En los últimos cuatro años y medio de guerra en Ucrania, el lanzamiento constante de misiles y drones explosivos contra ciudades y posiciones ucranianas ha permitido a los investigadores de este país realizar un minucioso estudio de los restos de estos artefactos. La acumulación de evidencias ha permitido a las autoridades ucranianas extraer varias conclusiones, algunas más sorprendentes que otras. Entre las obvias, la existencia de una red de contrabando que permite a la industria militar rusa obtener componentes clave en el extranjero evadiendo las sanciones. Y quizá, más inesperado: uno de los principales nódulos de esta red se encuentra nada menos que en Japón. Según ha revelado esta semana el diario The New York Times, citando fuentes de inteligencia occidentales y documentos de varios gobiernos, los servicios especiales rusos han establecido una operación con sede en Tokio para adquirir elementos tecnológicos de última generación y enviarlos de forma encubierta a Rusia. Algunos de sus operativos son parte de las docenas de espías rusos expulsados de Europa, donde operaban bajo identidad diplomática, al principio de la guerra de Ucrania. La red está dirigida por un miembro del GRU (la inteligencia militar rusa) de 49 años llamado Maksim Vladimirovich Filchenkov, que llegó a la capital japonesa en febrero de 2024, supuestamente como empleado de la aerolínea rusa Aeroflot, que los servicios secretos de Moscú llevan utilizando como cobertura para algunos de sus espías desde la época soviética. El medio independiente ruso The Insider, que a lo largo de los años ha publicado importantes exclusivas sobre los servicios de inteligencia rusos —como las identidades de los operativos que envenenaron al exespía Sergei Skripal en Reino Unido con Novichok—, ha confirmado que Filchenkov es, en efecto, un oficial del GRU. Utilizando las mismas bases de datos que en investigaciones previas —compradas en la 'dark web' por uno de sus reporteros—, han podido determinar que Filchenkov residió en la calle Marshala Biryuzova, 4, de Moscú, una residencia de estudiantes de la Academia Diplomática Militar del GRU. Su dirección personal es la misma que la de Anatoli Chepiga, uno de los miembros de la Unidad 29155 del GRU que atentó contra Skripal y voló un arsenal en Vrbetice, en la República Checa. Y según los registros de aparcamiento de su vehículo personal, suele pasar por el cuartel general del servicio de inteligencia en la autopista Khoroshevskoye. TE PUEDE INTERESAR Filchenkov, según la información disponible, ya había sido destinado a Japón con anterioridad. Inmediatamente después de su llegada, empezó a establecer relaciones con empresas de logística con líneas operativas entre la nación asiática y la propia Rusia, a menudo a través de un tercer país, como Sri Lanka o Uzbekistán. Estas firmas, que han sellado una alianza comercial con Aeroflot, envían la paquetería hasta estos países, desde donde la empresa rusa se encarga de hacerla llegar a su destino final en Rusia. En esos envíos, por lo general de productos no sancionados, los espías rusos colocan los componentes tecnológicos sometidos a restricciones, a menudo utilizando documentación falsa. El Directorio 20 Otra de las revelaciones del artículo del New York Times es la existencia de una unidad secreta dentro del GRU, el llamado Directorio 20, dedicada a adquirir innovaciones militares restringidas y llevarlas a Rusia. Sus miembros, haciéndose pasar por empresarios u hombres de negocios, identifican la forma de hacerse con los elementos que demanda su industria militar y la ponen en práctica, comprando esta tecnología o, si es necesario, robándola. En mayo, otra gran red rusa dedicada a imponer componentes de doble uso a través de Turquía fue desmantelada en Alemania, e investigaciones periodísticas han revelado la existencia de otro canal semejante operado desde Polonia vía Bielorrusia. En 2023, el diario The Financial Times reportó las actividades de la llamada "red Serniya", que importaba tecnologías sensibles desde varios países de la UE como Alemania y Finlandia, si bien esta era manejada por la Dirección de Inteligencia Científica y Tecnológica del FSB, el servicio secreto interior ruso. TE PUEDE INTERESAR El éxito de la operación en Tokio hasta la fecha ha sido monumental: según estimaciones ucranianas, el 90% de los drones y misiles rusos lanzados sobre su país contienen partes fabricadas por algunas de las mayores empresas de Japón, como Panasonic, Toshiba, Nippon Electric Corporation y otras. Este país es el principal exportador del mundo de las tecnologías de doble uso que Rusia necesita, aunque no hay evidencias de que estas firmas hayan actuado de mala fe en su venta a clientes. Por ejemplo, el mayor comprador de estos componentes es Vietnam, que es a su vez el principal exportador de alta tecnología a Rusia. Ucrania ha tratado repetidamente de movilizar a las autoridades japonesas en contra de estas actividades. Tan solo en 2025 envió más de una docena de cartas diplomáticas al Ministerio de Exteriores japonés advirtiéndole de esta situación. "Espero que tomen esta información en cuenta al considerar mayores restricciones contra Rusia o reforzar los controles de las exportaciones sobre la transferencia de tecnología y bienes sensibles a terceros países", dice una de esas cartas, revisada por The New York Times. Manos atadas Japón, de hecho, ha apoyado de manera significativa a Ucrania en la guerra, imponiendo sanciones contra Rusia y enviando equipos de protección militar al ejército del país, así como aportando fondos para sostener la administración ucraniana. Sin embargo, sus recursos para luchar contra las actividades de los espías rusos son limitados. Esto se debe, en parte, a las limitaciones impuestas en sus instituciones de seguridad por la administración estadounidense ocupante tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. "Durante la Guerra Fría, la inteligencia soviética se enfocó en las tecnologías japonesas y la información industrial y comercial, así como en las bases estadounidenses en Japón", explica Sanshiro Hosaka, experto del Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Estonia, en declaraciones a Al Jazeera. Según Hosaka, algunos antiguos oficiales de inteligencia rusos que operaron en Japón, como Stanislav Levchenko y Konstantin Preobrazhensky, describen el país como un paraíso para los espías. Japón ni siquiera cuenta con un servicio propio de espionaje exterior, y en gran medida las actividades de contrainteligencia las lleva a cabo la Policía Nacional. Tampoco existe una legislación adecuada para el desafío que presentan servicios extranjeros como los de Rusia o China. No hay, por ejemplo, ningún mecanismo que obligue a las diferentes instituciones a cargo de recopilar información, como los Ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, a compartirla o a colaborar entre ellas. Esto ha llevado a episodios como el ocurrido el pasado enero, en el que la policía japonesa descubrió a un espía ruso que se hacía pasar por ucraniano para adquirir información comercial secreta de un empleado local. Al no existir ninguna ley sobre espionaje, las autoridades japonesas trataron de procesar a este operativo por violación de las leyes sobre competencia, pero para cuando se presentaron los cargos, hacía mucho que el ruso ya había abandonado el país. Reforma de la inteligencia Ante esta situación, el nuevo gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi ha emprendido una profunda reforma de los servicios de inteligencia del país. En mayo, el Parlamento japonés aprobó la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia que centralice la recopilación y el análisis de toda la información hasta ahora recolectada por diferentes instituciones como el Ejército, la Policía o el Ministerio de Asuntos Exteriores. También se acordó el establecimiento del llamado Consejo Nacional de Inteligencia, que supervisará dicha información y servirá de intermediario entre los servicios de seguridad y el estamento político. Japón, según Hosaka, necesita "una ley de transparencia sobre influencia extranjera que aumente la transparencia de las actividades de lobby de actores extranjeros y que ejerza de disuasión ante la interferencia extranjera ilegal". Y una ley antiespionaje para llevar a cabo operaciones encubiertas e investigaciones bajo identidades falsas", algo que ahora la legislación japonesa restringe. Las bases legales para indagar en las actividades de posibles agentes extranjeros o interceptar sus comunicaciones son muy endebles. Una motivación adicional que impulsa esta reforma es la participación de Japón en el desarrollo de un caza de sexta generación con el Reino Unido e Italia, un proyecto denominado Programa de Combate Aéreo Global, cuyo coste está estimado en unos 5.400 millones de euros. La creación de instituciones fuertes capaces de proteger los secretos de este programa es vista en Tokio como una necesidad ante sus socios. TE PUEDE INTERESAR En una segunda fase, prevista para 2027, Japón pretende poner en marcha una nueva "ley antiespionaje" que mejore sus capacidades de contrainteligencia. También creará una agencia de inteligencia exterior, la primera desde la derrota del Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial, para llevar a cabo actividades de inteligencia y espionaje en el extranjero. En este esfuerzo, según otro artículo de The New York Times, cuenta con la asistencia de otros países occidentales como EEUU, Australia o Alemania, que le están proporcionando asesoramiento sobre ciberdefensa, contraespionaje industrial o supervisión de la inversión extranjera para prevenir operaciones maliciosas. "Como un socio importante de Estados Unidos en Asia y una economía avanzada tecnológicamente, Japón sigue siendo un importante objetivo de inteligencia para China, Rusia, Corea del Norte y otros", indica Hosaka en el mencionado artículo de Al Jazeera. Por ello, sus aliados buscan impulsar su resiliencia ante estas acciones, para que el hasta ahora eslabón débil de la cadena de las grandes democracias deje de serlo de una vez por todas.
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