orden constitucional. La guerra fue el desenlace de una acumulación de tensiones estructurales. La España de comienzos del siglo XX experimentaba un proceso desigual de modernización económica y social. La proclamación de la República en 1931 abrió la posibilidad de canalizar democráticamente demandas postergadas mediante un ambicioso programa reformista. Sin embargo, las reformas en materia agraria, laicidad, educación y reorganización militar concitaron fuertes resistencias entre los sectores conservadores, la jerarquía eclesiástica y los grandes propietarios. A diferencia de lo ocurrido en Italia y Alemania, donde las élites pactaron con movimientos fascistas, en España esa salida institucional resultó inviable debido a la extrema fragmentación del sistema de partidos. En ese vacío, el Ejército retomó su histórica tradición intervencionista. La posterior alternancia política y la insurrección de octubre de 1934 profundizaron la desconfianza mutua. Tras la ajustada victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, la primavera se sumió en una intensa conflictividad social y violencia callejera. El asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio fue la justificación inmediata para acelerar un golpe militar cuidadosamente preparado bajo la dirección del general Emilio Mola y al que terminó sumándose el general Francisco Franco.
A 90 años de la Guerra Civil Española
El 17 y 18 de julio de 1936, un sector de las Fuerzas Armadas españolas se sublevó contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Lo que se concibió como un rápido pronunciamiento militar para restaurar el orden derivó en una cruenta guerra civil de casi tres años que dejó una huella imborrable en la historia europea. Noventa años después, este trágico episodio continúa interpelándonos. No solo por la magnitud de la tragedia humana, sino porque recuerda hasta qué punto la polarización política y la erosión de la legitimidad institucional pueden desembocar en la destrucción del orden constitucional. La guerra fue el desenlace de una acumulación de tensiones estructurales. La España de comienzos del siglo XX experimentaba un proceso desigual de modernización económica y social. La proclamación de la República en 1931 abrió la posibilidad de canalizar democráticamente demandas postergadas mediante un ambicioso programa reformista. Sin embargo, las reformas en materia agraria, laicidad, educación y reorganización militar concitaron fuertes resistencias entre los sectores conservadores, la jerarquía eclesiástica y los grandes propietarios. A diferencia de lo ocurrido en Italia y Alemania, donde las élites pactaron con movimientos fascistas, en España esa salida institucional resultó inviable debido a la extrema fragmentación del sistema de partidos. En ese vacío, el Ejército retomó su histórica tradición intervencionista. La posterior alternancia política y la insurrección de octubre de 1934 profundizaron la desconfianza mutua. Tras la ajustada victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, la primavera se sumió en una intensa conflictividad social y violencia callejera. El asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio fue la justificación inmediata para acelerar un golpe militar cuidadosamente preparado bajo la dirección del general Emilio Mola y al que terminó sumándose el general Francisco Franco.
